El gobierno chileno ha anunciado recientemente que destinará una inversión de U$S 267 millones para el desarrollo de un programa destinado a combatir la pobreza en las comunidades indígenas mapuche. Representantes mapuche de todo el país han expresado su decepción y su rechazo a tal iniciativa, por considerarla mera propaganda, que ni siquiera consideran sea el punto de partida de un proceso orientado a resolver los problemas que afectan al pueblo mapuche y a su ambiente. Diputados e incluso algunos funcionarios de gobierno comparten su punto de vista. Sin embargo, la poderosa CORMA, que representa los intereses de la industria maderera y de plantaciones, ve con buenos ojos el programa.
Por otra parte, las autoridades fueron acusadas de romper el Acuerdo de Respeto a los Derechos Ciudadanos firmado el pasado 15 de agosto, y de aumentar la represión contra el pueblo mapuche en la región sur del país, en el contexto de la Ley de Seguridad Interior actualmente vigente. Las comunidades mapuche están prácticamente sitiadas por patrullas policiales, las compañías forestales controlan las carreteras y los caminos en las vastas áreas ocupadas por las plantaciones, en tanto 400 personas han sido detenidas bajo falsas imputaciones desde que comenzó el año. Esta cifra supera claramente la de 285 personas arrestadas durante 1998 como resultado del conflicto y recuerda registros de los peores años de la represión bajo el régimen de Pinochet. En realidad, fue bajo la dictadura militar que nació el actual modelo forestal chileno. Un modelo que está en la verdadera raíz de los conflictos que enfrentan los mapuche. Las acciones policiales generalmente se dan sin autorización y a pedido de las empresas forestales, con el objetivo de intimidar al pueblo indígena y evitar que reclamen la devolución de sus tierras ancestrales, actualmente en manos de esas enormes compañías.
La represión ha demostrado resultar inútil como manera de resolver el conflicto. Los mapuche se han organizado y sostienen con firmeza que el conseguir que su identidad y su cultura sean efectivamente respetados, así como la recuperación de sus territorios ancestrales y recursos naturales, constituyen un proceso irreversible. En 1536 el Territorio Mapuche se extendía a lo largo de 31 millones de hectáreas, en tanto hoy en día estas comunidades ocupan tan sólo 300.000 hectáreas, la mayoría de las cuales literalmente rodeadas de enormes monocultivos de pino. No resulta por tanto sorprendente que el conflicto siga en aumento.
Tan sólo un ejemplo. Durante las últimas dos semanas, el grito mapuche "Marichi weu" (¡Diez veces venceremos!) se oyó en Lebu, Concepción y Cañete, en la VIII Región, así como en Traiguén y Temuco, en la IX Región, y en Santiago, la capital del país, como reacción a la detención de los principales líderes de la Coordinación Arauco-Malleco. A su vez las comunidades mapuche continúan llevando adelante numerosas acciones en diferentes lugares del sur de Chile, incluyendo la ocupación de fincas que fueron otorgadas a las compañías forestales por el régimen de Pinochet y que los mapuche reclaman por habérseles sido usurpadas. Hasta ahora el gobierno ha respondido más a las presiones de las empresas forestales que de los mapuche, pero considerando que las exigencias de estos últimos van en aumento, las autoridades bien podrían cambiar de actitud y tratar de encontrar soluciones reales para un problemas que ya no puede seguir siendo ignorado.
Fuentes: Susana Gentil, 15/8/99; Nizkor Spain, 24/8/99; Mapuche International Link, 30/8/99.