Se han querido presentar a los agrocombustibles como la solución a la crisis climática y como alternativa “limpia” frente a los combustibles de origen fósil. Pero en realidad no son ni “verdes”, ni amigables con el medio ambiente, como quieren venderlos las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras) y las corporaciones transnacionales.
Lo que sí se genera con el estímulo a la producción de combustibles de origen agrícola es que las tierras ya no se dedicarán a producir alimentos y por tanto crearán una mayor dependencia alimentaria de los pueblos con respecto a grandes multinacionales. Vastas extensiones de tierra se ocupan con plantaciones de las que provendrán los agrocombustibles; selvas tropicales se deforestan para plantar miles de hectáreas con palma
aceitera, caña de azúcar y otros cultivos.
En Colombia, las plantaciones de palma aceitera en comunidades indígenas, campesinas y negras se han establecido como aparcerías a gran escala, en las que entregan su tierra para que se beneficien los terratenientes y empresarios. Esa aparcería se constituye en una suerte
de contrarreforma agraria, en la que se sustituye la producción campesina por monocultivos agroindustriales basados en el uso de mano de obra campesina e indígena con formas de servidumbre1. En no pocos casos, las plantaciones de palma se expanden sobre los territorios de comunidades desplazadas.
Además, se establece un modelo de “alianzas estratégicas”, entre pequeños agricultores, y grandes empresarios (que controlan toda la cadena productiva de la palma: cultivo, producción, procesamiento y comercialización2), y que ha derivado en un endeudamiento basado en el sofisma de la “economía campesina de la palma”3. En realidad lo que buscan estos empresarios es una oferta de materia prima permanente, sin tener que responsabilizarse por ningún tipo de vinculación laboral con los campesinos o pequeños agricultores, que alquilan sus tierras y que terminan muchas veces como obreros de estas plantaciones, además que son quienes corren con todos los riesgos en caso en que se presenten plagas,
enfermedades y otros problemas agronómicos. Esta ha sido una estrategia engañosa utilizada con los campesinos por parte de quienes impulsan este tipo de agronegocios, ya que crean la ilusión de que los pequeños también tienen cabida, pero lo que no dicen es que es en peores condiciones.
Los impactos señalados son sólo algunos de los que se viven en el país. A partir de ellos podemos sin embargo señalar lo siguiente:
RECHAZAMOS:
1. Iniciativas como la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (conocida por su nombre en inglés con la sigla RSPO). Que se basa en la falsa premisa de establecer criterios de sostenibilidad y otorgar un sello a plantaciones de palma, para vender el producto con garantías sociales y ambientales, busca legitimar un negocio lesivo que vulnera los derechos de las comunidades locales (indígenas, afrodescendientes y campesinas). Al tiempo que provoca serios impactos sobre los territorios y el patrimonio natural por tratarse de una estrategia de mercado que busca viabilizar la comercialización de los productos derivados de la palma, generando mayores dividendos y no soluciones a los conflictos ocasionados. De hecho, ningún proceso de certificación puede garantizar tales soluciones.
2. Las políticas gubernamentales y los proyectos de los inversionistas que están desarrollando el modelo de palma aceitera, en muchos casos acompañado con procesos de expropiación de tierras de comunidades locales de manera violenta, en varias zonas del país.
3. Los ajustes a políticas y leyes rurales de los países de la región, para aplicar principios y criterios guiados exclusivamente por una lógica de ganancia económica y de rentabilidad, lo que significa un mayor menoscabo a las soberanías nacionales y territoriales.
4. La política del gobierno que beneficia intereses privados, a través de enormes incentivos tributarios y fiscales, que favorecen de manera exclusiva a las grandes empresas, en detrimento del fomento a la economía campesina.
5. Desconocimiento de los derechos de familias campesinas sin tierra o desplazadas, y en otros casos, los derechos ancestrales de los dueños originarios del territorio y de las comunidades afrodescendientes.
6. La política de concentración del crédito, que de la mano con la concentración de la propiedad agraria promueve el desplazamiento de miles de familias campesinas y el despojo de sus medios de subsistencia.
ABOGAMOS POR
Una soberanía energética. Y Una política rural que permita que las comunidades locales permanezcan en sus territorios y se fortalezcan sus formas tradicionales de producción y soberanía alimentaria.
El reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades locales sobre sus territorios y patrimonio, así como por la reparación de las victimas del modelo agroindustrial de la palma aceitera en el país.
El cese de la expansión de las plantaciones de palma y el procesamiento de materias primas para agrocombustibles en tierras de comunidades locales, que se destinan para el abastecimiento de mercados y consumos insustentables, a costa de sacrificar nuestro patrimonio y territorios.
