Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

“REDD pretende trasladar la responsabilidad de la crisis climática de las sociedades industrializadas a las comunidades de los bosques”

SchmidlehnerEntrevista a Michael Schmidlehner, Amazonlink. 

Por Chris Lang, 27 de agosto de 2015

Entrevista a Michael Schmidlehner, fundador de Amazonlink. La entrevista fue realizada en agosto de 2015 por correo electrónico.

REDD-Monitor: ¿Podría describir su trabajo y su función en la organización amazonlink.org?

Michael Schmidlehner: Fui cofundador de la organización en 2001 y desde entonces la presido. El objetivo era apoyar y fortalecer a las comunidades de los bosques de la Amazonia a través del acceso a la información y el comercio justo. Establecí contacto con una tienda mundial  en Alemania para la venta de artesanías indígenas.

En 2003, cuando nuestros socios alemanes se interesaron ​​en la comercialización de dulces de cupuaçu (Theobroma grandiflorum – una fruta amazónica endémica), nos enfrentamos al hecho de que una compañía japonesa había registrado el nombre de la fruta como su marca comercial. Comprendimos que se trataba de un grave caso de biopiratería y lo denunciamos a través de la página web y la prensa. Junto con otras organizaciones iniciamos un proceso en la Oficina de Patentes de Japón y en 2005 la marca fue cancelada.

En Brasil, el caso Cupuaçu dirigió la atención pública a la cuestión de los derechos sobre los recursos genéticos y la protección de los conocimientos tradicionales.

En ese tiempo Marina Silva era Ministra de Medio Ambiente. A ella le preocupaba la aplicación de los principios establecidos por la Convención de la Diversidad Biológica (CDB), y en este contexto ejecutamos el proyecto “Aldeias Vigilantes” (aldeas vigilantes) en Acre, financiado por el gobierno brasileño. El proyecto tenía como objetivo empoderar a las comunidades indígenas brindándoles información sobre sus derechos con respecto a la protección de sus conocimientos tradicionales.

Después de Aldeias Vigilantes, Amazonlink.org no ejecutó más proyectos. En 2011, Amazonlink.org firmó la Carta de Acre, una declaración en la que rechazamos, junto con otros treinta grupos de la sociedad civil, la política del capitalismo verde en Acre. Nuestra firma de este documento marcó una línea divisoria con el gobierno de Acre y con otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con el gobierno, y provocó la retracción de una parte de nuestros asociados. Desde entonces, un pequeño grupo de los miembros originales y yo seguimos haciendo campaña por la justicia climática y los derechos de los pueblos de los bosques, principalmente en cooperación con CIMI (Consejo Indigenista Misionero).

REDD-Monitor: ¿Cuál es su posición sobre REDD? ¿Podría describir su opinión sobre la aplicación de un mecanismo REDD en Brasil e internacionalmente?

Michael Schmidlehner: En gran medida mi posición sobre REDD se deriva de mi experiencia con Aldeias Vigilantes. Por un lado nos enfrentamos a la realidad de las comunidades de Acre que dependen del bosque. Por otro lado, debimos tener en cuenta las políticas y discursos promovidos por las grandes ONG, empresas, gobiernos, agencias de desarrollo y las Naciones Unidas. Pude ver qué irreal y engañosa es la idea de “distribución justa y equitativa de los beneficios” – tal como la concibe la CDB.

La idea de que una comunidad que depende del bosque podría beneficiarse a largo plazo de un proyecto de bioprospección es tan utópica como lo sería con un proyecto REDD. Estos proyectos no surgen de las demandas de una comunidad sino que se les imponen de manera verticalista. Se basan en la idea de la comercialización y financiarización de los recursos biológicos, que no sólo no es compatible con la relación que mantienen estas comunidades con la naturaleza, sino que en realidad la socavan.

En el contexto internacional, REDD tiene como objetivo trasladar la responsabilidad de la crisis climática de las sociedades industrializadas a las comunidades del bosque, del Norte al Sur. REDD (así como los pagos por los llamados servicios ambientales) en realidad reproduce las relaciones de poder coloniales. Se presenta como si fuera una solución a la crisis, pero lo que REDD busca es enmascarar el verdadero problema (que es básicamente la quema de combustibles fósiles), así como impedir que las sociedades reconozcan la urgencia de dicho problema y la necesidad de abordar sus causas fundamentales (la producción y el consumo excesivos de las sociedades ricas).

Brasil tiene una posición especial en las negociaciones de la CDB y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Ambas convenciones fueron creadas en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 y siempre hubo expectativa de que la vasta diversidad biológica del país podría impulsar su desarrollo, y que de alguna manera Brasil podría liderar una transición mundial hacia la sostenibilidad y la equidad de los recursos. Sin embargo, el curso de los acontecimientos dentro del país va en la dirección opuesta.

En Brasil, la implementación de REDD demostró ser parte de un proceso continuo a gran escala para quitarles a los pequeños agricultores y comunidades tradicionales el control sobre los recursos naturales y concentrarlo en manos de las oligarquías locales y las empresas multinacionales. Este proceso se erige sobre viejas estructuras de poder que se derivan de la época colonial, se reforzaron durante el período de la dictadura y paradójicamente se reiteraron bajo el actual gobierno del Partido de los Trabajadores.

Una serie de nuevas reglamentaciones jurídicas a nivel estatal y nacional, tales como el Sistema Estatal de Incentivos a los Servicios Ambientales – SISA (ley 2.308 del estado de Acre a partir de 2010), el Nuevo Código Forestal (Ley N 12.651 de 2012), la nueva Ley de Biodiversidad (Ley 13.123 de 2015) y la PEC 215 (enmienda constitucional), crearon un nuevo marco legislativo que acelera este proceso de concentración.

Para la élite financiera brasileña, REDD ofrece una oportunidad más de acumulación de capital. Grandes superficies de bosque con una tenencia de la tierra incierta – ahora elegibles para proyectos REDD – corren actualmente el peligro de caer dentro del proceso de acaparamiento de tierras. REDD desempodera a las comunidades que dependen de los bosques y se está convirtiendo en un negocio rentable para los grandes terratenientes, especuladores y ONG intermediarias.

REDD-Monitor: A pesar de que en la CMNUCC todavía no hay una decisión sobre si REDD será o no un mecanismo del comercio de carbono, varias organizaciones internacionales y ONGs promueven una versión de REDD vinculado al comercio de carbono (por ejemplo, el Banco Mundial, el programa ONU-REDD, Nature Conservancy, Environmental Defense Fund, Conservation International y WWF). ¿Cuál es su posición sobre REDD como mecanismo del comercio de carbono?

Michael Schmidlehner: El supuesto básico de estas organizaciones, ya planteado por el estudio TEEB (La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad) es que los humanos no son capaces de preservar los recursos naturales en tanto éstos no tengan asociado un valor monetario. Además de ser una concepción derrotista de la humanidad (como meramente impulsada por la codicia e imposible de cambiar), el argumento se basa en el funesto mito de que los mercados se autorregulan.

En el plano de las finanzas mundiales, la historia nos muestra que los mercados sin restricciones tienden a producir situaciones distorsionadas e inestables. De la misma manera que la especulación con préstamos inmobiliarios en Estados Unidos provocó el desastre financiero de 2008, el comercio de carbono, los servicios ambientales y sus derivados probablemente causen una burbuja financiera.

En la vida real, más y más proyectos REDD demuestran ser ineficaces, socialmente injustos y en muchos casos fraudulentos.

Es importante entender que esas ineficiencias no son algo que pueda ser arreglado con medidas adicionales, como las llamadas salvaguardas socioambientales. En realidad se derivan principalmente de una contradicción fundamental que es intrínseca a los proyectos ambientales financiados por el mercado. Por un lado, se basan en datos fácilmente maleables, supuestos hipotéticos y conjeturas. Por otro lado, están impulsadas ​​por una clara intención de lucro.

Permítame dar un ejemplo. Los proyectos Purus, Valparaiso y Russas en Acre, son proyectos REDD+ privados, promovidos por la empresa estadounidense CarbonCO LLC. El proyecto Purus fue certificado por VCS (Verified Carbon Standard) y por CCBS (Climate, Community and Biodiversity Standard), en este caso incluso distinguido con el “Gold Distinction“. Ya se emitieron y vendieron certificados de carbono a eventos tales como la Copa Mundial 2014 de fútbol en Río de Janeiro, supuestamente contribuyendo a la neutralidad de carbono del evento.

En 2013, la Plataforma DHESCA (Derechos Humanos Econ , Sociales, Culturales y Ambientales) Brasil inició una misión en las tres áreas del proyecto. La misión reveló graves violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades residentes (ver el informe aquí ).

Algunos de los residentes dijeron que los promotores del proyecto habían ofrecido un incentivo “secreto” para deforestar: “Entonces nos dijo que deberíamos desmontar mucho este año. El que plantó dos acres [de yuca] debería plantar cuatro, pero que no debemos decírselo a nadie, y que el próximo año todo estaría prohibido (…)”.

Que el promotor de un proyecto de conservación de bosques promueva la deforestación parece, a primera vista, paradójico, pero esto se explica fácilmente por el principio de la “adicionalidad” que generalmente subyace a todos los proyectos de tipo REDD: la prueba de que se evitaron emisiones sólo es posible comparando el escenario “positivo” del proyecto con un hipotético escenario “negativo” que habría tenido lugar en esta zona de no haber existido el proyecto. En este escenario “negativo” se habrían producido más emisiones. Al mostrar la diferencia entre los dos escenarios – la llamada adicionalidad del proyecto -, los promotores del proyecto pretenden demostrar que el proyecto realmente evitó las emisiones.

Ya se trate de la adicionalidad, la contabilidad de carbono, el consentimiento de la comunidad: los datos del proyecto siempre son susceptibles de ser sesgados, manipulados o falsificados en los proyectos REDD financiados por el mercado. La arquitectura excesivamente compleja de los proyectos REDD vuelve imposible tener un criterio participativo y un control efectivo. En un contexto comercial, esta oscuridad facilita las artimañas y las prácticas fraudulentas.

REDD-Monitor: Obviamente REDD forma parte de tendencias recientes, mucho más amplias, como el capitalismo verde y la financiarización de la naturaleza. En este contexto, ¿cree que sería posible tener una versión exitosa de REDD que no implique comercio de carbono?

Michael Schmidlehner: Si REDD estuviera financiado a través de un fondo (y no de la venta de los certificados del proyecto), probablemente el mal sería menos grave. Los proyectos serían independientes de los inestables mercados de carbono y se evitaría la injerencia directa de las empresas en las comunidades que dependen del bosque.

Al mismo tiempo, en la medida que los pagos dependan de los resultados (pagos de acuerdo a la cantidad de emisiones de CO2 reducidas), un REDD que no se base en el mercado igualmente tendrá graves impactos en las comunidades que dependen de los bosques. Este criterio basado en los resultados obliga a las comunidades indígenas a alterar su forma tradicional de interacción con el bosque (en realidad, la forma en que conservan los bosques desde tiempo inmemorial) y adecuarse a las normas establecidas por la actual ciencia occidental del clima.

Todavía no se ha definido si la CMNUCC se decidirá a adoptar un mecanismo de mercado para la financiación de REDD o no. Habrá muchas otras cosas relativas a REDD que deberán resolverse antes de instituir un nuevo régimen climático (como se espera lo haga la COP 21 en diciembre de este año). Por ejemplo: ¿Qué escala se necesitará para la financiación? ¿se basará en el proyecto, a escala subnacional o nacional?

Cualquiera sea el caso, REDD no puede contribuir eficazmente a resolver la crisis climática. Es necesario recordar que sólo el 11% de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano provienen de la deforestación, mientras que aproximadamente el 65% proviene de la quema de combustibles fósiles y de las industrias.

Sobretodo debemos tener en cuenta que REDD no aborda las verdaderas causas de la deforestación. Los principales impulsores en Brasil son la ganadería a gran escala, las plantaciones de monocultivos como la soja, la caña de azúcar o el aceite de palma, así como el madereo industrial. Por lo general son las oligarquías locales y las empresas multinacionales quienes realizan estas actividades.

En países como Brasil, esos grupos tienen una fuerte influencia en el gobierno. Ya sea que esté regulado por el mercado o por los gobiernos, REDD siempre terminará pasándoles a ellos el control de las zonas de bosque. Reducir la deforestación es en última instancia un tema político y no tanto un asunto técnico. REDD – cada vez más promovido como una solución para los bosques y el clima – oculta este hecho.

REDD-Monitor: REDD ha hecho que la atención se dirigiera a los bosques de Acre. Organizaciones como WWF, UICN, la Universidad Federal de Acre, IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia), Woods Hole Research Center, EMBRAPA, GTZ (la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, ahora rebautizada GIZ) y KfW (el banco de desarrollo del gobierno de Alemania) trabajan en aspectos de REDD en Acre. ¿Acaso toda esta atención – y financiación – no es algo bueno?

Michael Schmidlehner: Estas organizaciones presentan a Acre como una vitrina para la economía verde. Internamente, quien se favorece con esto en Acre es un pequeño grupo de personas, mientras que en general se fomenta el autoritarismo estatal y la censura. El pequeño grupo de personas que se benefician de la financiación son empleados del gobierno, consultores de ONGs vinculadas al gobierno y determinados líderes de sindicatos de trabajadores rurales y organizaciones indígenas. La gran mayoría de los pueblos del bosque no se beneficia de la financiación internacional. Estos pueblos, privados de muchos de sus derechos básicos, viven en situación de precariedad e inseguridad y la verdad de su situación es ocultada sistemáticamente – lo que la empeora.

Hacia afuera se da una falsa imagen de Acre. EDF, así como GIZ y WWF, pretenden presentar la economía verde de Acre como si se basara en una demanda de los pueblos del bosque y como si estuviera en consonancia con la histórica lucha política de estos pueblos.

Después de recibir en 2008 el “Premio Florestania” del Gobierno de Acre, Steve Schwarzmann, de EDF, escribió: “De hecho, es en parte debido al legado de Chico [Mendes] que los negociadores internacionales de la convención de las Naciones Unidas sobre el clima dedicaron gran parte de la primera mitad de diciembre en Poznan, Polonia, a debatir si los países con bosques tropicales y los pueblos de los bosques que reducen la deforestación podrían ser compensados a través de un nuevo acuerdo climático que entraría en vigor en 2013, y en caso afirmativo, cómo podrían ser compensados”.

Un artículo sobre el programa de financiamiento de KFW en Acre,  REDD Early Movers (REM), – después de informarnos que el coordinador de programas recibió el “Premio Chico Mendes” del Gobierno de Acre – afirma que “al gobierno federal alemán le gustaría en el futuro ampliar el exitoso programa REM a Ecuador, Colombia y países asiáticos. Algo que también Chico Mendes hubiera aprobado”. ¡Nada más lejos de la verdad! Chico Mendes fue un socialista declarado. Pero al describirlo como el santo patrono del capitalismo verde y distorsionar la historia del movimiento de los pueblos de los bosques, la falsa solución REDD se propaga fuera de Brasil y en el ámbito de la ONU.

En 2012, en la conferencia de Río+20, un grupo de activistas de Acre, entre los que estaba yo, puso en marcha el “Dossier Acre”. En este documento argumentamos que las políticas de economía verde en Acre, en lugar de representar un ejemplo exitoso, demuestran justamente el fracaso de este modelo, que demuestra ser destructivo para el medio ambiente y socialmente excluyente. (El expediente puede leerse en portugués aquí)

Hasta ahora, el gobierno estatal y sus patrocinadores de REDD, como KFW, han ignorado sistemáticamente nuestras críticas a la política de economía verde del Estado, presentadas en el Dossier Acre y en varias otras publicaciones.

Ahora, un creciente número de personas en Alemania también cuestionan la financiación de REM en Acre. Hace poco se presentó una solicitud de información al Bundestag (parlamento) alemán. Esperamos que esta investigación pueda dar lugar a un debate más amplio en la sociedad civil alemana, y conduzca a un replanteo de los objetivos de financiación de Alemania en Acre.

Hay una necesidad imperiosa de apoyar los derechos de los pueblos indígenas en este Estado. Los fondos alemanes podrían ser mucho más eficaces si se aplicaran a resolver las verdaderas necesidades de los pueblos de los bosques, como la demarcación de las tierras indígenas y llevar servicios de salud y educación a las comunidades abandonadas.

REDD-Monitor: Quienes impulsan REDD a menudo afirman que REDD es una forma de asegurar que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, en particular los derechos territoriales. ¿Cuál es su experiencia de REDD y los derechos de los pueblos indígenas en Acre?

Michael Schmidlehner: REDD amenaza tanto al derecho de los pueblos indígenas a las tierras que han ocupado tradicionalmente, como el derecho al uso soberano de los recursos de la tierra. En 2012, el presidente de la Federación del Pueblo Huni Kui de Acre (FEPHAC), Ninawá Huni Kui, denunció: “En Acre, la demarcación de los territorios indígenas está paralizado porque quieren tomar nuestra tierra para lucrar con los servicios ambientales, a través de programas tales como REDD”.

De hecho, todav  hay 21 territorios indígenas en Acre que falta demarcar. Todos los procesos de demarcación están paralizados desde 1999. Con frecuencia estos territorios son invadidos por personas no indígenas y están bajo la presión constante de grandes terratenientes y empresas. REDD, en la medida que es una oportunidad de inversión lucrativa para esas partes interesadas, aumenta esta presión.

Dentro de los territorios, las restricciones ambientales son una amenaza a la seguridad alimentaria de las comunidades. Un miembro de una de las comunidades fue entrevistado por el relator de la Misión DHESCA y declaró: “Hemos sufrido durante tantos años. Este año estamos peor porque no podemos plantar nuestros cultivos. ¿Los propietarios pueden y nosotros no podemos? Hay 24 familias aquí. ¿Cómo vamos a sobrevivir?”

REDD-Monitor: Al mismo tiempo que REDD se aplica en Acre, el Congreso de Brasil está considerando la posibilidad de un cambio constitucional (la PEC 215) que transferiría el poder para demarcar las tierras de los pueblos indígenas, de la FUNAI (el departamento de asuntos indígenas de Brasil) al Congreso. ¿Cuáles son las implicancias de la PEC 215 para los derechos indígenas y para el futuro de REDD en Acre?

Michael Schmidlehner: En la actualidad, casi todos los procesos de demarcación están paralizados en Brasil porque el gobierno retrasa el trabajo de la FUNAI no aprobando los recursos necesarios para ello. La PEC 215 es agresivamente promovida por la llamada bancada ruralista, que detenta una posición de poder sin precedentes en el Congreso brasileño y en muchos aspectos domina el gobierno federal. Si se aprueba la PEC 215, probablemente en el futuro no se demarque ni un solo territorio indígena.

Una vez más, hay grandes intereses en torno a las tierras indígenas: mineros, petroleros (en Acre, posiblemente incluso fracking), ganaderos, de los monocultivos, de la construcción de carreteras y líneas férreas (que en Acre probablemente cruzan territorios de pueblos indígenas no contactados).

Los mismos grupos de interés que promueven esas actividades, codician los bosques no destruidos (y preferentemente despoblados) que aún quedan, para llevar a cabo en ellos sus lucrativos programas de compensación. El nuevo Código Forestal, así como el SISA, habilitan esos programas.

Mientras el SISA facilita la compensación de carbono, el nuevo Código Forestal instituye las Cuotas de Reserva Ambiental  (CRA), créditos de reservas ambientales que pueden utilizarse para compensar la deforestación. El mercado de CRAs ofrece sinergias con el mercado de carbono, lo que permite múltiples posibilidades de compensación. Una sola superficie de bosque en Acre puede ser utilizada ahora para compensar doblemente: para compensar emisiones (SISA) y para compensar la deforestación (nuevo Código Forestal).

A través tanto de la PEC 215 como de REDD, las empresas multinacionales, en alianza con las oligarquías locales, procuran adquirir derechos sobre los territorios indígenas, ya sea desalojando  pueblos indígenas o privándolos de sus derechos dentro de sus territorios.

REDD-Monitor: Un importante derecho de los pueblos indígenas es el principio del consentimiento libre, previo e informado. ¿Podría describir su experiencia con el proceso CLPI en la implantación de REDD en Acre, en especial la consulta pública contemplada por la Ley Estatal 2.308, que en 2010 creó el Sistema Estatal de Incentivos a los Servicios Ambientales (SISA)?

Michael Schmidlehner: La ley que instituyó el SISA fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Acre en apenas dos días, con “carácter de urgencia”. Fue sancionada el 22 de octubre de 2010, al caer la tarde, después que un representante de Forest Trends hiciera una presentación en power point.

La “urgencia” quedó explicada cuando sólo cuatro días después, el 2 , el Gobierno de Acre recibió 66,7 millones de reales (aproximadamente 40 millones de dólares en ese momento) para el proyecto Valorización del Activo Ambiental Forestal de Acre, del fondo Fundo Amazonia (dinero del gobierno noruego, de KfW y de la empresa petrolera brasileña Petrobras, administrado por el Banco de Desarrollo de Brasil BNDES). Todavía hay muy poca transparencia sobre la aplicación de esos fondos.

La verdadera fuerza motriz de REDD en Acre es el dinero que se inyecta al estado con el fin de crear una “vitrina” para las políticas de economía verde. Aún así, el gobierno alega que el SISA es el resultado de amplias consultas con las partes interesadas. Al mismo tiempo, afirma que se consultó sólo a 174 personas: 85 técnicos de organizaciones no gubernamentales (probablemente los mencionados en la pregunta 5); 50 trabajadores extractivos (como recolectores de caucho o recolectores de nueces); 30 indígenas; y 9 representantes de organizaciones de productores. Dado que Acre tiene una población de casi 800.000 personas, esto no resulta nada representativo.

Desde 2010 se han organizado numerosas reuniones y talleres de información sobre REDD y SISA. No sabemos qué ocurrió realmente en esos eventos (las actas de las reuniones no están publicadas). Sin embargo, es claro que generaron grandes expectativas de ingresos entre la población indígena.

En uno de los talleres, Almir Surui, del pueblo Paiter-Surui, fue invitado a hablar sobre un proyecto que promueve la REDD en el vecino estado de Rondonia (RO). Un periodista gubernamental informó del taller con estas palabras: “La presentación de Almir Surui Narayamoga, jefe del pueblo Paiter, el último día del Taller de Información sobre el Sistema de Incentivos a los Servicios Ambientales (SISA), puso fin a las dudas de los líderes indígenas de Acre e infundió esperanza a todos – indios y no indios: la protección de los bosques y de la biodiversidad vale millones de dólares”.

Al mismo tiempo, obviamente, después del evento persistieron numerosas dudas, tal como lo  expresó uno de los participantes: “Aún no está claro qué se va a vender, cómo se va a vender, quién hará un seguimiento, quién negociará, de qué trata esta venta en realidad, cómo se hará”.

La falta de claridad del excesivamente complejo mecanismo REDD, sumada a las expectativas de grandes cantidades de dinero, crea profundas divisiones entre los pueblos indígenas. Los impulsores de REDD ocultan sistemáticamente este tipo de problemas y sacan de la nada lo que llaman un Consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

El ejemplo perfecto de esta distorsión es el proyecto antes mencionado Surui, cuya aplicación se basaba en un CLPI promovido por Forest Trends, que causó problemas graves y profundizó conflictos entre este pueblo, como se informó. Durante años, el proyecto fue presentado como un buen ejemplo para los pueblos indígenas de Acre y hoy, aquí, están ocurriendo las mismas divisiones y distorsiones.

A esta altura también debemos cuestionar la viabilidad general de un CLPI en ese contexto. ¿Qué tan libre puede ser el consentimiento de una comunidad si no tiene satisfechas sus necesidades básicas, y sus derechos fundamentales corren peligro? ¿Hasta qué punto puede ser considerado previo? ¿Previo a qué? Antes de la propuesta del proyecto REDD, por lo general hubo numerosas intervenciones del gobierno y de ONGs comerciales en las comunidades, como los programas de manejo del bosque o los mapas etnográficos, o la capacitación de indígenas como agentes agroforestales, sesgando a las comunidades hacia este tipo de proyectos. Y sobre todo, ¿qué significa “informado”? ¿Cuánta información y qué tipo de información se considera necesaria para que una comunidad decida sobre un proyecto REDD? ¿Quién podría brindar información imparcial? ¿Cuáles son los impactos de un proceso de información de ese tipo, en el equilibrio social y cultural de una comunidad indígena?

REDD-Monitor: En los cinco años posteriores a 2003, la deforestación en Acre cayó un 70%. Esto fue en parte resultado de los precios de las materias primas agrícolas, pero también fue el resultado de una serie de políticas, la supervisión del gobierno y el cumplimiento de la ley. Esto sucedió antes de REDD. Ahora la tasa de deforestación está aumentando (la superficie deforestada en 2014 fue la mayor desde 2006). ¿Considera que REDD apoya potencialmente las medidas anteriores para reducir la deforestación, o en realidad socava los logros anteriores?

Michael Schmidlehner: En primer lugar, la tasa de deforestación – basada en datos satelitales – sólo tiene en cuenta la cantidad de superficie talada. La vasta extracción de madera a través del llamado manejo del bosque para la obtención de madera, ya provocó la degradación de los bosques de Acre antes de 2003. Hasta ahora se desconoce el alcance de esta deforestación oculta.

El aumento de la tasa de deforestación en la Amazonia brasileña sin duda tiene que ver con el aumento del dólar y de las exportaciones de carne y soja. Al mismo tiempo, debe entenderse en relación con el nuevo Código Forestal de 2012. Esta ley concede generosas amnistías a los delitos de deforestación. Los propietarios rurales están liberados ahora de las multas relacionadas con la deforestación que tuvo lugar antes de julio de 2008. En gran parte esto se interpreta como una licencia para deforestar.

Por encima de todo, el nuevo Código Forestal marca el cambio de una política de restauración del ambiente a una política de compensación ambiental y por lo tanto crea fuertes sinergias entre proyectos agroindustriales y proyectos de tipo REDD (como se describe en la respuesta a la séptima pregunta).

La expectativa de que haya más amnistías futuras y las nuevas posibilidades de compensación son probablemente las causas principales del aumento de la deforestación desde 2013. REDD es parte de esta dinámica. Las zonas de bosque de las que surgen las Cuotas de Reserva Ambiental (CRAs) anteriormente mencionadas, también pueden utilizarse para la generación de créditos de carbono. En vez de penalizar a los propietarios de tierras causantes de la deforestación, el nuevo Código Forestal, en combinación con REDD, les crea nuevas oportunidades de negocio.

REDD-Monitor: Acre es uno de los miembros fundadores del Governors’ Climate Change and Forests Task Force GCF (Grupo de Fuerza de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques), creado en 2009 a instancias del entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. ¿Cuál es su opinión de ese grupo? ¿Ha contribuido a reducir la deforestación y apoyar los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas de Acre?

Michael Schmidlehner: El Governors’ Climate Change and Forests Task Force GCF (Grupo de Fuerza de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques) promueve REDD a nivel subnacional, donde los estados o provincias adoptan marcos jurídicos que les permiten establecer entre ellos un mercado regulado de carbono forestal.

Hay varios problemas con este enfoque. Varias cuestiones técnicas, como la medición de carbono, la adicionalidad (como se describe en la respuesta a la tercera pregunta), las fugas (el hecho de que la protección de una zona de bosque delimitada a menudo provoca un aumento de la deforestación en los alrededores) y la permanencia (el hecho de que un bosque puede ser destruido por causas imprevistas), son muy difíciles (en realidad imposibles) de resolver a escala subnacional.

A escala nacional, REDD sería técnicamente más factible. Las leyes estatales que facilitan el mercado subnacional de carbono tienden a entrar en conflicto con las constituciones de los países. En Brasil, por ejemplo, la Constitución define el entorno natural como “un bien de uso común”. La ley SISA es considerada por sus críticos como inconstitucional, por permitir la comercialización de los llamados servicios ambientales, como es el caso del almacenamiento de carbono de los bosques.

Durante las últimas dos Conferencias de las Partes pudimos percibir que el gobierno brasileño no aprueba iniciativas REDD a escala estatal, sino que quiere que las negociaciones bilaterales transcurran a escala federal. En opinión del gobierno federal, los acuerdos REDD subnacionales comprometen la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales.

La adopción de un mecanismo nacional REDD puede implicar que en el futuro el gobierno llegue a prohibir incluso los acuerdos subnacionales. Para impedir que ocurra esto, los impulsores de REDD a escala subnacional proponen el llamado enfoque “anidado” para REDD, que se supone armoniza REDD en diferentes escalas, aunque en realidad agrega diversas cuestiones técnicas a los mecanismos REDD de por sí excesivamente complejos.

Aún así, el gobierno de Acre insiste en su estrategia subnacional. Internacionalmente exhibido como un pionero de REDD, es un jugador clave entre los socios de GCF. Actualmente el gobernador de Acre es también el presidente de GCF.

El socio principal de Acre en el grupo es California. En 2010, los gobernadores de California, Chiapas y Acre firmaron un Memorando de Entendimiento que predice la compensación de las emisiones de las industrias de California a través de REDD+ en Acre y Chiapas. Aunque la mayoría de la gente en Acre no conoce ese memorándum ni sabe nada de GCF, un pequeño pero creciente número de organizaciones, líderes y activistas comunitarios se opone a estas iniciativas.

En 2013, 25 organizaciones y 40 personas en carácter individual, rechazaron en una carta abierta el acuerdo de compensación previsto con California. Los principales argumentos son que las partes que se verían afectadas por las actividades REDD+ no fueron escuchadas, que REDD+ no reducirá realmente las emisiones de carbono mundiales ni la deforestación, y que en realidad profundiza la injusticia social y ambiental.

REDD-Monitor: ¿Cuáles considera usted son las mayores amenazas a los pueblos y bosques de Acre? ¿Y cuál piensa que sería la mejor manera de abordar esas amenazas? ¿Hay algún papel que pueda jugar REDD en el abordaje de esas amenazas?

Michael Schmidlehner: La mayoría de los científicos del clima coinciden en que si el cambio climático continúa al ritmo actual, los bosques tropicales podrían dejar de existir dentro de este siglo. Si tomamos esto en serio, y si tenemos en cuenta la omisión más absoluta de los gobiernos y la ONU para sacar las conclusiones correctas, llegaremos a la conclusión de que el cambio climático es la mayor amenaza para todos nosotros y especialmente para las comunidades que dependen de los bosques, como las de Acre.

La reacción correcta a esta crisis sería suspender la quema de combustibles fósiles y cambiar los patrones de producción y consumo de las sociedades industrializadas. Estas medidas urgentes se retrasarán en la medida que se propaguen soluciones climáticas falsas como REDD, impulsadas por una pequeña élite que sólo vela por sus propios intereses particulares. Nuestra conclusión, sobre todo aquí en Acre, en que nuestro Estado es utilizado como una vitrina de REDD, debe ser la denuncia de esta solución falsa.

El cambio climático es el síntoma más tangible de una crisis mucho más grande que abarca toda nuestra organización socio-económica y la relación con la naturaleza, y esta crisis exige un cambio mundial radical. Si creemos en este cambio y si creemos que otro mundo es posible a escala mundial, entonces en primer lugar debemos oponernos a la destrucción de los pocos “otros mundos” que aún existen en el ámbito local en nuestro planeta.

En otras palabras, tenemos que respetar a los pueblos indígenas en sus diferencias culturales, frenar los intereses industriales y comerciales en incesante expansión que invaden sus territorios, y debemos apoyar la lucha política de los pueblos indígenas por sus derechos y autonomía.