Boletín 254 - Ene / Feb 2021

Empresas contaminadoras hablan sobre alcanzar “cero emisiones netas” mientras planean continuar o incluso aumentar la destrucción y explotación. Las compensaciones están al centro de esta estrategia.

El pueblo indígena Karen de Bang Kloi regresó a sus bosques ancestrales de Kaeng Krachan, después de años de despojo por la creación del Parque Nacional Kaeng Krachan. Las comunidades Karen de todo el país se movilizan en solidaridad.

¿Acaso la introducción de políticas específicas de género en las actividades de empresas palmícolas y del sistema de certificación RSPO puede hacer algo más que encubrir la violencia así como el patriarcado y el racismo estructural inherentes al modelo de plantación?

A pesar de la vasta tala de manglares para darle paso a granjas camaroneras y la opresión de comunidades recolectoras y pescadoras, la industria accede a certificaciones.

El Grupo Korindo taló el bosque del pueblo Kinggo para establecer plantaciones de palma aceitera. Con promesas falsas y engañosas, persuadieron a Petrus Kinggo y a otros líderes a renunciar a sus bosques. Ahora, luchan contra Korindo, que tiene la certificación del FSC. (Disponible en indonesio).

Comunidades en África occidental y central deben confrontar los impactos de las plantaciones industriales de palma aceitera. Con la falsa promesa de traer ‘desarrollo’, las empresas, con el respaldo del gobierno, obtuvieron millones de hectáreas.

La crisis en Venezuela de 2013 al 2021 ha generado el colapso de una nación que había sido construida en torno al petróleo en los últimos 100 años. Esto ha configurado un escenario donde emerge un extractivismo predatorio.

Para capitalistas, los sistemas consuetudinarios y colectivos de tenencia de tierra son obstáculos para la generación de ganancias. Ha habido una fuerte presión para formalizar la propiedad privada sobre la tierra. Aquí, un resumen de ¡por qué esto debe parar!

Desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil, la deforestación no solo está en aumento, sino que está cada vez más fuera de control. Esto se debe en gran parte al desmantelamiento de los órganos de control del gobierno. Significa que quienes deforestan se sienten más fortalecidos con la impunidad imperante. Encima de eso está la política neoliberal de privatización del bosque, y otras acciones criminales, que en la práctica ponen al bosque y a Brasil en venta. Bolsonaro firmó recientemente el Decreto N °10.623/2021 que crea el programa “Adopta un parque”.

Una reciente publicación desentraña los argumentos científicos existentes detrás de las promesas del “cero neto” y cómo se usan para encubrir la falta de acción sobre el problema del clima. Se examinan las nuevas estrategias para expandir los mercados de compensación de carbono, ligadas a la nueva demanda de compensaciones por las promesas de reducción de emisiones a “cero neto”. La publicación, respaldada por nueve organizaciones, concluye que cualquier futuro con combustibles fósiles requerirá unicornios de carbono. Puede ver la publicación aquí.

Se presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) una demanda para verificar los impactos negativos y las posibles violaciones de los derechos humanos en Uruguay por las condiciones establecidas en el contrato de inversión firmado entre la multinacional finlandesa UPM y el gobierno uruguayo para instalar una nueva fábrica de celulosa en el país.

Un nuevo videoclip titulado “Cabo Delgado Weeps” (Cabo Delgado llora), producido por la ONG Justiça Ambiental - JA!, tiene como objetivo ayudar en la lucha contra el proyecto de gas en Cabo Delgado, Mozambique. Pueden ver el videoclip en portugués con subtítulos en inglés aquí.

En febrero de 2021, un exhaustivo informe confirmó acusaciones de larga data contra Golden Veroleum Liberia, una empresa controlada por el conglomerado Golden Agri Resources (GAR), la segunda compañía de aceite de palma más grande del mundo, que cotiza en Singapur. La empresa había sido acusada de la deforestación masiva de mil hectáreas de bosque, así como la violación de los derechos territoriales y culturales de las comunidades locales, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado y los requisitos sociales sobre las necesidades básicas y los agravios y reparaciones.

El gobierno de Malasia califica las restricciones de la Unión Europea sobre los combustibles a base de aceite de palma como una amenaza para miles de pequeños propietarios que dependen de la industria. Sin embargo, ¿será que la mayoría de los pequeños agricultores y trabajadores de la palma de aceite obtienen un ingreso considerable? Si bien Malasia se enorgullece de ser uno de los mayores productores de palma aceitera del mundo, queda invisibilizado que la mayoría de los trabajadores de las plantaciones, especialmente las mujeres y las familias pobres, viven en condiciones indignas y ganan una miseria. Esto contrasta notablemente con los ricos y poderosos propietarios de plantaciones a gran escala.