El Grupo Korindo taló el bosque del pueblo Kinggo para establecer plantaciones de palma aceitera. Con promesas falsas y engañosas, persuadieron a Petrus Kinggo y a otros líderes a renunciar a sus bosques. Ahora, a pesar de la intimidación a nivel local e internacional, luchan contra Korindo, que a pesar de todo tiene la certificación del FSC.
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Indonesia es el mayor exportador mundial de aceite de palma y Papúa es la nueva frontera. Los bosques en la isla de Papúa se han convertido en el objetivo de las inversiones del momento, después que los bosques en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi ya se hayan convertido, en gran medida, en plantaciones industriales de palma aceitera. Varios proyectos grandes han puesto su mira a los bosques en Papúa. (1)
Petrus Kinggo, anciano y miembro de la tribu Wambon Tekamerop, de Kali Kao Hamlet, sub-distrito de Jair, regencia de Boven Digul, provincia de Papúa, es el líder del grupo indígena Kinggo que posee el bosque tradicional en Kali Kao Hamlet. Han vivido en estos bosques durante siglos.
En la década de 1990, el bosque consuetudinario de la comunidad en esta zona fue dado en concesión para la extracción de madera a la empresa PT. Bade Makmur Orissa, subsidiaria del gigante palmícola coreano, el Grupo Korindo. Aprovechando su estrecha relación con el gobierno nacional, en 1993 el Grupo obtuvo un permiso para extracción de madera sobre una superficie de 462.600 hectáreas. Korindo controla más tierras en Papúa que cualquier otro conglomerado.
La empresa taló los bosques tradicionales de los pueblos indígenas sin el consentimiento de sus comunidades y se ha beneficiado de la riqueza obtenida de los productos madereros del bosque. Los pueblos indígenas que habitan la zona sufrieron grandes pérdidas, en especial su derecho al acceso y utilización de sus bosques. Además, enfrentaron y aún enfrentan la violencia de las autoridades. Por todo ello, los pueblos indígenas de la zona rechazan y protestan contra la injusticia y la destrucción de sus bosques tradicionales.
El Grupo Korindo también posee otras siete empresas de plantaciones de palma aceitera en el sur de Papúa, que operan en 148.651 hectáreas de bosque en las Regencias de Merauke y Boven Digoel. Las empresas son: PT. Tunas Sawa Erma POP A, PT. Tunas Sawa Erma POP B en Getentiri, PT. Berkat Cipta Abadi POP C, PT. Berkat Cipta Abadi POP D, PT. Dongin Prabhawa, PT. Papua Agro Lestari, PT. Tunas Sawa Erma POP E. Esta situación revela cómo las empresas continúan reproduciendo la desigualdad con respecto a la tenencia de la tierra, a expensas de los derechos y medios de vida y sustento de las comunidades y sin el consentimiento de las mismas.
En 2014, una de las empresas antes mencionadas de propiedad del Grupo Korindo, PT Tunas Sawa Erma POP E, obtuvo un permiso para establecer plantaciones de palma aceitera en 19.015 hectáreas de tierra, parte de las cuales se encuentra en territorio del bosque consuetudinario Kali Kao.
Lograron persuadir a Petrus Kinggo y a varios líderes comunitarios a que renunciaran a las tierras de su bosque tradicional. La empresa Korindo ofreció dinero a las comunidades (tan solo 8 dólares por hectárea) por lo que la expresión indonesia llama de “uang luka” (“dinero de cicatriz”), que significa dinero para olvidar los ‘errores’ del pasado de la empresa cuando cortó los mejores árboles del bosque consuetudinario de los Kinggo. A eso le sumaron una especie de promesa de bienestar.
Petrus Kinggo y los residentes de Kali Kao solo se dieron cuenta muy tarde de la negligencia de darles apoyo, y firmaron los documentos del acuerdo. Poco sabían que la firma de ese documento implicaba ceder para siempre a la empresa los derechos consuetudinarios sobre el bosque y los derechos al uso de la tierra. Además, el derecho consuetudinario de la comunidad Kinggo prohíbe la transferencia de tierras tradicionales.
Petrus comenzó a sospechar cuando la empresa no cumplió sus promesas. Consultó con un experto legal que le explicó que la comunidad Kinggo había perdido sus derechos consuetudinarios sobre el bosque. Petrus y la comunidad debieron absorber ese trago amargo. Se sentían traicionados y culpables al mismo tiempo, porque sin saberlo habían violado sus propias normas consuetudinarias.
“Korindo prometió devolver la tierra después de utilizarla, sin embargo, resulta que la ley indonesia dicta que he perdido mis derechos sobre la tierra para siempre. No podemos y no aceptaremos el fraude cometido por la empresa”, declaró Petrus Kinggo en 2018.
Protegiendo los bosques indígenas
Traicionado y profundamente herido, Petrus Kinggo luchó contra el Grupo Korindo para recuperar el bosque tradicional de la comunidad. Petrus logró reunir apoyo de grupos indígenas de la zona, iglesias y organizaciones de la sociedad civil. Con el fin de recuperar su bosque tradicional, Petrus trazó un mapa del área tradicional y llevó a cabo rituales tradicionales para prohibir las actividades de la empresa. Petrus también acudió al gobierno local pidiendo el reconocimiento del grupo indígena Kinggo e instando al gobierno a revocar el permiso de plantación de la empresa, ya que esos bosques pertenecen a la comunidad Kinggo. Si bien la ley indonesia puede reconocer a los grupos indígenas y los bosques tradicionales, este requiere de la aprobación del gobierno local.
Varios partidos políticos se acercaron a la comunidad indígena Kinggo para ofrecerle diversas ventajas y beneficios si Petrus apoyaba a la empresa. Las ofertas fueron rechazadas sin excepción. Petrus vio de primera mano los impactos de la tala de los bosques, que también provocó el deterioro del suelo y el agua, pérdida de alimentos locales y la extinción de los animales endémicos de Papúa. Además, la presencia de las empresas de plantaciones en territorio indígena hizo perder independencia a las comunidades, ya que sus vidas ahora dependen de la asistencia de estas empresas. Si bien la compañía ofrece empleo, solo son contratos temporales inestables.
La postura que asumió Petrus con respecto al bosque consuetudinario así como sus acciones inspiraron a otros grupos indígenas a hacer lo mismo. Logró formar un grupo indígena para luchar juntos por la protección de sus bosques tradicionales. Los esfuerzos realizados han logrado frenar el ritmo de tala del bosque consuetudinario en Boven Digoel, la misma Regencia donde se asienta la comunidad indígena Kinggo.
A pesar de los riesgos para su vida y su comunidad, tales como los ataques por parte de representantes del Grupo Korindo, de partidarios de la empresa y de las fuerzas de seguridad estatales, Petrus persistió. Fue intimidado sistemáticamente con la publicación de fotografías personales, acusaciones de uso de magia negra, amenazas de prisión sin fundamento real y agresión física. Los ataques tenían como objetivo que Petrus Kinggo y la comunidad pararan las acciones de defensa del bosque consuetudinario.
Si bien estos ataques fueron denunciados a la policía local, ésta no respondió debidamente a los informes legales presentados. El gobierno local parecía sesgado y tampoco hizo lo necesario para garantizar la seguridad de los indígenas Kinggo. La empresa ha negado reiteradamente su implicación a pesar de las numerosas pruebas reunidas que la confirman.
Varias organizaciones de la sociedad civil han expresado su apoyo a que cesen de inmediato los ataques contra los defensores de los derechos humanos en Papúa por parte del Grupo Korindo. Los ataques contra Petrus como indígena y defensor de sus tierras constituyen una violación de los derechos humanos. El Estado debe protegerlo plenamente tanto a él como a la comunidad indígena Kinggo. El Grupo Korindo y sus subsidiarias deben respetar y aceptar la decisión de los pueblos de proteger sus bosques tradicionales.
La etiqueta FSC y Korindo: certificando la deforestación
Muchas de las acusaciones de los indígenas contra Korindo fueron investigadas por el Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés), una certificadora que supuestamente garantiza que los productos madereros provienen de empresas éticas y sostenibles. El informe del FSC sobre las acusaciones contra Korindo nunca se publicó, luego que la empresa amenazara legalmente. Sin embargo, un artículo de la BBC publicó algunas de las conclusiones de dicho informe.
El informe, según la BBC, reveló “pruebas más allá de toda duda razonable” de que las actividades de Korindo para la producción de aceite de palma destruyeron 30.000 hectáreas de bosque de alta conservación, en violación de las reglamentaciones del FSC; que Korindo “... apoyaba la violación de los derechos humanos y tradicionales en su propio beneficio”; y se estaba “beneficiando directamente de la presencia militar para obtener una ventaja económica desleal” al “ofrecer tarifas de compensación injustas a las comunidades”. El informe recomendaba inequívocamente que Korindo fuera expulsado del organismo. Pero la recomendación fue rechazada por el consejo del FSC. Entonces, la pregunta es, ¿qué defiende realmente la certificación FSC?
Korindo lleva las estrategias de intimidación a los tribunales de Alemania
La ONG Salva la Selva (Rettet den Regenwald) está actualmente siendo demandada ante el Tribunal de Distrito de Hamburgo, Alemania, por Kenertec, un fabricante indonesio de turbinas eólicas. El reclamo se basa en una carta que la ONG envió en 2016, junto con otras organizaciones, a las empresas energéticas Siemens y Nordex, informándoles que tienen relaciones comerciales con el Grupo Korindo, acusado de la destrucción masiva de selvas tropicales y de violar los derechos de pueblos indígenas de Papúa y Molucas del Norte. El caso judicial es un claro intento de silenciar e intimidar a la oposición; pero ha sucedido lo contrario.
Una carta de solidaridad en respuesta a la demanda, firmada por más de 100 organizaciones de todo el mundo, subraya que “en lugar de procesar a los perpetradores, los tribunales se utilizan cada vez más para acosar a los ambientalistas”. (2) La ONG ha adoptado una posición firme contra las estrategias de intimidación de la empresa, como afirmó en un comunicado de prensa: “Usaremos las audiencias para despertar al público y arrojar una luz aún más fuerte sobre la destrucción de la selva tropical”.
Es evidente que las plantaciones de palma aceitera a gran escala solo benefician a las grandes empresas y crean un ecocidio para la vida humana y la naturaleza de Papúa.
Si estos proyectos no se detienen de inmediato, inevitablemente habrá más destrucción.
Tigor Gemdita Hutapea & Franky Samperante
Yayasan Pusaka Bentala Rakya (Bentala Raya Heritage Foundation)
(1) En 2010, 1,2 millones de hectáreas de bosques de Merauke, Papua, fueron convertidos por el proyecto estatal de alimentación y energía MIFEE, que finalmente fracasó y generó diversos conflictos y problemas sociales. El gobierno recientemente volvió a planificar otro proyecto alimentario de 3,2 millones de hectáreas en los bosques de las zonas de Merauke, Boven Digoel, Mappi y Asmat.
(2) Salva la Selva, We will not be intimidated or silenced! – a declaration of solidarity, January 2021
(3) Salva la Selva, Hearings open in lawsuit against Rettet den Regenwald, January 2021