El gobierno peruano eligió el simbólico día internacional del medio ambiente para lanzar una sangrienta represión contra los pueblos amazónicos. El motivo: la decidida oposición de las comunidades amazónicas al ingreso de industrias social y ambientalmente destructivas como la minería, la explotación petrolera, los monocultivos de árboles y los agrocombustibles a sus territorios.
Las comunidades amazónicas habían iniciado el 9 de abril lo que calificaron de “paro indefinido” en toda la Amazonía peruana (ver Boletín Nº 142 del WRM), como respuesta al incumplimiento del Congreso de la República de revisar una serie de decretos lesivos a los derechos de los pueblos indígenas. Se trataba de decretos emitidos por el Ejecutivo en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Al desencadenar la masacre en el Día del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García mostró claramente al mundo el poco interés que le merece la conservación ambiental y el mucho aprecio que le tiene a las grandes corporaciones que pretenden explotar –y al mismo tiempo destruir- los recursos naturales del país. Más grave aún, declaró públicamente su desprecio por la vida de los pueblos indígenas que intentan defender lo poco que les va dejando el avance de un modelo de “desarrollo” que ya ha mostrado hasta el hartazgo su carácter social y ambientalmente destructivo.
A partir de esa sangrienta represión y del estado público que el hecho tomó a nivel internacional, la Amazonía peruana se convirtió en el símbolo de un enfrentamiento entre dos concepciones sobre el presente y futuro de la humanidad que se desarrolla en el escenario mundial.
Por un lado está el mundo del interés económico, que implica la destrucción social y ambiental, la imposición por la fuerza, la violación de derechos. Ese mundo no está por supuesto representado por el presidente peruano, que es apenas un asistente transitorio y descartable de las corporaciones, como lo muestra ahora el destino sufrido por el otrora todopoderoso presidente Fujimori. Sin embargo, el papel de tales asistentes es muy importante, puesto que son quienes le otorgan los necesarios visos de “legalidad” a un proceso a todas luces violatorio de los más elementales derechos de los pueblos.
En el otro extremo se encuentra el mundo de quienes aspiran a un futuro solidario y respetuoso de la naturaleza, simbolizado en este caso por los pueblos indígenas de la Amazonía, pero que está también presente en similares luchas en todo el mundo, enfrentadas a gobiernos igualmente al servicio del interés económico de las grandes empresas. Solo por nombrar algunos, tales son los casos de la lucha actual en los países del sudeste asiático por defender al río Mekong –del que se alimentan millones de personas- de su destrucción por gigantescas represas hidroeléctricas ; la lucha de los pueblos de Africa contra la explotación petrolera y maderera; las luchas de los pueblos tribales de la India para la defensa de sus bosques contra la minería y así sucesivamente.
En este enfrentamiento, la hipocresía de quienes buscan imponer el modelo destructivo parece no tener límites. En el caso del Perú, el mismo presidente Alan García, que pretende abrir la Amazonía a la explotación, declaró hace poco más de un año que quería “impedir que esa riqueza básica que Dios nos ha dado se degrade por obra del hombre, por la incompetencia de quienes actúan sobre la tierra o quienes trabajan económicamente y para eso creamos este Ministerio del Ambiente”.
A escala global, el tema de la hipocresía gubernamental también resulta muy claro y más aún si se lo analiza desde la perspectiva climática. Los gobiernos han concordado, en un interminable proceso internacional iniciado en 1992, en que el cambio climático es la peor amenaza que enfrenta la humanidad. Han acordado también que las dos principales causas del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de combustibles fósiles y de la deforestación. Finalmente, concuerdan en que es necesario hacer algo al respecto. Luego de firmar los acuerdos correspondientes y de volar de vuelta a sus países, dedican sus mayores esfuerzos a promover la explotación petrolera y/o la deforestación.
Sin necesitar la creación de ministerios del ambiente o de participar en procesos internacionales contra el cambio climático, los pueblos están llevando a cabo numerosas acciones para defender el ambiente y el clima de las amenazas que los acechan. En casi todos los casos, tales acciones son criminalizadas o reprimidas –tanto en el Sur como en el Norte- por quienes deberían estar impulsándolas y apoyándolas: los gobiernos.
En el ahora simbólico caso de Perú, los pueblos amazónicos –con el apoyo de miles de ciudadan@s de todo el mundo- han ganado una importante batalla en este enfrentamiento entre dos mundos. Por supuesto que nadie piensa que la lucha aquí termina, pero se trata de una victoria que aporta esperanza a muchos otros pueblos que luchan por objetivos similares, así como al mundo entero, ya que del resultado del enfrentamiento entre estos dos mundos depende el destino de la humanidad.