Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

La lucha por el derecho a decir NO: el Tribunal Permanente de los Pueblos del Sur de África

El Tribunal Permanente ha sido una herramienta clave para que las comunidades compartan sus luchas y construyan solidaridad, a la vez que desafíen el status quo diciéndole NO al poder de las empresas, la impunidad de los Estados y una agenda de desarrollo destructiva.

Comunidad Xolobeni, contra la minería. Foto: Paul Botes

“No queremos la minería. No queremos a su hijo. No queremos a su abuela. No queremos a su familia. No tenemos ningún deseo de conversar o tener conversación alguna con la gente de la mina”.

Estas fuertes palabras fueron pronunciadas por dos representantes del Comité de Crisis de Amadiba en el Tercer Tribunal Permanente de los Pueblos sobre empresas transnacionales en los países del Sur de África, celebrado en noviembre de 2018. El Comité de Crisis de Amadiba representa a la comunidad de Xolobeni, que ha estado luchando durante dieciséis años para evitar que el conglomerado minero australiano Transworld Energy and Minerals (TEM) extraiga la arena rica en titanio que se extiende a lo largo de la zona conocida como Wild Coast (costa silvestre) de Sudáfrica. (1) Para el Comité de Crisis de Amadiba, la tierra es parte intrínseca de la identidad pasada, presente y futura de la comunidad. Nonhle Mbuthuma, miembro fundadora del grupo, dice: “Creemos que sabemos quiénes somos por la tierra. Creemos que cuando pierdes la tierra, pierdes tu identidad”.

En abril de 2018, el Comité llevó su caso ante el Tribunal Superior de Sudáfrica, en un valiente esfuerzo por establecer justicia. (2) Ahora, meses después y poco más de una semana después del Tribunal de los Pueblos, las cortes fallaron en favor de la comunidad, declarando que, antes de otorgar derechos para la extracción minera, el Departamento de Recursos Minerales debe obtener el consentimiento “total y formal” del pueblo de Xolobeni.

En toda Sudáfrica, y no solamente allí, la lucha de Xolobeni se ha convertido en un caso emblemático para las comunidades que se resisten a las agendas de desarrollo enfocadas en las actividades extractivas, y que luchan por el derecho a decir NO. Esta victoria histórica ha sido inspiradora para las comunidades de todo el continente, un positivo recordatorio de que es posible lograr justicia a través de la organización sostenida, la construcción de movimientos y la solidaridad.

Fue este mismo espíritu de solidaridad y valiente resistencia contra el poder empresarial que impulsó el tercer período de sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre empresas transnacionales en los países del Sur de África. (3) Ésta fue la última instancia de un proceso de tres años de audiencias en el que las comunidades presentaron denuncias contra empresas transnacionales, exponiendo sus abusos contra los derechos humanos y los derechos colectivos, así como la sobreexplotación y destrucción desenfrenada de territorios. Las empresas, en connivencia con Estados e instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, propagan esta devastadora agenda de desarrollo extractivista, que prioriza las ganancias sobre las personas y el planeta, todo en nombre del “progreso”.

“Nos ha sorprendido la magnitud de la despiadada extracción, despojo y desplazamiento, así como la brutalidad demostrada por las empresas transnacionales en su búsqueda de ganancias”, dice la declaración final de los jurados al final de los tres días del tribunal. “Todo esto se ha hecho frecuentemente con la complicidad de los Estados y sus actores y organizaciones a la hora de reprimir, y en algunos casos masacrar, ciudadanos”.

A lo largo del proceso del tribunal, las comunidades presentaron un total de veinte casos contra las transnacionales presentes en Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Estos casos involucran desde compañías mineras y mega represas hasta grandes agronegocios y acaparamientos de tierras, y cada uno habla de la complicidad entre empresas, gobiernos e instituciones financieras para defender un sistema de impunidad global. (Pueden leer más información sobre los casos aquí, aunque de momento solo en inglés)

La lucha contra las mega represas: ¡No más Inga 3!

Uno de los casos presentados ante el Tribunal fue el de las comunidades que se pronunciaron en contra del proyecto de la mega represa hidroeléctrica Grand Inga, en la República Democrática del Congo (RDC). (4) Con la promesa de “brindar energía a la industrialización regional y desbloquearla” mediante la electrificación de la RDC y el continente africano, el Plan de represas hidroeléctricas de Inga (Inga 1 y 2) ya ha desplazado comunidades en la RDC. Si Inga 3 sigue adelante según lo planeado, unas 37.000 personas cuyos medios de vida dependen del río Congo sufrirán la misma suerte.

Las empresas mineras se han beneficiado al máximo de la energía hidroeléctrica generada por los dos primeros proyectos Inga, dejando a numerosas comunidades sin suministro de energía confiable. Actualmente, el 85% de la población de la RDC no tiene acceso a la electricidad. (5) El reciente Plan de Recursos Integrados de Sudáfrica avanza por un acuerdo entre la RDC y Sudáfrica que garantizará 2.500MW de electricidad para Sudáfrica en 2030. (6) Mientras tanto, las personas más directamente afectadas por este megaproyecto no se beneficiarán en absoluto de la electricidad, que se enviará a través de seis países para impulsar la minería y otras industrias extractivas en Sudáfrica. “Dormimos en el sitio de la represa de Inga, pero vivimos en la oscuridad”, dijo Jane*, una activista congoleña que habló en el Tribunal de los Pueblos.

En el Tribunal, las activistas también destacaron la carga especial que recae sobre las mujeres cuando llegan megaproyectos como Inga, que amenazan vidas y medios de supervivencia. Una activista expresó: “Dependemos de la agricultura – ¿cómo vamos a  alimentarnos? ¿cómo vamos a alimentar a nuestros hijos? ¿cómo vamos a sobrevivir? Las mujeres que vivimos en Inga dependemos de la agricultura, eso es lo que nos permite alimentar a nuestros hijos. Ahora estamos sufriendo una sequía a causa de la represa. La producción de alimentos ha disminuido por culpa de la infraestructura. Mi esposo tiene que ir a la aldea vecina para encontrar algunos animales de caza, porque aquí los animales han comenzado a desaparecer. Nosotros, que vivimos cerca de la represa, ni siquiera tenemos electricidad”.

Las comunidades que luchan contra la represa Inga 3 se han enfocado también en los Estados involucrados, y escribieron una carta al gobierno de Sudáfrica. También lanzaron la campaña Stop Inga 3 (). Exigen la retirada de empresas chinas, españolas y sudafricanas, así como cualquier participación estatal en el plan. Su resistencia es inspiradora. Trabajan en un contexto cada vez más represivo para luchar por el derecho a Decir NO y para reclamar una compensación para quienes fueron desplazados por las represas Inga 1 y 2.

Las comunidades de Sudáfrica ya han comenzado a responder al llamado, visualizando una clara oportunidad de realizar estrategias conjuntas y solidarizarse en el reclamo ante el  gobierno sudafricano para que se haga responsable. “El río Congo pertenece a la gente, pero nos lo han quitado. Nunca consultaron a las comunidades. En Sudáfrica nunca nos dijeron que recibiríamos electricidad proveniente de la RDC. Y aún si la comunidad la recibiera, no podríamos disfrutarla, conociendo la violencia, la militarización y la destrucción que aplican en la RDC”, declaró Caroline Ntaopane, de la red de mujeres africanas contra la extracción destructiva de recursos (WoMin Alliance) .

El Tribunal de los Pueblos ha sido una plataforma importante para que las comunidades de la región del sur de África compartan sus luchas y construyan solidaridad, presenten casos graves de violaciones por parte de las empresas y desafíen el status quo al exponer la brutalidad y la insustentabilidad del llamado “desarrollo”.

Ésas y muchas otras comunidades trabajan juntas en la organización de una campaña por el Derecho a decir No. Esta campaña es “una amplia movilización y convergencia del activismo y solidaridad transnacionales”. Se basa en los principios del consentimiento libre, previo e informado. (CLPI) y se apoya en la organización dinámica de movimientos, sindicatos, organizaciones de mujeres y muchos otros en comunidades como Xolobeni en el sur de África e Inga en la República Democrática del Congo, quienes se están luchando para decir NO al poder empresarial, la impunidad de los Estados y una agenda de desarrollo nociva para los pueblos y el planeta.

Maggie Mapondera
WoMin African Alliance, http://www.womin.org.za/

* El nombre de la dirigente fue cambiado por razones de seguridad

(1) CIDSE, Xolobeni Community and the Struggle for Consent, noviembre de 2017
(2) The Guardian, South African community wins court battle over mining rights, noviembre de 2018
(3) https://www.stopcorporateimpunity.org/permanent-peoples-tribunal-transnational-southern-africa/
(4) Daily Maverick, SA does not need the Grand Inga Project, noviembre de 2018
(5) No to Inga 3, Yes to accessible energy across Congo
(6) South African government releases Integrated Resource Plan draft, agosto de 2018