Cuatro tendencias evidencian cómo la industria minera sigue beneficiándose de la pandemia mientras continúa con sus actividades destructivas en todo el archipiélago. Mientras los oligarcas de las empresas secuestran la democracia perpetuando emergencias, una nueva dictadura se instala bajo la bandera del capitalismo minero.
(Este artículo está disponible también en Bahasa-Indonesio)
Mientras las personas luchan por cuidar su propia salud, numerosas empresas, en particular las compañías mineras, se aprovechan de las medidas adoptadas por el gobierno supuestamente para enfrentar el brote del Covid-19.
En Indonesia, desde 2018 hay 8.588 permisos de minería. Las seis mayores provincias donde tienen lugar estas actividades mineras son Kalimantan meridional y oriental y Sumatra meridional -con mayoría de permisos para minería de carbón-, y Sulawesi meridional y central y Bangka Belitung -donde predomina la extracción de otros minerales como el estaño, el cobalto y el níquel-. La minería se ha convertido en una de las principales causas de deforestación en el país, y está entrando en cada vez más territorios, incluso en las denominadas Áreas Protegidas. La expansión minera también se relaciona con la creciente demanda mundial de transición hacia una economía “limpia” y “verde”, lo que incluye zonas industriales para la producción de baterías y otras tecnologías afines. La minería también es fuente de devastación así como de constantes y a menudo violentos conflictos sociales.
Para los magnates de la minería en Indonesia, la pandemia del Covid-19 ha significado una gran oportunidad para obtener ganancias y presionar por la aplicación de una reglamentación destructiva que les beneficia. Esto representa un aumento de las amenazas, a través de tácticas más contundentes que escapan a los ojos (públicos), para quienes son defensores del planeta - que ya lidiaban constantemente con diversos riesgos.
En primer lugar, las empresas mineras exponen deliberadamente a trabajadores y a comunidades a los peligros de la pandemia al proseguir con las operaciones comerciales bajo la etiqueta de “actividad esencial”.
Las comunidades que viven alrededor y/o cerca de las minas están preocupadas. PT. Dairi Prima Mineral (PT. DPM) en Dairi, Sumatra del Norte, continúa trabajando, trayendo trabajadores de fuera de la región y generando ansiedad en las comunidades cercanas. Del mismo modo, en Banyuwangi, Java Oriental, a pesar de las persistentes protestas de las comunidades, PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) sigue adelante con sus actividades de extracción de oro. De hecho, después de haber extraído y destruido el Monte Tumpang Pitu, PT. BSI apunta ahora al (aún) preservado Monte Salakan.
Del mismo modo, las actividades de la zona industrial para la producción de baterías en Morowali, Sulawesi Central, y en el Parque Industrial de Morowali Indonesia (IMIP) así como en el Parque Industrial Weda Bay Indonesia (IWIP) en Halmahera, Maluku del Norte, continúan a pesar de las controversias. El Ministro Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión, Luhut Binsar Panjaitan, sigue facilitando la entrada de trabajadores de China para trabajar en Indonesia.
Pero no solo los residentes y las comunidades cercanas resultan afectados, la clase trabajadora en su conjunto también se ha convertido en una víctima de esta política. Se encontraron trabajadores infectados, por ejemplo, en los barcos Bangka utilizados por la empresa PT Timah para las actividades de extracción de estaño en la provincia de Bangka Belitung; en el complejo minero de la gigante del carbón Kaltim Prima Coal (PT. KPC); en las actividades de extracción de oro a gran escala de Indo Muro Kencana en Kutai Este, Kalimantan Central; y en la “provincia minera” de Maluku Norte, uno de los centros de minería de níquel y donde se ubica uno de los principales complejos industriales de baterías de vehículos eléctricos en Indonesia. (1)
En Mimika, Papua, la situación de los trabajadores de la minería de oro y cobre de PT Freeport Indonesia (PT FI) es aún más preocupante. Según los registros, se han identificado hasta 150 casos positivos de Covid-19 (2), entre ellos familias de los trabajadores. (3)
El gobierno regional a través de la regencia de Mimika, el Sindicato de Trabajadores de la Minería Química y Energética (SP-KEP) y la organización sindical SPSI exigieron desde el comienzo del brote del coronavirus la suspensión de las actividades mineras. Argumentan que obligar a los trabajadores a permanecer en la zona minera en condiciones de trabajo insalubres es una forma de esclavitud y un acto de flagrante indiferencia hacia la vida y la seguridad de los trabajadores.
En 2018, PT FI registró una ganancia de 1.280 millones de dólares (18 billones de rupias). El total de los salarios de trece comisionados y directores de PT FI asciende a 4,9 millones de dólares (70 billones de rupias). Mientras tanto, el presupuesto total del gobierno de la regencia de Tangerang en Java para el manejo de la pandemia del Covid-19 es la misma suma: 4,9 millones de dólares (70 billones de rupias).
La cláusula 113 de la Ley de Minería de Carbón y Minerales (Ley Minerba) - que reglamenta la posibilidad de suspender temporalmente toda actividad por concepto de emergencia, lo cual incluye la emergencia epidémica -, hasta ahora no se ha aplicado para proteger a las comunidades y los trabajadores mineros.
La tierra, el agua, el aire, los bosques y la salud son esenciales. La minería no lo es.
En segundo lugar, la violencia organizada de las empresas mineras continúa desatándose sobre las comunidades y los defensores de la Tierra, quienes están al frente de la resistencia a pesar de la pandemia.
Cada año, la curva de violencia contra las comunidades y los defensores de la Tierra en Indonesia continúa en aumento. Según los datos registrados por la Red Indonesia de Acción contra la Minería (JATAM, por su sigla en bahasa), entre 2014 y 2019 hubo 71 conflictos mineros así como ataques y criminalización contra 210 personas, incluidos académicos, y 40 casos de ataque y criminalización contra activistas que se opusieron a la mina. (4)
Muerte, agresión, criminalización, intimidación y terror son parte de la violencia organizada que ocurre en el sector minero y lo llevan adelante una serie de actores, entre ellos las fuerzas oficiales de seguridad, funcionarios de la compañía o actores contratados por la empresa, como matones.
Esta violencia continúa durante la cuarentena en Indonesia, y ya se han registrado una serie de incidentes. En Banyuwangi, Java Oriental, manifestantes de las comunidades contra la minera PT BSI, desde el Monte Tumpang Pitu hasta el Monte Salakan, instalaron carpas de protesta desde finales de 2019 hasta que tuvo lugar la pandemia del Covid-19. Sufrieron dos ataques físicos consecutivos por parte de mercenarios de la empresa, policías y el Ejército Nacional de Indonesia para obligarles a dispersar sus carpas, utilizando las medidas de emergencia pandémicas como excusa. Esto sucedió mientras las actividades mineras aún se llevaban a cabo sin complicaciones.
En las montañas kársticas de Kendeng, en las Regencias de Pati y Rembang, Java Central, las mujeres de Kendeng que organizaban protestas pacíficas contra las actividades ilegales de extracción de piedra caliza fueron intimidadas por hombres que trabajan para la mina. Se sabe que las operaciones de estas minas están conectadas a la controvertida cadena de suministro de cemento, concretamente PT Semen Indonesia (PT SI). Las actividades de PT SI se ubican en la cuenca de aguas subterráneas y en los ecosistemas kársticos, lo que representa una amenaza para el agua y los alimentos agrícolas de los residentes locales.
Lo mismo sucedió en Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Oriental. Residentes indignados quemaron excavadoras mineras para detener las operaciones (5), porque las máquinas llegaron al borde del embalse de Samboja, que es la principal fuente de agua para riego agrícola en Kutai Kartanegara. Los residentes fueron amenazados por matones que se sospecha contaban con el respaldo y la protección de la policía.
Irónicamente, estos sucesos ocurrieron justo cuando el presidente Jokowi hacía un llamado a los medios de comunicación exhortando a la población a procurarse su respectiva seguridad alimentaria en varias regiones, con el fin de anticiparse al déficit de alimentos provocado por los cambios del clima y la pandemia. Que llamado tan falso y contradictorio.
Esta violencia organizada también afecta a la clase trabajadora. Varios trabajadores que protestaron contra el complejo industrial IWIP de Halmahera durante la celebración del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo de 2020), fueron arrestados. Hasta hoy, esos arrestos provocaron una ola de solidaridad en todo el país. (6)
En el contexto de esta “emergencia civil” en torno a la pandemia del Covid-19 han aparecido una serie de tácticas dañinas y amenazantes. El Kapolri (director en jefe de la policía nacional) emitió un comunicado imponiendo la seguridad física y cibernética, que incluye la movilización de cientos de miles de policías y personal del ejército para la “nueva normalidad”. Esto representa enormes amenazas a la libertad, a la democracia civil e incluso a las luchas ambientales.
Perpetuar un estado de emergencia puede allanar el camino hacia una dictadura que expandirá la violencia organizada contra la sociedad.
En tercer lugar, durante la pandemia las compañías mineras se presentan descaradamente como héroes. Donaciones, logística médica y dispositivos médicos intentan encubrir sus sucias prácticas mineras.
A fines de marzo de 2020, la Asociación de Minería de Carbón (APBI, por su sigla en bahasa) donó 540 billones de rupias (más de 38 millones de dólares), que recaudó de empresas mineras de carbón que integran APBI, como Adaro y el conglomerado de empresas Bakrie Group (PT Kaltim Prima Coal & PT Arutmin Indonesia). Al mismo tiempo, sin embargo, estas mismas empresas mineras tienen un terrible historial: abandonar los pozos mineros más tóxicos; ser epicentros de conflictos con residentes y pueblos indígenas cercanos; e incluso contar con varios escándalos en materia de circulación de dinero e impuestos.
Casi todas las compañías mineras reconocidas llevan a cabo programas de responsabilidad social corporativa y han brindado asistencia y dinero para ayudar a los residentes durante la pandemia, lo que incluye equipos de protección personal, alimentos básicos, instalaciones para lavarse las manos, kits de hisopados, entre otros. (7)
Sin embargo, algunas de estas mismas compañías mineras junto con otras de baterías eléctricas, a saber, PT Huayue Cobalt Co. Ltd, PT HPAL, PT Tsing Shan y Brunp Recycling Technology, desde antes de la pandemia ya habían iniciado un proceso para obtener la autorización para verter mar adentro relaves o residuos de las actividades mineras. Estas compañías planean deshacerse de sus residuos mineros en las aguas de la isla de Obi, en la provincia de Maluku del Norte, y en las aguas de Morowali, en la provincia de Sulawesi Central. (8) Esto destruirá los medios de vida de los residentes costeros, pescadores y pueblos indígenas de las islas pequeñas, así como la zona biodiversa del triángulo de corales.
El Ministerio de Coordinación Marítima, que supervisa la planificación de esta actividad, presentó a estas industrias mineras como héroes que se pusieron de pie para ayudar a Indonesia en este momento difícil de la pandemia del Covid-19, con el fin de promover la industria minera.
Éstas son estrategias de marketing político.
En cuarto lugar, durante la pandemia, las compañías mineras han recibido beneficios que garantizan su seguridad y comodidad, eliminan el control público y facilitan licencias para la inversión minera.
El rescate de las compañías mineras comenzó con la ampliación de incentivos a través del Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) No. 23/2020, de marzo de 2020, que abarca los diversos productos a lo largo de la cadena de producción minera. La reglamentación se amplió de once a diecinueve sectores a través del reglamento PMK No. 44/2020, de abril de 2020.
La ampliación de incentivos proporcionada por Sri Mulyani, el Ministro de Finanzas, incluyó beneficios relacionados con impuestos a las exportaciones e importaciones, instalaciones para destinos de importación-exportación (KITE) e incentivos para cuotas de impuestos corporativos. A través de estos incentivos se están canalizando hasta 35 billones de rupias (cerca de 2.500 millones de dólares) (9) de dineros públicos a las empresas mineras.
Utilizando la pandemia del Covid-19 como excusa, de febrero a marzo de 2020, varias instituciones, como la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN), las Asociaciones de Minería de Carbón como ICMA y APBI, así como el Ministro de Energía y Recursos Minerales, intentaron revocar la obligación de utilizar buques nacionales para las exportaciones de carbón con el fin de alentar las exportaciones. Aunque la obligación está reglamentada por el Ministerio de Comercio (Permendag) No. 82/2017, está vigente desde el 1 de mayo de 2020. (10)
Luego, entre marzo y abril de 2020, la asociación de minería de níquel de Indonesia, APNI, también urgió al gobierno a que facilitara las exportaciones de níquel de bajo grado, a pesar de que lo había prohibido a partir de enero de 2020 porque las exportaciones de níquel tenían la obligación de cumplir con la reglamentación de los derivados de la industria minera procesando el mineral a escala nacional. (11)
A fines de mayo de 2020, Hendra Sinadia, Directora Ejecutiva de la Asociación de Minería de Carbón de Indonesia, APBI, incluso se atrevió a presentar una solicitud al gobierno para flexibilizar los pagos de las regalías de carbón, con el argumento de que la pandemia había deprimido los precios de las mercancías debido al exceso de oferta del mercado. APBI solicitó al gobierno el cambio de sus reglamentaciones para dar seguridad a los empresarios del negocio del carbón. (12)
Por encima de esto, esta de-regulación reclamada para la industria de la minería y el carbón, disfrazada con el nombre de Proyecto de Ley de Empleo (Ley Ciptaker) y Revisión de la Ley de Minería de Minerales y Carbón (Ley Minerba), es el oportunismo más desquiciado. Ambas leyes benefician con varios incentivos a las industrias de la minería y de la letal energía del carbón. La discusión ha desencadenado protestas que, a pesar de la pandemia, continúan.
La revisión de la Ley Minerba también deroga el artículo 165 referido a actos criminales y sanciones a funcionarios por casos de corrupción. Proponen una definición de territorio minero legal que permite que el tamaño de la zona minera sea ilimitada, con extensión automática, sin ninguna subasta ni posibilidad de reducir la superficie de una empresa gigante del carbón. La extensión automática se refiere a varias empresas del carbón cuyos permisos caducarán pronto, como PT Kaltim Prima Coal (KPC), Arutmin, Adaro, Kideco Jaya Agung, Berau Coal y Multi Harapan Utama (MHU). La de-regulación de la industria minera se está discutiendo como parte de las políticas que garantizarían la seguridad y la comodidad de la industria, sin ninguna consideración por la seguridad y los derechos de las personas y/o la naturaleza.
Estas cuatro tendencias y patrones muestran cómo la industria minera continúa beneficiándose de la pandemia mientras destruye la inmunidad social y ecológica de todo el archipiélago indonesio.
Oligarquía, Inmunidad y Nueva Dictadura
Detrás del negocio minero está el control y la acumulación de ganancias que concentrarán más riqueza y poder para los oligarcas mineros. Es su inmunidad la que se refuerza cada vez más.
Detrás de una hilera de empresas gigantes de la minería del carbón que se beneficiaron de la Ley de Minerales y Carbón (Ley Minerba), tales como PT Adaro Indonesia, están los nombres de las familias Thohir, Garibaldi o Boy Thohir, que controlan a las compañías. Mientras tanto, Erick Thohir se convirtió en Ministro de Empresas Estatales. El silencio del ministro Erick Thohir con respecto a la extensión automática de las concesiones de las empresas, relacionada directamente con los negocios de su familia, ha revelado un supuesto conflicto de intereses que salpica a las últimas rondas electorales del país. Del mismo modo, PT Arutmin y PT Kaltim Prima Coal (KPC) recibieron nueva inmunidad a través de la revisión de la Ley Minerba. Y así, la lista de puertas giratorias y corrupción continúa.
El dinero público no ha sido utilizado para fortalecer la inmunidad ecológica y social en varios lugares minados, sino, por el contrario, para fortalecer la inmunidad de la oligarquía empresarial al otorgar subsidios, incentivos y rescates a las compañías mineras. Al final, es la inmunidad social y ecológica la que se debilitará enormemente, y la inmunidad de las oligarquías empresariales se fortalecerá rápidamente. Esta inmunidad incluye la movilización de violencia organizada en nombre de combatir los efectos de la pandemia del Covid-19 y el discurso de la “nueva normalidad”.
Si la situación llega a ese punto, todos deberíamos tener cuidado con los oligarcas que secuestran la democracia perpetuando emergencias. Tal situación les ofrecería una forma de instalar una nueva dictadura - una dictadura bajo la bandera del capitalismo minero.
Este artículo fue redactado en conmemoración del Día Anti-Minería (Hari Anti-Tambang) el 29 de mayo de 2020 y el Día del Medio Ambiente, 5 de junio de 2020.
Merah Johansyah Ismail,
Coordinador de la Red Indonesia de Acción contra la Minería (Jaringan Advokasi Tambang - JATAM)
(1) Babelpos, Satu Warga Desa Payung Positif Covid-19, Klaster Kapal Keruk PT Timah, Juni 2020 ; Akurasi, Duduk Perkara Karyawan KPC Positif Corona Sepulang dari India, Keluarga Masuk Pemantauan, April 2020 ; Kalimantan, 7 Pekerja Tambang di Kalimantan Timur positif Covid-19, Juni, 2020 ; ProSampit, Empat Karyawan PT IMK Positif Covid-19, Mei 2020 ; MalutPost, 23 Karyawan Tambang di Malut Positif Corona, June 2020
(2) The Jakarta Post, Freeport cuts workforce at Grasberg mine as coronavirus cases in area rise, May 2020
(3) Detik News, 124 Pekerja Freeport di Papua Positif Corona, 2 Orang Meninggal, Mei 2020
(4) Tirto, Selama Periode Awal Jakowi Ada 71 Konflik Tambang, kata Jatam, Januari 2020
(5) Kaltimkece, Gali Perkara di Tengah Corona, Warga Bakar Alat Berat, Penambang Balik Mengancam, April 2020
(6) SPNews, Buruh Kritis Terhadap Perusahaan Tambang Ditangkap Polisi, Mei 2020
(7) TribunKaltim, Indo Tambangraya Megah dan Semua Anak Usaha Spontan Meringankan Beban Masyarakat Akibat Covid-19, Mei 2020 ; Republika Pengusaha China Sumbang Indonesia Alkes Tangani Covid-19, Mar 2020
(8) Mongabay, Jatam dan Kiara: Pemerintah, Jangan Izinkan Perusahaan Buang Tailing ke Laut, Mar 2020
(9) OkeFinance, Revisi PMK Nomor 23, Sri Mulyani Beri Insentif Rp35 Triliun untuk 18 sektor Industri, April 2020
(10) Investor Daly, APBI Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Kapal Nasional, Mei 2020
(11) AP3I, Ada Corona, Penembang Nikel Minta Keran Ekspor Kembali Dibuka, April 2020
(12) Ekonomi, Pengusaha Batu Bara Minta Relaksasi Pembayaran Royalti, Mei 2020