Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Colombia: la palmícola Poligrow planea acaparar más tierras bajo el esquema de “pequeños productores”

La violencia, masacres y desplazamientos forzados bajo el contexto del conflicto armado en Colombia, han sido funcionales al avance del cultivo industrial de la palma aceitera. El rol de la palmícola Poligrow en el acaparamiento de tierras y la intimidación en el municipio de Mapiripán es ineludible. Aún así, planea expandirse.

Protesta de indígenas Jiw y Sikuani contra las restricciones impuestas por Poligrow. Foto: Justicia y Paz.

El monocultivo de palma aceitera, junto con la industria petrolera y otras actividades extractivas, continúa su avance sobre territorio indígena y campesino en la Altillanura, subregión de la Orinoquía colombiana, un territorio históricamente marcado por la violencia y el desplazamiento forzado de la población. A su paso, estas explotaciones a gran escala dejan un tendal de impactos sobre las comunidades: despojo de tierras, contaminación, escasez de agua, restricciones para la circulación y para uso tradicional de bosques y sabanas.

Pese a que estas injusticias han sido denunciadas de forma reiterada por las comunidades, el gobierno de Colombia sigue fomentando la industria de la palma en connivencia con empresas, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y agencias de cooperación internacionales.

Un ejemplo de ello es el anuncio, en agosto de 2020, de un proyecto que promueve supuestas alianzas estratégicas entre la multinacional ítalo-española Poligrow y campesinos o “pequeños productores” en el municipio de Mapiripán, en el departamento Meta (1). La empresa, que comenzó a operar en Colombia en 2008, acumula graves denuncias por acaparamiento de tierras (2), involucramiento con grupos paramilitares y despojos forzosos y contaminación (3).

Campesinos de Mapiripán con quienes el WRM tuvo comunicación dijeron haber manifestado su rechazo a trabajar con Poligrow. Ellos prefieren reservar su identidad por temor a represalias.

A su vez, comunidades indígenas Jiw y Sikuani, que se encuentran en un grave estado de vulnerabilidad al ya haber sido desplazados del departamento vecino de Guaviare por el conflicto armado, padecen la escasez y contaminación del agua como consecuencia del cultivo de la palma y el procesamiento del aceite. Sumado a ello, la empresa les impone prohibiciones a la circulación y el uso del territorio. (4)

El cultivo industrial de palma en Mapiripán comenzó con el desembarco de Poligrow, hace más de una década. Hasta el momento, la compañía ocupó unas 7.000 hectáreas con monocultivo y planea aumentarlas a 15.000. En 2014 construyó una planta de extracción de aceite con capacidad para procesar 15 toneladas de racimos de fruta fresca por hora, que proyecta ampliar a medida que aumenten las áreas cultivadas.

Denunciada por organismos de la sociedad civil, e incluso del estado, por apropiarse de más tierra de la permitida por ley (5) Poligrow intenta desde hace al menos siete años incrementar sus áreas sembradas a través de contratos con campesinos y “pequeños productores” para que cultiven palma en sus tierras. (6)

En este contexto, el 14 de agosto de 2020 se presentó “Mapiripán, territorio de paz con desarrollo sostenible”, un proyecto del gobierno colombiano y la FAO, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, que aportará 2,4 millones de euros (aproximadamente 2,8 millones de dólares). Entre los objetivos del proyecto, se menciona: “mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los residentes de Mapiripán”. (7)

Sin embargo, es difícil imaginar de qué manera esto podría implicar una mejora para la población siendo que la única producción que se muestra una y otra vez en el video de presentación es el monocultivo de palma de Poligrow (8). Tanto en Mapiripán como en otros municipios de la región hay sobradas pruebas de los impactos negativos de las plantaciones industriales de palma sobre la vida de las comunidades locales.

Si bien hasta ahora se desconocen los detalles de la iniciativa, el representante de Poligrow, Carlo Vigna, adelantó: “Garantizaremos por toda la vida útil del proyecto, entonces 30 años, la compra, la asistencia técnica a todos los pequeños productores que se vincularán en el proyecto de palma de aceite.” (9)

Este tipo de contratos con “pequeños productores” no son nuevos en la industria de la palma aceitera y los resultados para los campesinos, tanto en países de América Latina  (10) como en África y en Asia, han sido bastante desfavorables y, en algunos casos, hasta ruinosos.

Esto se debe, entre otros muchos factores, a que el campesinado pierde su soberanía alimentaria al ver afectada su capacidad de producir cultivos para su consumo, contrae deudas con las empresas por la provisión de insumos y ya no puede decidir a quien vende su producción. En definitiva, pierde su autonomía y hasta, incluso, puede perder su tierra debido a que muy a menudo son las familias campesinas quienes deben cargar con los riesgos en caso la producción falle, haya algún incendio o plaga o no se puedan pagar las deudas contraídas con la empresa.

Además, esta táctica de expansión de las empresas palmícolas impacta en particular a las mujeres, quienes deben incrementar su carga de trabajo al perder sus cultivos de subsistencia, confrontar la contaminación de suelos y agua y por tanto llevar a cabo más trabajos de cuidado dentro de la familia y la comunidad.

La palma en la Altillanura colombiana

Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma y el primero en América Latina. El monocultivo ha sido promovido de manera activa por sucesivos gobiernos desde hace más de 50 años a fuerza de políticas de violencia y despojo. El aceite se destina tanto al mercado interno como a la exportación, para la industria alimenticia, cosmética y, más recientemente, para la producción de agrocombustibles.

El cultivo y procesamiento se realiza en distintas zonas del país. En el centro y norte, en  al menos seis departamentos. Al suroeste, en parte de Cauca y Nariño. Y hacia el este, en la región de la Orinoquía, en los departamentos Arauca, Casanare, Cundinamarca y en la subregión de la Altillanura, que comprende los departamentos Meta y Vichada.

Desde 2002, el gobierno colombiano promueve que la Altillanura se convierta en una “gran despensa agrícola”, es decir, en una región productora de materias primas o commodities para exportación.

“Empresarios nacionales y extranjeros se han vinculado a esa idea de desarrollo y han buscado asemejarla al Cerrado [sabana] Brasilero, en donde priman los cultivos a gran escala, altamente mecanizados, integrados verticalmente y con un funcionamiento de enclave agrícola”, destaca un informe realizado por una decena de organizaciones sociales, jurídicas y de derechos humanos que denuncian los graves impactos del “plan de desarrollo” para la Orinoquía. (11) “Esta estrategia desconoce a los habitantes de esta región, dado que el énfasis de los proyectos extractivos y de producción de materias primas se enfocan en satisfacer la demanda internacional y no son propiamente para mejorar las necesidades de los habitantes de esta zona”, destacan. Según el mismo informe, casi el 45 por ciento de la población no tiene cubiertas sus necesidades básicas y en Vichada, la cifra llega casi al 67 por ciento.

Este nuevo avance sobre el territorio y su población se suma a la historia de extrema violencia que ha sufrido la región. En 1997, Mapiripán fue escenario de una de las peores masacres en Colombia, con el asesinato de 49 personas a manos de paramilitares. El desprecio por la memoria y la falta de intención real de reparar a esas comunidades por parte del poder político y económico quedó de manifiesto en la presentación del proyecto del gobierno, la FAO y Poligrow. “Todos los colombianos tenemos una vibra particularmente sensible con Mapiripán. Recordamos los dolores que esa comunidad ha tenido en el pasado. Queremos dejarlos atrás, queremos una nueva generación, queremos que los niños que están naciendo ahora piensen que eso es una fábula de terror y que nunca ocurrió”, dijo Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación.

Despojo de tierras

La violencia, masacres y desplazamientos forzados que se dieron en las últimas décadas durante el conflicto armado en Colombia han sido funcionales al avance de los proyectos extractivos, entre ellos, el cultivo industrial de palma aceitera.

Durante el conflicto, se asesinaron y desaparecieron a miles de líderes políticos y se perpetraron innumerables masacres. Organizaciones colombianas advierten que tales masacres fueron cometidas por los paramilitares en complicidad con las fuerzas armadas, lo cual generó desplazamiento forzado, despojo y vaciamiento territorial, ya que la estrategia paramilitar tenía como uno de sus fines garantizar el control territorial para dar paso a los proyectos de tipo empresarial. (12)

En estos procesos es insoslayable la responsabilidad de empresas como Poligrow. “El patrón de comportamiento empresarial ilegal, constituido mediante el aprovechamiento de empresas que se adueñan de predios abandonados después de amenazas, asesinatos, masacres y violaciones recurrentes de los derechos humanos, como las situaciones presentadas por causa de los actores del conflicto armado, en diversas regiones de Colombia, queda corroborado cuando la justicia ha mostrado que empresas como Cementos Argos S.A., la Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar, San Simón S.A., Poligrow y un conjunto de empresas mineras, entre otras, se beneficiaron del desplazamiento y despojo de comunidades campesinas (…) para adueñarse directamente o negándose a investigar con la debida diligencia, los contextos de las regiones donde operan”, señala un informe realizado por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y presentado ante la Comisión de la Verdad en Colombia en mayo de 2020 (13).

En el caso particular de la palma aceitera, un reciente estudio (14) publicado en la revista Journal of Rural Studies explica: “Durante la guerra civil de Colombia se produjo un despojo a gran escala, con millones de campesinos desplazados de sus tierras u obligados a venderlas por debajo de su valor real. Quienes habían participado de reformas agrarias anteriores estaban supuestamente protegidos del acaparamiento de tierras, de manera que las plantaciones de palma aceitera que trataban de expandirse pudieron asegurar el control, no directamente de la tierra sino de su producción, estableciendo ‘alianzas’ o ‘aliados en materia de suministro’ con grupos de pequeños agricultores y procesando su cosecha en molinos de la plantación. Sin embargo, persisten dudas con respecto a la legitimidad de los miembros actuales de la alianza como participantes de la reforma agraria, así como del grado de protección que recibieron realmente los legítimos agricultores. En las partes más remotas de las Sabanas Orientales (Altillanura), en gran parte libres de alianzas, la coerción fue suficiente para que los poderosos pudieran ‘acaparar’ el control de la tierra y en algunos casos plantarla con palma aceitera, como ocurrió con la empresa Poligrow Plantaciones”.

Al mismo tiempo, es preciso señalar que el acaparamiento de tierras, en muchos casos, no hubiera sido posible sin la participación y colaboración de funcionarios públicos que se prestan a realizar diversos tipos de operaciones para “legalizar” el despojo.

En este contexto, es sumamente preocupante la situación de vulnerabilidad y peligro en que se encuentran las miles de personas desplazadas cuando intentan volver a sus territorios. A modo de ejemplo, organizaciones locales señalan que sólo en el departamento del Meta, desde 2011 se radicaron al menos cinco mil solicitudes de víctimas del conflicto que buscan que les restituyan sus tierras. Y que en Mapiripán, uno de sus municipios, la mayoría no ha podido volver. “La Fuerza Pública informa que no hay condiciones de seguridad para el retorno, mientras sí las hay para la restitución”, advierten. “El resultado de esta ecuación es una estrategia de formalización y seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a favor de los inversores privados.” (15)

De acuerdo a la organización colombiana Justicia y Paz, “en el municipio [de Mapiripán] aun hay presencia de estructuras paramilitares y a causa de ellos el silencio, el miedo y la injusticia son latentes en sus pobladores, el control paramilitar y abandono estatal han permitido el desarrollo del proyecto palmero en la región por parte de la empresa Poligrow, apropiándose de tierras baldías y en algunos casos de territorios obtenidos bajo amenazas”.

Comunidades afectadas

La Altillanura colombiana es un región de tierras llanas (también conocida como Llanos orientales), con sabanas, bosques en galería y morichales. Estos últimos son humedales formados por conjuntos de palmeras moriche, donde se originan pequeños cursos de agua que desembocan en los ríos. Son las principales fuentes de agua de las comunidades.

El monocultivo de la palma aceitera es el segundo cultivo que más agua consume en el país. A su vez, la palma se rocía con agrotóxicos, que junto con otros residuos de la actividad, se vuelcan al suelo y a los cursos de agua, contaminándolos. (16)

Indígenas Jiw enfrentan problemas de salud por consumir agua contaminada “del caño” (cauce de agua) Yamu, cuyo nacimiento se encuentra en una de las fincas de la empresa. Así lo expuso la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña sus reclamos. (17) Además, denuncian a Poligrow por restringirles la circulación por su territorio y prohibirles cazar, pescar, recolectar y utilizar la madera.

Estas situaciones no son nuevas. En junio de 2016, la autoridad ambiental colombiana, Comarcarena (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena), ordenó a Poligrow suspender sus operaciones por infracciones ambientales e inició un proceso sancionatorio. En especial, le ordenó que se cesara el vertido de aguas residuales industriales en bosques locales y morichales, el impedimento del flujo natural de las aguas a través de un dique de cemento construido sin permiso, la disposición del raquis (residuos) de los cultivos de palma directamente en el suelo, la utilización del agua proveniente del Caño Macondo para uso industrial y el vertido de lixiviados provenientes del área de compostaje de la empresa. (18)

A esta altura, es inaceptable que tanto el gobierno colombiano como la FAO promuevan la expansión de los monocultivos de palma, en especial de Poligrow, si se tiene en cuenta el historial de contaminación y violaciones de derechos que la empresa acumula. Más preocupante es, aún, cuando esta promoción se realiza en nombre de la paz y de un supuesto progreso para las comunidades. Y bajo esquemas que se presentan como “alianzas” con campesinos y “pequeños productores”, que al fin y al cabo -como la experiencia lo demuestra-, sólo favorecen a las empresas.

No sorprende entonces que Poligrow exhiba en su sitio web certificaciones de los sellos ISO 9001 y Rainforest Alliance y que sea aceptada como miembro de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), de la cual espera recibir la certificación en 2020. (19)

Poligrow se presenta como la primera empresa en Colombia en contar con el certificado de cumplimiento Rainforest Alliance de la Red de Agricultura Sostenible (RA/RAS). Esto, a pesar que las comunidades que aún están en el territorio han denunciado la intensificación de las amenazas en los últimos años, así como un deterioro y contaminación de su territorio, en particular sobre las fuentes de agua.

Una vez más queda al descubierto cómo la RSPO y otras certificadoras, así como los gobiernos nacionales e instituciones como la FAO, desoyen de manera sistemática los reclamos y las necesidades reales de las comunidades locales, incluso en contextos de extrema violencia, criminalización y vulnerabilidad. Esto en favor de la expansión de la industria palmícola, que acapara tierra, viola derechos y vidas y afecta gravemente la soberanía alimentaria de los pueblos.

Secretariado internacional del WRM

(1) FAO Colombia: Agencia Italiana de Cooperación dona 8.846 millones para reactivar la economía y fortalecer tejido social en el municipio PDET de Mapiripán, Meta.
(2) Ver: Nueve malas prácticas empresariales que profundizaron la guerra, El Espectador, mayo 2020 y El rol de las empresas en el conflicto armado y la violencia sociopolítica, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 2020; La maraña de tierras y empresas de Poligrow y El negocio ‘baldío’ de Poligrow, La Silla Vacía 2013 y 2015; Despojar y Desplazar, estrategia para el desarrollo de la Orinoquía, Mesa Copartes Misereor – Llanos Orientales 2017, p.41. Y la respuesta de Poligrow, 2018.
(3) Continúa grave afectación ambiental por parte de la empresa palmera Poligrow. Justicia y Paz, febrero 2018.
(4) Deterioro de salud en la comunidad Jiw de Mapiripán por desabastecimiento de agua potable, Justicia y Paz, 2020. Indígenas Sikuani se oponen a ocupamiento de predios por empresa Poligrow, Contagio Radio, 2018
(5) Ibídem 2.
(6) Proyecto agronómico de Poligrow. Extraido de www.poligrow.com el 14 de agosto de 2020
(7) Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. “Estrategia de desarrollo territorial sostenible para la reactivación económica y la integración social en el municipio de Mapiripán”
(8) Video de la presentación realizada el 14 de agosto de 2020 a través de la página de Facebook de Renovación Territorial Colombia.
(9) Ibídem 8.
(10) Glass, Verena. “Expansão do dendê na Amazônia brasileira: elementos para uma análisedos impactos sobre a agricultura familiar no nordeste do Pará”. Reporter Brasil, 2013.
(11) Despojar y Desplazar, estrategia para el desarrollo de la Orinoquía, Mesa Copartes Misereor – Llanos Orientales, 2017.
(12) Ibídem 11.
(13) El rol de las empresas en el conflicto armado y la violencia sociopolítica, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 2020
(14) Potter, Lesley. Colombia’s oil palm development in times of war and ‘peace’: Myths, enablers and the disparate realities of land control. Journal of Rural Studies. Volumen 78, Agosto 2020, Pág. 491-502.
(15) Ibídem 11.
(16) Colombia: escasez de agua por palma y petróleo en Puerto Gaitán, Mongabay, octubre 2019.
(17) Deterioro de salud en la comunidad Jiw de Mapiripán por desabastecimiento de agua potable, Justicia y Paz, 2020
(18) Environmental Investigation Agency. Poligrow Colombia Ltda., Ordered to Suspend Operations due to Presumed Environmental Infractions. 2016.
(19) Poligrow en el sitio web de RSPO ; https://www.rspo.org/members/308/Poligrow-Colombia-Ltda