Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Bolivia: hidroeléctricas del Río Madera denunciadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

El 14 y 15 de mayo pasados se celebró en Madrid, España, la III Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, una actividad impulsada por la Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe “Enlazando Alternativas”.

La red, creada en 2004, es una respuesta a las medidas neoliberales de la política comercial de la Unión Europea (UE) en su búsqueda por asegurar el mayor acceso posible de sus transnacionales a los mercados latinoamericanos y caribeños. La red, además, va en apoyo de las resistencias populares latinoamericanas y europeas ante el avance de la expansión comercial europea.

Por su parte, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), cuya constitución data de 1979, procura calificar en términos jurídicos y hacer visibles situaciones de violación masiva de los derechos humanos y de los pueblos que no encuentren reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales. El TPP está integrado por un amplio número de miembros nombrados por la Fundación Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos. Sus objetivos centrales son, por una parte, denunciar públicamente los crímenes cometidos por las empresas transnacionales y los impactos de sus actividades sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por otra parte hacer visible la corresponsabilidad de la UE al respecto, dado que sus instituciones y sus políticas favorecen el aumento del poder de las compañías multinacionales.

En el marco de las Cumbres de los Pueblos – cumbres alternativas a las oficiales de la UE y gobiernos de la región – la red Enlazando Alternativas y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) han realizado sesiones del tribunal sobre “Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe”. Allí se expusieron violaciones a los derechos humanos, laborales y ambientales cometidas por más de 25 empresas transnacionales con base en la Unión Europea y sus subsidiarias en toda América Latina y el Caribe.

En la III Sesión del TPP, las organizaciones Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB), el Foro Boliviano de Medioambiente y Desarrollo (FOBOMADE) y el SETEM-Catalunya de España demandaron a las empresas GDF-SUEZ (Francia), Santander (España) y Banif (Portugal), y a los organismos internacionales que las apoyan, entre ellos el FMI, el Banco Mundial y la Comunidad Europea, por la construcción de las usinas de San Antonio y Jirau en Porto Velho, capital de Rondonia, Brasil, a 10 kilómetros de la frontera con Bolivia, sobre el río Madera, el segundo mayor río de la Amazonía, que cubre cerca de un cuarto de la Amazonía brasilera y llega a los territorios boliviano y peruano.

El Gobierno de Brasil concedió unilateralmente el permiso ambiental para la construcción de  las dos represas en territorio brasileño, sin consultar a Bolivia acerca de los impactos que tendría en este país y negándose a realizar estudios de impacto ambiental en Bolivia.

La demanda señala que las usinas son parte de un complejo hidroeléctrico que a su vez integra los programas de interconexión de infraestructura de la Iniciativa Regional de Integración de Infraestructura Sudamericana (IIRSA).

El IIRSA es un plan que, patrocinado entre otros organismos por el BID, procura mediante la construcción de infraestructura de transporte terrestre, aéreo y fluvial; de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica en países de América del Sur, optimizar la eficiencia de los flujos internacionales de comercio y de exportación de las empresas transnacionales, mejorando principalmente la conexión con los mercados de América del Norte y Europa.

Según información de Fobomade (1) la construcción de la usina San Antonio, que comenzó en agosto de 2008, es una inversión del Consorcio Santo Antonio Energia, que es parte del consorcio Eletrobrás-Furnas (39%). El Banco Santander posee 10% de acciones, al igual que el Banco Banif; CEMIG, el 10%; Odebrecht, 18,6% y Andrade Gutierrez, el 12,4%.

La usina Jirau, iniciada en noviembre de 2008, pertenece al Consorcio Energia Sustentável de Brasil (parte de GDF-Suez con 50,1%), Eletrosul Centrais Elétricas SA. (20%), la Companhia HidroElétrica do Sao Francisco – Chesf (20%), y Camargo Correa Investimentos en Infra-Estrutura SA (9,9%).

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) es el principal financiador del Complejo Madera, pero también intervienen de manera indirecta el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las organizaciones sociales denunciaron ante el TPP que las represas brasileñas de Jirau y San Antonio, en avanzado estado de ejecución, ya provocan severos impactos y se prevé que provocarán más, entre los que se cuentan la expulsión de pueblos indígenas y campesinos de terrenos con procesos de titulación consolidados; la inundación de extensas áreas de cultivo y zonas de recolección de la castaña, fruto base de la economía de indígenas y campesinos amazónicos del departamento de Pando y cuyas condiciones de vida dependen enteramente de que el bosque se mantenga intacto; impacto en la flora y fauna nativa, pérdida de la riqueza ictícola, interrupción del tránsito natural de peces y delfines de río – especie endémica de los municipios de Pando y Beni – ; menor velocidad de las aguas lo que lleva a una menor oxigenación y aumento de temperatura; contaminación de las aguas con mercurio; aumento de la malaria, fiebre amarilla, dengue y leishmaniasis como consecuencia de la multiplicación de vectores de transmisión por el aumento de la inmigración de trabajadores temporales, cambios en la calidad del agua y la ampliación de cuerpos de agua estancados.

Otro reciente estudio (2) concluye que la construcción de la represa de San Antonio provocará una deforestación masiva, por las obras en sí y por la construcción de carreteras y ductos relacionados; la muerte de por lo menos 11 toneladas de peces (algunas fuentes mencionan 60 toneladas) y otros animales como consecuencia de las explosiones diarias utilizadas en las obras; contaminación de agua y ruptura de la estructura social de comunidades indígenas.

El estudio identifica que “uno de los impactos directos y más temidos de la construcción de las represas en un área relativamente plana como la Amazonía es el riesgo de inundaciones y sus consecuencias de la disminución de la productividad de los suelos agrícolas, daños a la biodiversidad, contaminación del agua subterránea, y las consecuencias humanas (muertos, enfermedades, pérdidas económicas, pérdidas de viviendas).”

Es por todo esto que en la III sesión del TPP en Madrid, Fobomade, MAB y SETEM-Catalunya solicitaron al Tribunal:

“1. Poner freno a las violaciones de los derechos humanos y abusos de las transnacionales y exigir resarcimientos.
Esto supone diseñar una nueva jurisprudencia internacional vinculante en el marco de Naciones Unidas que tipifique crímenes ambientales  e imponga sanciones civiles, administrativas y penales aplicando la regla: “A mayor potencial de destrucción y mayor  riesgo  para la preservación del ambiente, mayor debe ser la  responsabilidad”.

2. NO al doble estándar, NO a la doble moral.
Que el Tribunal inste a gobiernos e instituciones comunitarias a la creación de estándares intergubernamentales globales sobre empresas y derechos humanos. Se requiere un marco vinculante y obligatorio para establecer mecanismos efectivos de reclamo y responsabilización.

3. Que denuncien y enjuicien los crímenes económicos y el ecocidio.
Demandamos enjuiciar las políticas comerciales de la UE y de sus Estados y la arquitectura institucional que legitima la obtención ilegítima de beneficios de transnacionales europeas.
La Unión Europea debe ser imputada por crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Demandamos a la UE por ecocidio, definida por el Estado de Chiapas como “conducta dolosa consistente en causar un daño grave al ambiente, por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales”.”

El informe de Henkjan Laats señala además que la generación de energía mediante el agua en represas es considerada como una fuente de energía renovable en la medida que después de la construcción de una represa no emite niveles significativos de gases de efecto invernadero. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los niveles de CO2 se mantienen altos y además hay un aumento de la emisión de gas metano, especialmente por las turbinas y los vertederos. El gas metano tiene 25 veces más impacto sobre el calentamiento global por tonelada que el dióxido de carbono. Asimismo, se estima que la deforestación, los incendios, el aumento de ganadería, y la construcción de carreteras hacen que la electricidad de las represas hidroeléctricas amazónicas no sea una “energía limpia”.

En definitiva, las represas hidroeléctricas contribuyen al calentamiento global. Otra forma de ecocidio.

(1) “Caso de las hidroeléctricas en el río Madera presentado ante el TPP en Madrid”, Servicio de Noticias Ambientales, http://fobomade.org.bo/bsena/?p=479
(2) “El Dilema Amazónico; ‘la construcción de Mega-represas en el Río Madera’”, Henkjan Laats, CEADESC y PEC, Bolivia 2010,http://www.riomadeiravivo.org/docs/dilamazonico.pdf