Carta a FSC por complicidad en crímenes e impactos forestales en Chile | Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Una treintena de organizaciones extendieron una misiva ante la oficina oficial de resolución de conflictos del sello internacional FSC (Forest Stewardship Council) con asiento en Alemania por las certificaciones otorgadas a empresas forestales en Chile sin que se atiendan casos de violaciones a derechos humanos e impactos socio ambientales en diversos territorios.

27 de Octubre de 2017,

Señores/as

Officer Dispute Resolution en FSC Internacional / Alemania

Presente

Para nuestras Redes y organizaciones, las actividades forestales en Chile, especialmente las existentes en o junto a territorios de comunidades Mapuche son parte de nuestras principales preocupaciones por las razones que a continuación se exponen:

En el contexto reciente de la certificación de grandes empresas forestales (en especial CMPC, Arauco y MASISA) queremos hacer llegar a Uds. nuestro más enérgico rechazo y preocupación ante el otorgamiento de la certificación FSC a estas empresas. En anteriores intercambios con FSC hemos dado a conocer nuestras críticas a estas empresas por sus prácticas contrarias a los derechos humanos de las comunidades Mapuche, así como a sus prácticas que afectan el medioambiente, en especial a los recursos hídricos, la biodiversidad y la existencia de plantas que las comunidades utilizan como fuente de medicinas y de alimentación.

A modo de contextualización histórica, el actual régimen forestal en Chile se basa en el polémico decreto ley nº 701 del año 1974, el cual fue impuesto por el gobierno militar en momentos en que era imposible cualquier oposición desde la ciudadanía, se perseguía, torturaba, asesinaba o enviaba al exilio a opositores, actuando con especial violencia contra miembros de comunidades mapuche. La dictación de este decreto 701 hay que entenderlo también en el marco del llamado proceso de la “contrarreforma agraria” con la que la dictadura militar devolvió tierras entregadas a comunidades campesinas y Mapuche por la reforma agraria impulsada por los gobiernos democráticos anteriores, devolviendo así a los antiguos propietarios latifundistas o a las empresas forestales estas tierras para su explotación forestal. Justamente estas tierras de contrarreforma agraria actualmente bajo propiedad de empresas forestales es una de las grandes causas del conflicto entre el Estado chileno y comunidades Mapuche que ha generado por años un estado de militarización, criminalización, violaciones a los derechos humanos de comuneros Mapuche.

Actualmente, diversos actores del mundo de la academia, comunidades locales indígenas y no indígenas, organizaciones medioambientalistas, organizaciones de derechos humanos y actores políticos del país reconocen que el régimen forestal instaurado a partir del Decreto 701 ha producido una alta concentración de las actividades de explotación forestal y de la propiedad de las tierras de uso forestal en tres grandes empresas privadas (Arauco, CMPC, que están entre los mayores productores del mundo y MASISA), la situación que dos empresas forestales poseen más tierras en el centro-sur de Chile que el que poseen todas las comunidades del Pueblo Mapuche juntas, el aumento de la migración rural hacia las ciudades, la precariedad de los empleos, la reducción de Productos Forestales no Madereros, sustitución de bosques nativos por plantaciones de una sola especie en algunos territorios. Incluso el que se señala un gran logro del DL 701, el haber permitido reforestar tierras anteriormente degradadas por la agricultura, contiene el problema de haber promovido monocultivos orientados a la economía de exportación por sobre el cultivo de bosque nativo. Hoy en día la actividad forestal concentrada en estas tres empresas aporta solo un 3% del PIB nacional, no aporta con impuestos en las comunas donde desarrollan sus actividades (que además son las comunas más pobres del país) y concentran el 50% del total de exportaciones del sector agroexportador. Más aun, pese a la evidencia de los conflictos sociales, políticos y escaso aporte al desarrollo local producido por las actividades forestales, los actores políticos de la Araucanía han definido esta región como “de vocación (económica) forestal”.

Además, este año se produjeron en Chile incendios forestales de una magnitud pocas veces vistas en el país. Estos incendios dejaron al descubierto dos dimensiones de los problemas que se derivan del modelo forestal chileno actual: el racismo contra las comunidades Mapuche y la escasa regulación estatal de las operaciones de las empresas forestales. El racismo contra las comunidades Mapuche se expresó en las informaciones falsas que circularon por redes sociales durante el incendio y que acusaban a las comunidades Mapuche de ser las que causaron los incendios. La escasa regulación estatal quedó en evidencia cuando diversas organizaciones sociales, incluida nuestra Red, difundieron información verificable de la existencia de medidas fitosanitarias por la presencia de plagas de sirex noctilio y de megarhyssa nortonies en predios forestales de la región del Maule, lo cual consta en resoluciones internas del organismo gubernamental Servicio Agrícola y Ganadero.

Estas situaciones no son nuevas para la FSC porque ya anteriormente habían sido informadas por el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos en 2011, por la Agrupación Mapuche Konapewman, así como por organizaciones internacionales. Incluso, algunos de los daños sufridos por las comunidades Mapuche han sido reconocidos por las propias empresas certificadoras de la FSC.

Pese a todo lo anterior y pese a que la certificación FSC surge con el objetivo de fomentar la sustentabilidad de las actividades forestales en el mundo entero, constatamos como hace poco tiempo estas empresas obtienen la certificación FSC por parte de reconocidas empresas certificadoras internacionales. Nuestra sorpresa y frustración es aún mayor cuando constatamos que han sido certificadas aunque no hayan dado pruebas de haber obtenido el “consentimiento previo, libre e informado” de las comunidades Mapuche, derecho que forma parte de los “Principios y Criterios para la Protección Forestal FSC-STD-01-001 (V5-0)” de 2012, en especial del Principio nº 3 “Derechos de los Pueblos Indígenas" que incluye el derecho al “consentimiento previo, libre e informado”.

Sabemos que estas certificaciones fueron otorgadas bajo principios, criterios e indicadores previos al 2012, sin embargo también creemos que la gravedad de las acusaciones contra estas empresas forestales, la gravedad de las situaciones de las comunidades Mapuche afectadas es tal que la FSC no puede argumentar razones técnicas (del uso de estándares previos al 2012, o de indicadores o verificadores inadecuados) para justificar estas certificaciones. Más aún, sabemos también que en Canadá en 2013 la misma empresa certificadora Rainforest Alliance que ha otorgado certificaciones en Chile, revocó a la empresa forestal Resolute Forest Products su certificación FSC sobre 8 millones de hectáreas debido a no haber obtenido el consentimiento previo, libre e informado de comunidades del pueblo indígena Cri.

Asimismo, sabemos que algunas de estas empresas certificadoras, tales como Rainforest Alliance han sido denunciadas por mala prácticas laborales en otros países (por ejemplo, en Honduras por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAINBA), afiliado a Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO)), lo cual reduce la legitimidad del proceso de certificación por estas empresas que se constituyen en nuevos actores claves del régimen forestal.

Sabemos que la FSC fue creada para promover la certificación forestal sustentable y que a nivel mundial es la que establece los estándares sociales, medioambientales y económicos más altos y estrictos, sabemos también que se encuentra sometida a fuertes presiones por empresas forestales y comunidades locales que cuestionan su capacidad para certificar la producción forestal. Creemos también que para que la certificación FSC cumpla su propósito original y no se transforme en una mera “licencia verde” que facilite a empresas forestales vender sus productos sin que hayan cambiado sus prácticas que vulneran los derechos de comunidades indígenas, es necesario que de manera urgente se revisen sus procedimientos, indicadores y verificadores, se revoquen las certificaciones que no hayan demostrado de manera clara que cuentan con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades Mapuche afectadas por esas empresas, se generen instancias de participación indígena en las estructuras de gobernanza de la FSC, tanto de nivel nacional como latinoamericano.

-Red por la Defensa de los Territorios, región de la Araucanía conformada por diversas comunidades Mapuche y no mapuche de la región de la Araucanía con el objetivo de defender de forma coordinada los territorios, medioambiente y formas de vida.

-Movimiento por el agua y territorios, zonal sur

Adhieren:

RED POR LOS DERECHOS DE INFANCIA – WALLMAPU

Parlamento Mapuche de Koz Koz

Red organización sociales y ambientales Panguipulli

Red de medios de los pueblos

Red defensa territorios Región de los Ríos

Coordinadora defensa territorios, Los Lagos

Coordinadora Apoyo al Pueblo Mapuche – Valdivia

Red Eco Sur

Agrupación defensa y conservación Maule – Mataquito

Asamblea Acción por Tirúa