Este artículo forma parte de la publicación "15 años de REDD:
Un mecanismo intrínsecamente corrupto"
Los países del Sur global fueron ‘alentados’ a crear sus propios sistemas de fijación del precio del carbono, lo que a menudo ha significado emitir leyes y reglamentaciones que afectan a los territorios de las comunidades. Este artículo describe el sistema de fijación de precios del carbono en Colombia y revela cómo las empresas mineras han estado utilizando REDD+ para evitar de manera legal el pago de impuestos, mientras afirman ser ‘neutras en carbono’. Glencore, una empresa minera multinacional que ha provocado contaminación, violencia y desalojos en Colombia, recibe una exención del impuesto al carbono debido a su inversión en un programa de compensación que implica el acaparamiento de tierras.
Situadas en el noreste de Colombia, las minas de carbón a cielo abierto más grandes del hemisferio occidental abarcan las regiones de César y La Guajira. Las minas han sido áreas de extracción y violencia por años, desde que en la década de 1980 comenzó a explotarlas la infame empresa estadounidense Exxon. En la región se lo conoce como carbón ‘manchado con sangre’ por la continua violencia histórica asociada con las empresas mineras de carbón. Grupos y comunidades en pie de lucha frente a la extracción han venido confrontando una violencia extrema con fuerzas militares y paramilitares, amenazas de muerte, criminalización e intimidación (ver PAX) El 98 por ciento del carbón se exporta, e históricamente la mayor parte ha ido a Europa.
Además de la violencia en los sitios de extracción y combustión, las propias políticas de mitigación del cambio climático crean lagunas financieras y subsidios para las industrias extractivas, como es la fijación del precio del carbono, que permite el uso de compensaciones de carbono en lugar de tratar de reducir la extracción de combustibles fósiles. Las compensaciones de carbono permiten que las industrias extractivas sigan contaminando. Por años hemos visto el fraudulento sistema que equipara las emisiones de la sobreproducción de energía de combustibles fósiles con programas de conservación. En los últimos cinco años, en el Sur global han proliferado los sistemas de fijación del precio del carbono.
Basándose en quince meses de investigación en Colombia, este artículo describe el sistema de fijación del precio del carbono en este país y demuestra cómo Glencore, una enorme empresa minera multinacional, puede reducir el pago de sus impuestos con la compra de créditos de carbono de proyectos REDD+, mientras aduce ser ‘carbono neutral’. Este artículo se centra en la subsidiaria de Glencore, Prodeco, que actúa en la región noreste de César. Sin embargo, es importante señalar que desde principios de 2021, Glencore es la única dueña de la mina Cerrejón, en el departamento de La Guajira, y sus actividades afectan gravemente a las comunidades indígenas Wayúu.
Fijación del precio del carbono
En la Cumbre de líderes sobre el clima, organizada por el Secretario General de la ONU en septiembre de 2014, setenta y cuatro países, veintitrés estados, provincias y ciudades, y más de 1000 empresas e inversores con más de 24 billones de dólares en activos, se reunieron para discutir una serie de iniciativas para ‘fijarle el precio al carbono’, debido a los bajos precios en ese momento. Esta iniciativa se hizo a pesar de la abrumadora evidencia de que los mercados de carbono no estaban logrando reducir las emisiones.
El nuevo plan para fijar el precio del carbono tenía como objetivo vincular los sistemas de comercio de emisiones, los impuestos al carbono, REDD+ y otros programas de fijación de precios. Al mismo tiempo, el objetivo era vincular la fijación de precios a escala mundial para aumentar la ‘flexibilidad’ de los mercados financieros para beneficio de las grandes industrias contaminantes y de los gobiernos industrializados más poderosos del mundo.
Se alentó a los países del Sur global a crear sus propios sistemas nacionales de fijación del precio del carbono de modo que estuvieran preparados para un sistema mundial de fijación del precio del carbono. Esto se reforzó aún más a través de los planes establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de París de las Naciones Unidas. En 2015, año en que se adoptó el Acuerdo de París en la reunión de la ONU sobre el clima, Colombia se comprometió a reducir el 20 por ciento de sus emisiones para el año 2030. Para ello, se comprometió a ampliar las áreas protegidas, reducir la deforestación, proteger los páramos, incrementar la conservación de las cuencas hidrográficas y desarrollar un programa de marcos de mitigación y adaptación al cambio climático. Desde 2015, también se aprobó en Colombia una serie de leyes para la fijación del precio del carbono.
La primera fue la Ley 1753 (2015), cuyo artículo 175 creó un Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. La ley dispone que REDD+ será regulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En 2016, el gobierno aprobó una ley de reforma fiscal general que incluía un impuesto al carbono (Ley 1819). La ley aplicó un impuesto a la combustión de gasolina, kerosene, combustible para aviones, ACPM y petróleo, pero increíblemente no al carbón. El gas natural también está sujeto a impuestos, pero solo para su uso en la industria de refinación de hidrocarburos y en la industria petroquímica, y el gas licuado del petróleo (GLP) usado en la venta a usuarios industriales. Las emisiones de estos combustibles representan alrededor del 27 por ciento de las emisiones totales del país. El impuesto se fijó inicialmente en 15.000 pesos (5,5 dólares) por tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) y está programado para aumentar anualmente hasta alcanzar alrededor de 11 dólares por tCO2e.
En 2017, el Decreto 926 incluyó una disposición sobre el ‘carbono neutral’ que permite comprar compensaciones de carbono en lugar de pagar el impuesto al carbono, a través de organismos verificadores externos. No es extraño que se introduzcan enmiendas o decretos de compensaciones después de establecido un impuesto al carbono, como sucedió en México. Varios proyectos califican para vender créditos de compensación de carbono en Colombia. Entre ellos se encuentran los proyectos REDD+. Conocidos como ‘proyectos REDD+ anidados’ (o también como ‘REDD jurisdiccional’, lo que significa que varios proyectos dentro de una misma área geográfica son agrupados), el gobierno colombiano ha permitido que se registren más de 75 proyectos REDD+ a partir de mayo de 2021, y el número aumenta rápidamente.
Los proyectos REDD+ han sido muy criticados por afectar las formas de vida y los territorios de los Pueblos Indígenas, elevar los precios de la tierra, aumentar la violencia y provocar división en las comunidades. Las organizaciones de Pueblos Indígenas y las comunidades que habitan los bosques han argumentado que REDD+ es un mecanismo colonialista que permite a las empresas apoderarse de los bosques, poniendo precio a la naturaleza. Además de esto, REDD+ no ha logrado detener las tasas de deforestación.
Colombia fue aclamado como el Campeón de la fijación del precio del carbono (IETA 2018). En 2017, Colombia, como parte de los Países de la Alianza del Pacífico (Chile, México, Colombia y Perú), firmó la Declaración de Cali para reafirmar el Acuerdo de París y fortalecer los mercados voluntarios de la región. Ese mismo año Colombia se unió a la Coalición de Liderazgo para la Fijación del Precio del Carbono (CPLC, por su sigla en inglés) con el cometido de vincular a los países desarrollados y en desarrollo en los mercados de fijación del precio del carbono. Colombia se unió a la Cumbre One Planet, celebrada en París, junto con Canadá, Chile, México, Costa Rica, y siete estados de los Estados Unidos y Canadá para lanzar el marco de cooperación para la fijación del precio del carbono en las Américas y construir una plataforma comercial para vincular los mercados de carbono de todo el hemisferio.
Si las empresas cumplen con las disposiciones relativas a las compensaciones, estas pueden reclamar la ‘neutralidad’ en materia de emisiones de carbono, y evitar todo tipo de impuestos. Estas compensaciones de carbono deben de haberse generado después del 1 de enero de 2010 y haberse implementado en Colombia. De este modo, el programa colombiano de impuestos al carbono ha fomentado que haya más proyectos REDD+.
Originalmente, los ingresos fiscales se destinarían al Fondo Colombia Sostenible (FCS). Se trata de una iniciativa del Gobierno de Colombia financiada por Noruega, Suecia y Suiza, que lleva a cabo programas de conservación –incluido REDD+– en 277 municipios de Colombia. El Fondo es administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la base de una Declaración Conjunta de Intenciones (DCI) firmada por Colombia, Noruega, el Reino Unido y Alemania en la cumbre sobre clima de la ONU de 2015 en París. En 2019, durante la cumbre sobre clima en Madrid, España, el Fondo se renovó.
La Ley de Cambio Climático de Colombia de 2018 integra el programa nacional de fijación del precio del carbono. Abarca, entre otras cosas, el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI (PNCTE), administrado por el Gobierno. La ley permite que una unidad de carbono sea reconocida y pagada como impuesto al carbono dentro del mecanismo de compensación; vinculando así el comercio de carbono, los impuestos al carbono y los sistemas de compensación de carbono.
Colombia está estudiando, además, cómo vincular sus programas nacionales con los mercados internacionales. Sin embargo, es importante recordar que cada uno de los intercambios de carbono representa contaminación real, así como una violencia real en las comunidades en los sitios de contaminación y extracción.
Comunidades afrocolombianas afectadas por la minería del carbón y REDD+ en Colombia
Los proyectos de REDD+: Cocomasure y BioREDD+, están ubicados en la costa del Pacífico, donde las comunidades afrocolombianas tienen derechos sobre la tierra en más de 5 millones de los 10 millones de hectáreas de bosque tropical. La filial colombiana de minería de carbón de Glencore, Prodeco, y la compañía petrolera Chevron, estuvieron entre los primeros compradores de REDD+ en Colombia.
El Director de Medio Ambiente de Glencore/Prodeco explicó que participaron de las negociaciones políticas para formular la legislación del impuesto al carbono, pero también que fueron informados por las ONG conservacionistas: “El impuesto al carbono comenzó aquí en 2016 y comenzó a implementarse en 2017 ... Surgió de nosotros .... participamos en todo lo referente al surgimiento y discusión de esta legislación. Consultamos sobre el inicio de toda esta legislación. Pero realmente, para la industria minera en Colombia era un tema relativamente nuevo. Nos llevó un tiempo entenderlo y finalmente lo hicimos a través de aliados como Conservación Internacional, porque ya tenemos varios proyectos con ellos.” (comunicación personal de 2019, énfasis agregado).
El proyecto Cocomasure comenzó en 2011 y está ubicado en el Corredor Choco-Darién del Urabá Antioqueño; ha generado 40.000 créditos de carbono en unas 14.000 hectáreas donde viven 20 comunidades. Los créditos de carbono fueron comprados por la subsidiaria colombiana de Glencore, Prodeco, para compensar las emisiones de combustible diesel causadas durante las actividades de explotación. Este proyecto inicial fue emblemático porque sentó un precedente para el establecimiento de más proyectos REDD+ y su posterior vinculación al sistema colombiano de impuestos al carbono.
Al otro lado del país, las minas de carbón de Glencore/Prodeco están ubicadas en el noreste del Caribe y también afectan a las comunidades afrocolombianas. Las comunidades cercanas a las minas de carbón en César sufren escasez de agua, niveles peligrosos de contaminación, años de violencia y desalojos, acaparamiento de tierras y discriminación (Gilbertson 2020). Prodeco optó por pre-comprar créditos REDD+ en lugar de pagar el impuesto al carbono.
El programa BioREDD+ fue implementado en 2013 por la agencia de Estados Unidos para el desarrollo, USAID, y replicó el proyecto Cocomasure REDD+ en otras ocho comunidades.
Fondo Acción es el operador del contrato del proyecto BioREDD+ para USAID. Prodeco y Conservación Internacional (CI) trabajan juntos en varios proyectos relacionados con Pagos por Servicios Ambientales, y fue Conservación Internacional quien alentó a Prodeco a ponerse en contacto con USAID. Prodeco firmó el contrato con Fondo Acción para adquirir los créditos. Fondo Acción ha estado involucrado en la compensación y el financiamiento de la conservación por muchos años. Fue la ONG involucrada en el canje de deuda por naturaleza de 2004 con Estados Unidos. El Director de Prodeco explicó que Fondo Acción actuó como facilitador entre Prodeco y las comunidades (comunicación personal 2019). También explicó que Fondo Acción sabe cómo comunicarse “con la industria privada en su idioma, sobre los contratos y los temas financieros” (comunicación personal 2019). Continuó diciendo:
“Ellos [Conservación Internacional] se pusieron en contacto con USAID y con Fondo Acción, que había estado trabajando en el proyecto REDD en el Pacífico durante más de cinco años, incluso antes de que se generaran impuestos al carbono en Colombia. Existe un proyecto de USAID que es un proyecto muy, muy grande, que se llama proyecto BioREDD, que fue básicamente el impulso que generó la estructuración del proyecto REDD en el Pacífico, replicando el modelo del Proyecto REDD, que fue un pionero en el país.” (comunicación personal 2019).
A pesar de la confianza del Director, cuando Fondo Acción se acercó a las comunidades para vender créditos REDD+ a Prodeco, las comunidades dijeron que no. Se resistieron y dijeron que no participarían con una empresa del carbón. Sin embargo, según el representante de Prodeco, fue Fondo Acción quien argumentó en nombre de Prodeco:
“Porque de hecho ellos [la consejo comunitario] dijeron:“ No, es una empresa minera la que los va a comprar. Es una empresa minera”. Pero Fondo Acción, dijo, “No son una empresa minera cualquiera, es una empresa responsable, ta ta tal ta ta tan tan tan [bla, bla, bla] Y nos quedamos con el compromiso e hicimos el acuerdo, pero aún así tengo que explicarles [a ellos] quién es Prodeco y aprender más sobre ellos [la comunidad]. Ése es el proceso en el que estamos”. (comunicación personal 2019).
En efecto, Prodeco pagaría entre un cuarto y un tercio del monto del impuesto al carbono, lo que representa un importante ahorro financiero para la empresa. Además, Prodeco obtendría no solo beneficios fiscales sino también una buena imagen en materia de clima por ser categorizada como ‘carbono neutral’.
En la actualidad, los más de 75 proyectos REDD+ ‘anidados’ se utilizan esencialmente como un subsidio/compensación de los combustibles fósiles a través del programa de impuestos al carbono de Colombia. Varios de los programas están ubicados en la Amazonía con al menos más de 17 comunidades indígenas involucradas.
Mientras que la ONU, los agentes del carbono, y las instituciones de desarrollo y conservación discuten cómo hacer que la contabilidad del carbono sea la correcta, se están equivocando en la esencia. No hay cálculo de carbono posible para arreglar este sistema fraudulento. Establecer líneas de referencia y hacerse cargo del riesgo de liberaciones prematuras de carbono nunca mantendrá los combustibles fósiles en el suelo. Es hora de que dejen de mezclar el conservacionismo con la necesidad de reducir drásticamente la energía de los combustibles fósiles. Se deben eliminar directamente los combustibles fósiles y mantenerlos bajo tierra, así como poner fin a la violencia racista y socioeconómica en curso en los sitios de extracción, combustión y transporte.
Ningún sistema de fijación del precio del carbono puede mantener el carbón ‘manchado con sangre’ o cualquier otro combustible fósil bajo tierra.
Tamra L Gilbertson
PhD, es Asesora de Política Forestal y Cambio Climático de la Red Ambiental Indígena (Indigenous Environmental Network – IEN) y profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Tennessee. Este artículo se basa en la investigación de su tesis y en un artículo posterior publicado en Community Development Journal.
Agosto de 2021.
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