Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Guatemala y Colombia: Mujeres frente a las plantaciones de palma de aceite

Contaminación de fuentes de agua, trabajos en condiciones deplorables, chantajes de trabajo a cambio de sexo, son algunos de los tipos de violencia sobre las mujeres que viven entre plantaciones de palma aceitera en Guatemala y Colombia.

Mujeres recogiendo agua en Maríalabaja, Colombia. Ph.: Jheisson A. López.

El monocultivo de palma aceitera arrasa no sólo con la biodiversidad de los bosques tropicales, sino también con los pueblos que hasta la llegada del agronegocio vivían de sus economías tradicionales. Las mujeres son, en muchos casos, las que con mayor ahínco defienden sus territorios.

Guatemala: trabajo explotador a cambio de sexo

Hace apenas quince años, la región del Petén, al norte de Guatemala, era pura selva. Llegó entonces el Grupo HAME, propiedad del terrateniente Hugo Alberto Molina, y el Petén se convirtió en la punta de lanza de la expansión del monocultivo de palma de aceite en el país maya. La empresa se hizo tristemente famosa cuando, en el 2015, se supo que era la responsable directa del ecocidio en el río La Pasión, en el municipio de Sayaxché. Unos 150 kilómetros del río La Pasión resultaron contaminados por el malatión, un plaguicida utilizado para eliminar moscas en la fruta de la palma, y provocaron una enorme mortandad de peces. Pese a las probadas irregularidades, la compañía sigue funcionando sin monitoramiento alguno.

En la comunidad de San Juan de Acul, la mayoría de la gente se baña, cocina e incluso bebe de esa agua, aunque bien saben que está contaminada. No les hacen falta estudios: se lo dice el cuerpo con vómitos, fiebre, picazón y enfermedades en el estómago y la piel. Pero no hay ninguna otra fuente de agua, y el Estado les negó incluso los tanques que pidieron para recoger el agua de lluvia. Unas lluvias cada vez más escasas, también por causa del cambio climático que acelera el modelo del monocultivo.

Además de con el agua, el desastre ecológico del río acabó con la principal fuente de alimento de la comunidad: la pesca. “Antes, en dos días sacábamos 50 libras de pescado [alrededor de 22 kilos y medio]: hoy, con suerte sacamos diez o quince, a veces ni eso”, cuenta una pescadora, y sentencia: “Sin el agua no vivimos: sin el agua no hay nada”.

La única alternativa al hambre es lo mismo que la provocó: la palma. Despojados de sus tierras y de la posibilidad de pescar, en San Juan de Acul se ven obligados a aceptar en las plantaciones condiciones que recuerdan a los tiempos de la esclavitud. Habla una campesina de San Juan de Acul: “Trabajan muchas horas por poco dinero, sin horarios fijos, y se tienen que comprar ellos el equipo. Pero no hay más de adónde. Si hubiera otra fuente de ingresos, no se aprovecharían de la necesidad, pero tenemos que comer”. Jornadas intensas de nueve o diez horas por jornales de unos 8 dólares diarios, por debajo del salario mínimo rural.

La peor parte se la llevan las mujeres. Trabajan en las plantaciones, pero en las tareas peor pagadas. Muchas veces, los encargados de las plantaciones las chantajean ofreciéndoles trabajo a cambio de sexo: si no aceptan acostarse con ellos, no las emplean. Así lo relatan, en primera persona, mujeres de varias comunidades de Petén, como también en la Costa Sur, donde es la caña de azúcar el monocultivo que protagoniza el despojo de las comunidades indígenas y campesinas. Muchas veces, esos mismos encargados las tratan, además, con más desprecio que a sus compañeros. “Nos insultan y amenazan constantemente”, resume una trabajadora.

¿Y después de la palma?

“Los bosques que quedan son muy poquitos, no alcanzan para purificar el aire. El último aguacero, el agua cayó negra: yo tuve que tirar medio balde”, asegura una campesina en Sayaxché. Y la lluvia que escasea. Y la tierra que muere: “Están matando a la tierra. Esa raíz es como un petate que no deja salir nada encima de ella”. Por eso temen lo que suceda cuando las plantaciones palmeras se vayan: “Después de 25 años de palma, esas tierras no van a valer para nada”.

Lo cierto es que un estudio realizado en el Valle de Polochic por la investigadora Sara Mingorria, del ICTA (Universidad Autónoma de Barcelona), (1) muestra que, por la gran cantidad de nutrientes que demanda, el monocultivo palmero elimina la capa orgánica del suelo y provoca infertilidad. Se requieren 25 años para lograr que la zona en la que se plantó palma aceitera vuelva a ser fértil, pues “el suelo queda tan debilitado que, por más que se abone, los componentes se pierden y desaparecen”, sostiene Mingorria. La investigadora añade que estas plantaciones suelen denominarse “desiertos verdes” porque “este tipo de árbol no permite que se forme vegetación a su alrededor”.

Cuando la palma finalice su ciclo de vida, las empresas buscarán otro territorio donde hacer rentables sus inversiones, dejando a su paso tierras desertificadas, ríos contaminados y pueblos despojados; todo, en aras de la rentabilidad de una commodity que cotiza al alza en los mercados financieros. (2) Eso, si no lo impide la terca resistencia de las comunidades indígenas y campesinas, y sobre todo, de sus mujeres. “Las mujeres son más reacias a vender la tierra y son las principales defensoras del territorio: allí donde las mujeres protagonizan las resistencias a la palma, esos movimientos de resistencia son más exitosos”, resume el miembro de una organización comunitaria, que opta por guardar el anonimato, como la mayoría de las entrevistadas para este reportaje. Porque, en países como Guatemala y Colombia, las defensoras de sus territorios y formas de vida corren el riesgo de pagar con sus propias vidas.

Colombia: el peso del agua sobre las cabezas de las mujeres

En las zonas rurales de Maríalabaja, a apenas 60 kilómetros de la turística Cartagena de Indias, Colombia, las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas guardan en su memoria la historia del terror paramilitar que, entre 1998 y 2002, desplazó a un tercio de los 50 mil habitantes del municipio. Los paramilitares perpetraron en los Montes de María masacres como la de El Salado, donde, en febrero de 2000, fueron asesinadas al menos 60 personas. Aterrorizada, la gente huyó masivamente, dejando atrás sus tierras y sus casas; cuando volvieron, todo aquel territorio, donde hasta entonces había convivido el monocultivo de arroz con la agricultura campesina tradicional, había sido plantado con palma de aceite. Y entonces comenzó la lucha por la supervivencia de las comunidades afrodescendientes en Maríalabaja.

“Esta tierra era de abundancia. Todos los días salían camiones llenos de ñame, de yuca, de fríjol y frutas a Cartagena, incluso a Medellín. Ahora ya no queda nada, porque la tierra la plantaron con palma, y salen plagas, y porque el clima ha cambiado y ya no llueve cuando tiene que llover”, lamenta Catalina (nombre ficticio). Para ella, como para muchos en su comunidad, la palma llevó el desastre a Maríalabaja: acabó con la abundancia de comida y, sobre todo, contaminó el agua de la represa, que es la única a la que tienen acceso en el pueblo: “El agua está contaminada por los agroquímicos que le ponen a la palma: por eso todas las mujeres tienen infecciones vaginales, hay muchas enfermedades de la piel sobre todo en los niños, y también enfermedades renales”. Basta bañarse para sentir la picazón. Y la tarea, cada vez más difícil de cumplir, de conseguir agua para beber, recae, literalmente, sobre las cabezas de las mujeres, que deben cargar pesados baldes de agua que recogen de las zonas de la represa donde el agua está menos turbia.

Catalina, con treinta y pocos años y dos hijos, se ha convertido en una de las más reputadas referentes de esta comunidad de campesinos afrodescendientes. Su casa es un punto de encuentro, al que llegan vecinos pidiendo ayuda para rellenar formularios para pedir ayuda o solicitar indemnizaciones, pues este pueblo ha sido reconocido por el Estado colombiano como víctima del conflicto interno que durante 60 años ha desangrado el país. Sin embargo, “aquí no nos llega nada, sólo migajas, acciones con daño”. Con daño, explica, porque las ayudas que les dan sólo llegan a unos cuantos, y dividen a la comunidad; o porque ciertos programas introducen casas de cemento y ladrillo en poblados donde hasta ahora han predominado construcciones con materiales autóctonos -barro y árboles- que no sólo son más ecológicos, sino también más frescos.

Catalina rechaza esa idea de progreso que desvaloriza sus formas de vida ancestrales: “Nosotros teníamos bienestar, en el sentido de que vivíamos bien. No teníamos tecnología, pero vivíamos tranquilos”. Ella defiende la dignidad de trabajar la tierra para producir alimentos tradicionales de la región, y no para exportar palma. Y se pregunta: “¿Qué pasaría si los campesinos dejamos de producir alimentos?”

*La mayor parte de los nombres de trabajadores y activistas han sido modificados a fin de proteger su identidad.

Nazaret Castro, nazaretcastro [at] gmail.com

Colectivo Carro de Combate, que ha investigado en profundidad los impactos de la palma aceitera en países como Colombia, Indonesia, Camerún, Guatemala y Ecuador. La investigación se financió a través de un crowdfunding y con la colaboración de la organización Entrepueblos: http://carrodecombate.com/

(1) Las plantaciones de palma aceitera provocan la infertilidad de los suelos tropicales, 2017, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/las-plantaciones-de-palma-aceitera-provocan-la-infertilidad-de-los-suelos-tropicales-1345667994339.html?noticiaid=1345727879056

(2) Aceite de palma: una industria modelada por los mercados financieros, 2017, Carro de Combate, https://www.carrodecombate.com/2017/03/01/aceite-de-palma-una-industria-modelada-por-los-mercados-financieros/