Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

La minería depredadora en Venezuela: Arco Minero del Orinoco, economías de enclave y Plan Minero Nacional

La crisis en Venezuela de 2013 al 2021 ha generado el colapso de una nación que había sido construida en torno al petróleo en los últimos 100 años. Esto ha configurado un escenario donde emerge un extractivismo predatorio, donde prevalece la minería, y donde se intensifica la violencia política y la militarización de la sociedad.

Mina de oro conocida como “Ocho muertos” en Las Claritas. 2016: Clavel Rangel. Foto: Human Rights Watch

El colapso de la Venezuela petrolera y la emergencia de un extractivismo predatorio

La crisis que se ha desarrollado en Venezuela de 2013 al 2021, la más extraordinaria de su historia republicana y quizás de toda América Latina, ha generado el colapso de una nación que había sido construida en torno al petróleo en los últimos 100 años. Por motivos de espacio, no podemos extendernos sobre las causas y responsabilidades de cómo llegamos hasta aquí. No obstante, es importante mencionar que, precisamente en el momento de esplendor del proceso bolivariano (2004-2009), el rumbo elegido por el Gobierno de Hugo Chávez acentuó el patrón extractivista-rentista petrolero que ya había colapsado a fines de los ochenta, y que había abierto una crisis tremenda de la que emergería la propia figura de Chávez en la década de los 90. A pesar de las pugnas con los sectores de oposición apoyados por el eje de Estados Unidos-Unión Europea, fueron los errores, la corrupción y las corrientes conservadoras en el seno del Gobierno, los factores principales que determinaron dicho rumbo y la posterior debacle nacional.

La muerte del Presidente Chávez en 2013 y el derrumbe de los precios internacionales del crudo desde 2014 fueron dos detonantes que, por un lado, van a reabrir las disputas políticas por el control del Petro-Estado, y por el otro, van a impulsar un desplome tanto de la economía rentista petrolera como de las propias instituciones estatales. Esto se ha traducido en un impresionante derrumbe del PIB de cerca del 70% desde 2014 hasta hoy, de la producción agrícola e industrial y, de la más destacada, la producción petrolera, que varios años atrás promediaba los 3 millones de barriles diarios y a fines de 2020 rondaba apenas los 350.000 barriles diarios –cifra similar a la producción de los años 40. Esto, sin contar la hiperinflación desde 2018 (la más alta del mundo desde hace varios años), una deuda pública que supera los 130 mil millones de dólares, y el agravante de las sanciones internacionales, primordialmente las impuestas por los Estados Unidos desde 2017.

Este marco, con una escalada conflictividad política entre principalmente el gobierno y la oposición, ha producido un acelerado proceso de disolución del Petro-Estado venezolano –lo que no implica la desaparición del Estado en sí mismo. En medio de un conjunto fragmentado de poderes e intereses particulares, prevalece una absoluta impunidad, una corrupción generalizada y la resolución de los asuntos políticos y los conflictos por la vía de la fuerza. Con la progresiva desintegración de la economía rentista basada en el petróleo, lo que va a ir dominando son las economías subterráneas, que van desde importantes redes de especulación, corrupción, extracción y contrabando (en buena medida articuladas con capitales internacionales y/o grupos delincuenciales), hasta el extraordinario auge de la economía informal, que termina siendo el principal canal de intercambio de la economía doméstica. Estas redes de corrupción y economías ilícitas alimentan además a facciones gubernamentales, incluyendo al sector militar, lo cual se ha agravado a medida que el Petro-Estado ha venido colapsando.

Si apreciamos estas dinámicas en su contexto internacional, Venezuela queda más expuesta que nunca a los flujos salvajes de la economía globalizada, siendo que la geografía venezolana está siendo jaloneada por múltiples actores del despojo y la re-colonización –de ahí que en los últimos años haya aumentado la internacionalización del conflicto en el país.

Estos factores han configurado un nuevo escenario donde emergen nuevas gobernanzas, procesos de territorialización, y en síntesis un extractivismo predatorio. Dicho extractivismo se caracteriza por estar fragmentado y relativamente feudalizado. Se promueve una multiplicación de operaciones de extracción y despojo de recursos naturales, en las cuales prevalece la minería (y ya no tanto el petróleo) como una actividad fundamental para la reproducción de estructuras de poder local y nacional (continúa habiendo una conexión con poderes centrales del Gobierno nacional, ubicado en Caracas).

En este sentido, a pesar de lo revuelto y fragmentado del escenario nacional, también opera una política de Estado, que en el Gobierno de Nicolás Maduro ha evolucionado hacia la instauración de un régimen de perfil dictatorial en el que prevalece el estado de excepción permanente –jurídico y de facto–, el uso extendido de la violencia política y la militarización de la sociedad. Asimismo, también apunta hacia un proceso progresivo de neoliberalización, que a través de una serie de leyes, decretos y emprendimientos concretos, desregula y promueve la apropiación de la naturaleza y los territorios para actores nacionales e internacionales involucrados en la acumulación de capital.

La evolución minera en la Venezuela en crisis: Arco Minero del Orinoco y Plan Minero Nacional 2019-2025

La crisis de la economía petrolera venezolana, que se desarrolla desde la década de los 80, abrió nuevas geografías de extracción que se orientaron, en primera instancia, en los crudos no convencionales de la Faja Petrolífera del Orinoco, y progresivamente y en paralelo, a la expansión de la minería de oro en la Amazonía. Varias políticas puntuales habían sido impulsadas por Chávez en los primeros lustros de su Gobierno, pero fue en 2011 cuando anunció el nacimiento de un mega-proyecto minero sin precedentes en la historia venezolana: el Arco Minero del Orinoco (A.M.O.). (1)

El proyecto del A.M.O. abarca una enorme poligonal de casi 112.000 kms2 a lo largo de todo el norte del extenso estado Bolívar, para la explotación de importantes concentraciones de oro, bauxita, coltán, diamantes, entre otros. Esto además se inscribía en un plan de desarrollo que se proponía reactivar y reimpulsar cuanto potencial minero existiese en el país, que abarcaba no sólo la Amazonía, sino todo el norte del río Orinoco, donde dicho potencial está primordialmente en la minería no metálica como el carbón, las arenas, el feldespato, entre otros.

La crisis 2013-2021 fue socavando la economía extractivista formal en el país. Esto le otorgó cada vez más valor al oro, tanto para el Gobierno de Nicolás Maduro, como para la población (como fuentes de sustento ante la debacle interna), e incluso para los grupos que impulsan las economías clandestinas y redes de corrupción, que han experimentado una notable explosión en este período.

En este contexto, en febrero de 2016, el Presidente Maduro formalizó la creación del A.M.O., estableciéndolo como una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, que es básicamente una Zona Económica Especial – un tipo de figura geo-económica de flexibilización radical. En un primer momento el Gobierno planteó que el A.M.O. venía para ‘darle orden’ a la descontrolada minería ilegal que crecía dramáticamente desde la década de 2000. Con este argumento, Maduro y su Gobierno trataban de legitimar el proyecto. Por otro lado, se promovían acuerdos poco transparentes con empresas nacionales e internacionales, dado que no se han revelado públicamente los detalles de los mismos. Cabe destacar que tampoco se conoce de estudios de impacto ambiental del proyecto –algo que contempla la Constitución– o de procesos de consulta previa, libre e informada. En cambio, sí se conocen las denuncias de cooptación de comunidades indígenas para que validen la ejecución del proyecto –señalado por organizaciones de derechos humanos e indígenas como Provea o GTAI. (2)

Se ha registrado un progresivo crecimiento de presencia militar en la zona, siendo que el Gobierno también le otorgó facultades especiales a las Fuerzas Armadas para garantizar la continuidad de la actividad minera e impedir resistencias que obstaculicen las operaciones. Así, se implementó una “Zona Militar Especial” para el A.M.O. y se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), adscrita al Ministerio de la Defensa, la cual estaba facultada para una prácticamente ilimitada cantidad de funciones en los procesos de extracción y comercialización de recursos naturales, colocando de lleno y abiertamente al sector militar en el negocio extractivista.

No obstante, lo que ha ido prevaleciendo en el A.M.O. y mucho más allá de sus poligonales en la región amazónica (donde también hay concentraciones de oro y diamantes), es un tipo de minería dominada por lógicas ilícitas y criminales, y por poderes locales armados de carácter irregular, que terminan articulándose con sectores del Estado en franca descomposición. La inestabilidad del país ha provocado que las actividades formales de inversión, exploración y explotación minera se compliquen, algo que se acentuó aún más con las sanciones internacionales. Del mismo modo, los grupos armados presentes en numerosos territorios del A.M.O. también hacen muy difícil la ejecución empresarial ‘limpia’ y transparente. A su vez, la firma de los Acuerdos de paz en Colombia en 2016, promovió el desplazamiento de actores armados del conflicto de ese país, varios de los cuales se fueron incorporando a estas dinámicas mineras en la Amazonía venezolana. A pesar de esto, el Gobierno de Maduro logra captar parte de ese oro, justificado primordialmente a través de la organización estatal de brigadas mineras, de las cuales se anuncia que venden el oro al Banco Central de Venezuela.

El despliegue de esta minería predatoria que es fundamentalmente ilegal –porque además viola leyes ambientales y derechos sociales– se expresa con más fuerza en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, Paragua, Caura (en el estado Bolívar), pero también de los ríos Ventuari, Sipapo, Negro, cabeceras del Orinoco, entre otros (en el estado Amazonas). La Red Amazónica de Información Socio Ambiental Georeferenciada (RAISG) ha detectado cerca de 2.000 sitios con actividad minera ilegal y se ha estimado que unas 189.000 personas estarían trabajando en las minas en la Amazonía venezolana. El Gobierno estima que el total de oro extraído para 2019 en el país fue de 25,4 toneladas (3), lo que representaría una cifra sin precedentes en la historia –otros analistas más cercanos a partidos de oposición hablan de 80 toneladas. (4)

Más allá del A.M.O. y la Amazonía, el Gobierno ha establecido a la minería como alternativa para ‘salir de la crisis’ y ‘diversificar la economía’. Para ello ha ofrecido prácticamente todo el territorio nacional, lo que se expresa con claridad en el ‘Plan Minero Nacional 2019-2025’, que sistematiza, como nunca, la meta de aumentar la producción del país a su máxima capacidad. Al norte del Orinoco, también se ofrecen ‘oportunidades de negocios’ en la minería, mientras se multiplican minas y operaciones de extracción arbitrarias, irregulares, atravesadas por la corrupción, el pillaje y la ilegalidad. Areneras que tienen a pobladores locales bajo amenaza; funcionarios militares extrayendo carbón vegetal para su comercialización; emprendimientos devastadores y sin ningún control, como el de la minería de arenas en el río Turbio (5); u otros que emergen bajo las sombras y que generan conflictos con las poblaciones locales, como el ya conocido caso de las iniciativas de minería de cal y feldespato en el Cerro La Vieja, estado Lara. (6)

Durante la pandemia de la COVID-19, se ha impuesto una mayor impunidad y dinámicas económicas muy inestables. Se han detectado por parte del Gobierno estrategias para aprovechar la pandemia e impulsar su agenda minera. Un ejemplo es la promulgación en abril de 2020 de la Resolución N° 0010 mediante la cual se autoriza la minería de oro, diamantes y demás minerales estratégicos, en importantes ríos de la Amazonía venezolana, como lo son el Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní. La resolución supone una dramática expansión de las áreas y modos de explotación (como la explotación fluvial con balsas industriales) en el marco del devastador proyecto A.M.O. Por mencionar ejemplos al norte del Orinoco, pobladores de Sarare (Lara) han denunciado los intentos de implantar la minería en la zona que, para lograrlo, buscan expropiar, invadir y expulsar de sus parcelas a campesinos y productores; o bien el caso de los Morros de Macaira (Guárico), donde se continúa la extracción de yeso y caliza. (7)

Resistencias y disputas territoriales

Este devenir minero predatorio ha estado atravesado por altos niveles de conflictividad. Múltiples conflictos socio-ambientales de diversos grados se han evidenciado en numerosos territorios en torno al A.M.O.  Pero además, se ha configurado un conflicto socio-ambiental de escala nacional e internacional, probablemente el de mayor trascendencia en la historia contemporánea del país. Esto ha implicado la articulación de numerosos actores –tales como organizaciones indígenas, sectores académicos, grupos ambientales, colectivos de derechos humanos, artistas y representantes políticos, entre otros– en un conflicto que ha interpelado al Gobierno de Maduro y al modelo extractivista en el país. Esto ha implicado campañas, movilizaciones, recursos judiciales –como la introducción de un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia– que han tenido mucha trascendencia, y la denuncia han llegado incluso a instancias internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

A nivel de los territorios, varios pueblos indígenas han resistido tanto al avance de mineros ilegales como de los grupos militares que aprovechan el negocio. Comunidades indígenas pemón en la Gran Sabana han plantado resistencias de diverso tipo; comunidades uwottuja del estado Amazonas se han visto obligados a activar mecanismos de autodefensa para enfrentar a los grupos armados que irrumpen en sus territorios (8); igualmente ha ocurrido con comunidades indígenas ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura y Erebato. Como medida de autodefensa y de protección de los territorios demandan la demarcación de sus territorios como lo contempla la Constitución del país.

También conviene resaltar las movilizaciones desarrolladas entre pueblos indígenas y criollos en el bajo Caura (estado Bolívar), que se han opuesto a la instalación de nuevas plataformas (balsas industriales) para la explotación minera en el río, a pesar de la situación de precariedad de los servicios públicos en la zona. (9) Estas protestas involucraron a sectores populares de Maripa que rechazaban la minería –a pesar que la actividad se ha vuelto un refugio para salir de la pobreza. Su persistencia en 2020 logró detener a las balsas mineras –y se derogaría la Resolución 0010.

Al norte del Orinoco también se han desarrollado interesantes movilizaciones contra la minería. Destacan las movilizaciones en defensa de El Cerro La Vieja en el estado Lara, que lograron buen impacto a nivel local y nacional. La histórica lucha contra el carbón en el estado Zulia ha persistido, aunque la crisis y la violencia en la zona ha mermado estas luchas.A su vez se evidenciaron otras movilizaciones en regiones centrales y llaneras en defensa de parques nacionales, monumentos naturales y áreas delicadas que han tenido cierta resonancia mediática, contribuyendo a la causa ambiental.

En general los grupos movilizados sufren sobremanera no sólo el deterioro de las condiciones de vida, sino la debacle institucional y de los derechos sociales en el país, por lo que se hace cuesta arriba canalizar sus demandas por las vías regulares. El contexto de Venezuela es de constantes y abundantes protestas, aunque estas suelen ser fragmentadas y localizadas. Desde este contexto es que se siguen desarrollando estas resistencias, en los intentos de resaltar aún más el vínculo ecológico/ambiental con las demandas de justicia social.

Emiliano Teran Mantovani
Observatorio de Ecología Política de Venezuela

(1) Boletín del WRM, Crisis y agotamiento del modelo petrolero en Venezuela: la mega-minería y las nuevas fronteras de la extracción, 2017
(2) Derechos humanos en el contexto del proyecto “Arco Minero del Orinoco” en Venezuela, Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), noviembre 2016
(3) Desarrollo Minero Ecológico, Venezuela producirá 80 toneladas de oro a partir de 2025
(4) VOA, Al menos 80 toneladas de oro salen de Venezuela por contrabando al año, según expertos, 2019
(5) El Impulso, Militares estarían implicados en extracción de arena del Turbio, 2017
(6) Observatorio de Ecología Política de Venezuela, La lucha contra la minería y la defensa del cerro La Vieja continúa, 2019
(7) Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Denuncian minería en el Monumento Natural Morros de Macaira en Guárico, 2019
(8) Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Pronunciamiento del Pueblo Uwottüja («piaroa») ante la presencia de grupos armados y actividad minera en su territorio, 2020
(9) Observatorio de Ecología Política de Venezuela, En Bolívar comunidades protestan en contra de instalación de balsas mineras en Río Caura y por falta de combustible, 2020