Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Desarrollo del sector extractivo e impactos sobre las comunidades y la biodiversidad en los países de la cuenca del Congo

Congo

Los países de la Cuenca del Congo son célebres por la extraordinaria riqueza de su biodiversidad y la gran diversidad cultural de sus pueblos. Al evocar los recursos extractivos de la región, generalmente se alude a los impresionantes yacimientos de cobre de la República Democrática del Congo (RDC), a los diamantes de la República Centroafricana y al petróleo de Guinea Ecuatorial y Gabón. Sin embargo, el subsuelo de este importante macizo boscoso rebosa de otros recursos abundantes y variados, que incluyen yacimientos de nivel mundial (sobre todo de hierro, uranio, bauxita, etc.). Y el potencial es aún más importante que lo que revelan los datos existentes, dado que la investigación minera se ha visto interrumpida en estos países, ya sea como consecuencia de ajustes estructurales o de la inestabilidad política.Debido al alza de los precios de los recursos mineros, se han vuelto potencialmente provechosos ciertos yacimientos que antes no lo eran, y las autoridades políticas suelen considerar como una buena noticia el descubrimiento de éstos en su territorio. El objetivo de este artículo es explicar las razones del fracaso de ese tipo de inversiones a nivel social y ambiental, ilustrando algunos de los problemas que dicho sector plantea en África Central.

1. ¿Por qué las preocupaciones ambientales y sociales parecen ser secundarias en el sector extractivo de África Central?

Inspirándose en los ejemplos de las nuevas economías del Sudeste Asiático (China, India, Corea del Sur, etc.) y de América Latina (Argentina y Brasil), todos los países de la región ambicionan convertirse a su vez en economías emergentes en el lapso de una generación. La explotación de recursos naturales forma parte de la estrategia de desarrollo y, para lograrlo, la inversión extranjera parece inevitable. La legislación referente al sector extractivo es sumamente liberal en esos países y, con el fin de atraer a los inversores, les impone pocas obligaciones referentes al medio ambiente y a la sociedad. Resulta así evidente que las consideraciones económicas prevalecen sobre las ambientales; los gobiernos no vacilan en presentar estas últimas como trabas que el mundo occidental pretende imponerles y que obstaculizan sus intentos de desarrollo. Ningún proyecto extractivo ha sido rechazado por los Estados de la cuenca del Congo por implicar un impacto ambiental importante. Sin embargo, esto no se ha debido a la ausencia de riesgos o violaciones de la ley. Así, el proyecto de explotación petrolera en el Parque Nacional Virunga de la RDC, uno de los más antiguos de la región, no fue detenido por el Estado congolés, que parecía no encontrar objeción alguna a su realización, sino gracias a las campañas internacionales que llevaron a la compañía británica Soco a darse finalmente por vencida.

Este ejemplo no es un caso aislado: hay en la región numerosas áreas protegidas sobre las cuales han sido otorgados permisos de extracción petrolera o minera.

2. Precariedad de los derechos de las comunidades ante el desarrollo actual de las industrias extractivasLas comunidades rurales de África Central dependen en gran medida de los recursos naturales para subsistir. Los proyectos extractivos suelen desarrollarse en zonas rurales, y deben cohabitar con la población. Si bien los textos relativos a la gestión del medio ambiente imponen la realización de una evaluación de impacto social antes del arranque de cualquier proyecto extractivo, en los hechos, las empresas tienen poco interés en identificar y preservar los derechos de los pobladores, y el propio Estado parece no preocuparse por esos temas. Por consiguiente, existen numerosos peligros y conflictos en torno a las zonas de explotación o de prospección de recursos extractivos.

La causa principal de estos conflictos se centra en la debida indemnización a las comunidades por la destrucción de sus bienes. En todos los países mencionados, las indemnizaciones se aplican sólo a los cultivos, las casas y otros bienes relacionados a las actividades humanas sobre la tierra. Las comunidades no tienen derecho de recibir ninguna compensación cuando los recursos naturales que utilizan son destruidos. Las indemnizaciones no se aplican tampoco a los recursos inmateriales (bienes culturales, lugares sagrados, etc.) Por lo tanto, el pago de indemnizaciones no permite a las comunidades conservar al menos el mismo nivel de vida que tenían antes de los perjuicios sufridos. Además, el pago de una indemnización o compensación suele dar lugar a la extorsión de fondos por parte de los funcionarios locales; así, dichas indemnizaciones, de por sí insuficientes, no llegan en su totalidad a las comunidades beneficiarias.

También se observa a menudo que la instalación de proyectos extractivos en territorios comunitarios provoca profundos cambios en la vida de la población. Así por ejemplo, en Ebome, una aldea de pescadores antes próspera situada a unos kilómetros de Kribi en la costa atlántica de Camerún, las condiciones de vida cambiaron radicalmente cuando los trabajos de construcción de un oleoducto destruyeron un arrecife rico en peces ubicado a dos kilómetros de la costa, obligando a trasladar la pesca a más de ocho kilómetros de la costa. Como esto aumentó el costo de producción, los pescadores se volvieron menos competitivos con relación a los de las comunidades vecinas y se encontraron de pronto en una situación precaria. Han pasado casi quince años; el petróleo circula por el oleoducto y la compañía acumula beneficios substanciales, pero la economía local está destruida, sin que el Estado ni la compañía tengan previsto encontrar una solución a largo plazo.

La destrucción de los medios de subsistencia de las comunidades es el principal riesgo asociado al desarrollo de proyectos extractivos en la región (1).

Al ver el alto precio que pagan las comunidades por el desarrollo de actividades extractivas, es válido considerar que esas poblaciones “subvencionan” a las multinacionales del sector. Sin embargo, el Estado lo justifica diciendo que “no se hacen tortillas sin cascar huevos”. Salvo que, en este caso, no todos están invitados al festín: los ingresos generados por la explotación de recursos naturales no contribuyen al desarrollo de las zonas de producción ni del medio rural en general. La distribución de los ingresos del Estado es muy poco equitativa, como lo muestra la gráfica siguiente:

La gráfica muestra cómo se distribuye la riqueza nacional dentro de la población de los Estados de África Central. La población de cada país se ha dividido en 5 grupos, cada uno de los cuales comprende el 20% de los habitantes del territorio. El cuadro indica qué porcentaje de la riqueza nacional en cada país está controlado por cuál grupo. Se comprueba que el 20% más rico controla aproximadamente el 50% de la riqueza nacional (por ejemplo, el 47% en Camerún y el 63% en la República Centroafricana). El 20% más pobre controla sólo entre el 3 y el 7% de la riqueza nacional. Esas poblaciones más pobres se sitúan generalmente en zonas rurales, que es donde se realizan los proyectos de extracción de recursos naturales, por los cuales pierden no sólo su espacio sino los recursos que necesitan para subsistir. Los ingresos generados se centran prioritariamente en satisfacer las necesidades de las franjas sociales más ricas.

3. Los bosques retroceden ante la primacía del subsuelo sobre el sueloUna de las herramientas de gestión de los bosques en toda la cuenca del Congo era la ordenación forestal. Se trataba de organizar los espacios, de modo supuestamente racional, en áreas protegidas, zonas para múltiples destinos, y zonas destinadas a la extracción de madera a gran escala. Dentro de dichos espacios, la administración forestal se encargaba de evitar que las actividades previstas condujeran a un deterioro irreversible de la biodiversidad. El auge del sector extractivo trastorna este dispositivo y, en muchas zonas, la tala de bosques se realizará sin respetar los requerimientos el ordenamiento forestal. Un estudio estimó que en 2012 en Camerún hubieron hasta 50 casos de superposición de concesiones forestales y permisos mineros, lo cual expuso el bosque a desmontes que no coincidían con ningún plan de explotación forestal. Además, como esas actividades mineras se desarrollan a veces en concesiones otorgadas, infringen las normas existentes, destruyendo así los magros logros de dos décadas de gestión de los bosques regionales.

Las áreas protegidas no escapan a esos impactos, y el mismo estudio constató que, en el caso de Camerún, 28 permisos de prospección petrolera y minera habían sido otorgados dentro de 15 áreas protegidas diferentes (2).

El siguiente cuadro indica las superposiciones en el sur de Camerún.

Mapa de superposiciones entre permisos mineros y zonas de bosque
(áreas protegidas y concesiones forestales) en el sur de Camerún.

Dado que los proyectos extractivos se establecen en un entorno en el que ya existen concesiones forestales, plantaciones y otros usos del espacio y los recursos, éstos conllevan impactos ambientales que se suman a los ya existentes. Y dado que los estudios de impacto se realizan por proyecto porque no se requiere hacerlos a nivel estratégico y regional, cualquier nuevo proyecto puede hacer que los impactos acumulados pasen de ser aceptables a ser irreversibles.4 ¿Qué nos enseña esto?La principal enseñanza es que, en los países de África Central, son las comunidades quienes pagan el más alto precio por la explotación de los recursos naturales, sobre todo si se trata de actividades extractivas. Sin embargo, esas mismas comunidades se ven excluidas de los beneficios de dichas actividades. Los riesgos para el medio ambiente son grandes, como lo es la capacidad de esos proyectos de destruir el modo de vida de las comunidades vecinas. Los Estados no disponen de recursos humanos ni de un sistema jurídico que les permitan reglamentar y controlar con eficacia el accionar de las multinacionales. Por lo tanto, nada justifica que esos Estados se apresuren a desarrollar la explotación de sus recursos extractivos, mientras no cuenten con un dispositivo apropiado para garantizar que sean rentables para el Estado e inocuos para la población y el medio ambiente. Como los recursos del subsuelo son perecederos, no pueden sino valorizarse con el tiempo.

Samuel Nguiffo, snguiffo@yahoo.fr
Edwige Jounda
Centre pour l’Environnement et le Développement (CED), Yaundé, Camerún.
http://www.cedcameroun.org/

(1) http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/infraestructura-desarrollo-y-recursos-naturales-en-africa-algunos-ejemplos-de-camerun/
(2) Ver Schwartz, Hoyle y Nguiffo, Tendances émergentes dans les conflits liés à l’utilisation des terres au Cameroun, Yaoundé, WWF, CED, RELUFA, 2012.

Más información:

1) Información sobre el proyecto petrolero del parque Virunga:
http://www.wwf.be/fr/que-faisons-nous/actualites/regions-menacees/parc-virunga-le-wwf-porte-le-cas-de-lexploration-petroliere-de-soco-devant-locde/53_1111,
http://www.wwf.fr/?2740/Une-victoire-pour-la-planete-la-compagnie-petroliere-SOCO-n-explorera-pas-dans-le-parc-des-Virunga,
http://www.wwf.fr/?1901/Une-grande-victoire-pour-la-protection-de-la-nature-remporte-contre-une-compagnie-petroliere.
2) Información sobre el oleoducto Chad-Camerún:
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/AllPanelCases.aspx.
3) Estudio sobre las superposiciones de permisos de explotación de recursos naturales y los peligros para las áreas protegidas de Camerún:
http://wwf.panda.org/wwf_news/?205591/Land-use-conflicts-Cameroon.

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