Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Las plantaciones de SOCFIN en África: muchas zonas de violencia y destrucción

En 2016, la multinacional del agronegocio SOCFIN Group, controlada por la familia belga Fabri (50,2 por ciento de las acciones) y el grupo francés Bolloré (39 por ciento de las acciones), anunció su denominada política de “gestión responsable”. (1) Esta política se refiere a normas ambientales estrictas, respeto de los derechos humanos, transparencia, certificación de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), buena gestión, entre muchas otras. Pero estas palabras son vacías al no representar prácticas transparentes, responsables y respetuosas hacia las comunidades que viven dentro y alrededor de las plantaciones, quienes experimentan a diario el verdadero comportamiento de la empresa.

Este artículo analiza lo que está sucediendo en algunos de los países en los que SOCFIN promueve sus plantaciones de caucho y palma aceitera. Revela la gran brecha entre su denominada política de “gestión responsable” y la realidad de violencia y destrucción en torno a las plantaciones, con las que, con la complicidad de los gobiernos nacionales, intentan reprimir la resistencia popular.

Nigeria

Okomu Oil Palm Company PLC es una empresa nigeriana de plantaciones industriales de palma aceitera y caucho. Okomu fue fundada en 1976 como  empresa estatal, pero en 1990 SOCFIN adquirió parte de la compañía y ahora posee el 63 por ciento de las acciones. En 1998, la llegada de la empresa implicó que por lo menos cuatro aldeas fueran destruidas y ​​que la gente fuera expulsada de sus casas, propiedades y tierras de labranza: las cuatro aldeas son Owieke – con 25 casas -, Agbede – con 31 casas -, Lemon – con 15 casas – e Ijawgbini – con 7 casas -. Una investigación estatal acusó a los aldeanos de ser ocupantes ilegales, aunque el mismo informe reconoció que ya estaban en esas tierras antes de que la zona fuera declarada Reserva Forestal en 1912. Y la ordenanza forestal de 1935 también afirmó la existencia de estos pueblos antes de ese año.

En 2010 se iba a desalojar otra aldea, Markilolo, pero la gente se resistió a los planes de desalojo de la empresa Okomu. En respuesta, las fuerzas de seguridad encerraron a la aldea, aislándola y cortando todo vínculo con el mundo exterior, como forma de quebrar la resistencia. La empresa pretendió, en primer lugar, durante más de tres meses (desde el 17 de noviembre de 2010 al 25 de febrero de 2011) ganarse el apoyo de las otras aldeas para desalojar Markilolo y, en segundo lugar, tratar de obligar a los líderes de la resistencia de Markilolo a firmar un acuerdo con la empresa que establecía que la aldea ocupa ilegalmente la propiedad de la compañía. Al final la empresa logró obtener un acuerdo firmado, pero sólo por un pequeño grupo de personas que no son miembros de la Comunidad Markilolo.

El acuerdo establece que “Okomu Oil Palm Company es propietario legal de todas las tierras que actualmente son usadas u ocupadas por los ocupantes de Markilolo (…) y todos los ocupantes de Markilolo acordaron que no son los propietarios legales de la tierra y no tienen título o tenencia sobre la misma (…) A pesar de que Okomu Oil Palm Company es el propietario legal y posee todos los derechos y títulos de conformidad con la ley nigeriana, permitirá a los ocupantes de Markilolo permanecer y llevar a cabo sus tareas cotidianas en la tierra definida por la presente”. Sin embargo, la empresa sólo dejó 50 acres (alrededor de 20 hectáreas) como “donación” a la comunidad y, además, le impuso restricciones a su uso, como no plantar cultivos alimenticios. Asimismo, el río del cual la aldea dependía para su abastecimiento de agua se contaminó con los agrotóxicos aplicados en la plantación de palma aceitera. (2)

En 2015, el gobierno del Estado de Edo, bajo el ex gobernador Adams Oshiomhole, ordenó la revocación de esos acuerdos debido a los turbios negocios en los que estaba involucrada la compañía. La decisión fue publicada en el boletín oficial del Estado de Edo el 5 de noviembre de 2015. La orden de revocación abarcó alrededor de 13.750 hectáreas que se extendían desde las reservas forestales de Okomu hasta la Reserva Forestal de Owan, abarcando las divisiones administrativas de Ovia North East, Uhunmwode y Owan.

Pero hasta ahora Okomu ha desobedecido la orden de revocación del gobierno estatal de Edo. En cambio, la compañía ha militarizado las zonas de las comunidades y, contando con protección militar, comenzó a derribar los árboles del bosque para poder expandir sus plantaciones de palma aceitera. Como resultado fueron desplazadas más de 20 mil comunidades campesinas y que dependen de los bosques. Las aldeas de Okomu, Agbede, Ik camp, Makilolo, Lemo, Oweike, Avbiosi, Sobe, Uhiere, Owan, Ugbebezi, Oke-Ora, Ekpan, Oke, Atorumu, Ogbetu, Umokpe, Orhua, Ozalla, Sabo, Odiguetue, Agudezi, Uhunmora, Uzeba y Odighi son algunas de las comunidades directamente afectadas. (3)

El 21 de junio de 2017, a pesar de varios intentos de intimidación de las fuerzas de seguridad, comunidades, campesinos y mujeres afectados por la palma aceitera, y grupos de la sociedad civil como ERA / Amigos de la Tierra Nigeria, organizaron una masiva protesta contra la complicidad del actual Goberandor del Estado Edo, Obaseki, con las actividades de Okomu.

Sierra Leona

SOCFIN llegó a Sierra Leona en 2011, prometiendo empleos y becas a los habitantes de la jefatura de Malen, en el distrito de Pujehun, en la Provincia del Sur. Pero lo que en cambio hizo fue imponer pagos a los propietarios de tierras y apoderarse de tierras de las que dependen los habitantes locales. Como compensación por los cultivos que las comunidades perdieron por las plantaciones de palma aceitera, SOCFIN pagó la suma de 200 dólares por acre [alrededor de media hectárea] por un período de 50 años. SOCFIN también paga un arriendo anual de 5 dólares por acre, de los cuales el 50 por ciento corresponde a los propietarios de las tierras y el resto se paga a las autoridades locales y al gobierno central. Estas cifras son absolutamente ridículas, considerando que cada familia podría ganar más de 200 dólares por acre al año trabajando en sus tierras. A los escasos miembros de la comunidad que consiguieron trabajo en la empresa se les paga muy poco.

SOCFIN quiso reubicar a algunas comunidades, pero la población se resistió. En 2011 se creó una organización de propietarios y usuarios de la tierra (Malen Land Owners and Users Organisation – MALOA), después de que 40 propietarios de tierras fueran arrestados por la policía local durante una protesta contra las actividades de SOCFIN. Desde entonces, los miembros de MALOA han sufrido constantes intimidaciones, incluso arrestos. Se han presentado al menos cinco casos penales contra líderes y miembros de MALOA, entre ellos seis líderes de MALOA en 2013 y once en 2015. En todos los casos, los miembros de MALOA fueron detenidos durante varios días, y a veces durante semanas, sin juicio. El 4 de febrero de 2016, los seis líderes de MALOA fueron sentenciados y se les aplicó una multa de alrededor de 35 mil dólares. La multa draconiana pudo pagarse a través de una campaña internacional de recaudación de fondos. En julio de 2017, los once miembros de MALOA fueron multados con 27 dólares cada uno.

En 2015, MALOA registró a cerca de dos mil personas de la zona como miembros, pero el proceso de registro se detuvo cuando siete miembros de MALOA, incluidos los miembros encargados del proceso, fueron arrestados en septiembre de 2015 por “anotar nombres de personas” sin el conocimiento de las autoridades locales. En marzo de 2017, el Jefe de Gabinete de la Oficina Presidencial se puso en contacto con MALOA para comunicarle que tenía un mandato del Presidente para abrir un diálogo entre SOCFIN y las comunidades. Pero algunos de los mediadores y personas de contacto propuestas son conocidos por ser críticos de MALOA y de otras organizaciones que se oponían a SOCFIN, lo cual era inaceptable para MALOA. Desde entonces el Jefe de Gabinete ha mantenido dos reuniones con representantes de MALOA, pero parece faltar la necesaria voluntad política para avanzar en el diálogo, por lo que éste todavía está por despegar.

Las mujeres de MALOA denuncian que las condiciones de trabajo en las plantaciones de SOCFIN son malas, especialmente para ellas. Una trabajadora, madre de varios hijos, declaró que tiene que salir de su casa a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar, dejando a sus hijos mal alimentados. Dice que antes de que llegara SOCFIN podía alimentar a sus hijos con lo que producía en su campo, y con ese ingreso podía pagar las cuotas de la escuela. Ahora, el dinero que gana por trabajar en las plantaciones de SOCFIN no alcanza para pagar la escuela. Además, al tener que ausentarse de su casa y no poder atender debidamente a sus hijos, se crearon otros problemas. Las mujeres también sufren violencia, abusos y arrestos. Una mujer embarazada fue arrestada por la acusación de “robar” frutas de palma de aceite de la compañía.

Los miembros de MALOA han organizado plantones como forma de protesta y exigen una revisión del acuerdo de concesión, así como una investigación independiente de sus reclamaciones y la puesta en práctica de las recomendaciones contenidas en el informe de la investigación sancionada por la Agencia de Protección Ambiental sobre la contaminación del río Malen por sustancias químicas utilizadas por SOCFIN. También quieren la devolución de algunas tierras agrícolas y una compensación adecuada por sus tierras y cultivos, ya que eso significaría un poco de mejoría en su situación actual. Sin embargo, saben que sin sus tierras la situación nunca será la misma y por lo tanto continuarán la lucha hasta que las recuperen.

Liberia

SOCFIN tiene actividades en Liberia desde 1983. A través de sus dos filiales, Liberian Agricultural Company (LAC) y Salala Rubber Corporation (SRC), ha conseguido acceder a casi 130 mil hectáreas mediante concesiones de tierras, de las cuales más de 18 mil hectáreas son para plantaciones de caucho (4).

La empresa ha empujado a las comunidades a una situación de extrema pobreza. En mayo de 2006, la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) publicó un informe que describía la grave situación de los derechos humanos en la plantación: niños trabajadores menores de 14 años, uso masivo de la subcontratación, uso de productos cancerígenos, aniquilamiento de los sindicatos, despidos arbitrarios, uso de milicias privadas y desalojo de los campesinos que obstaculizan la expansión de las plantaciones.

El testimonio de una mujer de una comunidad afectada por las plantaciones de caucho de Salala muestra la terrible situación a la que se enfrentan ahora: “Crecí en un pueblo que recibieron mis antepasados. Solíamos movernos libremente por nuestras comunidades. Teníamos tierra en abundancia que utilizábamos para actividades agrícolas, bosques donde cazábamos y recolectábamos plantas medicinales y ríos donde pescábamos. Un día soleado de 2010 en que estábamos en nuestro pueblo, vimos aproximarse caminando a un grupo de hombres con cuchillos, hachas y otras herramientas de trabajo. Cuando llegaron les preguntamos por qué estaban aquí. Nos contestaron que hacía mucho tiempo que la compañía de caucho de Salala le había comprado al gobierno la tierra que estábamos ocupando. Les dijimos que eso nos resultaba muy extraño porque en esta tierra nacimos, crecimos y tuvimos hijos, ¿cómo entonces podía ser de la compañía? Nos contestaron que al día siguiente debíamos dejar libre el pueblo porque la compañía estaba lista para comenzar sus actividades.

La noche después de esa visita, mientras dormíamos, llegaron con la policía y las máquinas amarillas. Las máquinas amarillas empezaron a tirar abajo los árboles (de caucho, café, cacao, plátano, naranja, etc.) que rodeaban el pueblo, y destruyeron nuestras fuentes de agua. Los habitantes del pueblo nos despertamos con el ruido de las máquinas. La gente lloraba y tuvo que irse dejando todas sus cosas. Cada uno se fue por su lado tratando de encontrar un nuevo lugar donde empezar la vida, así que la comunidad se deshizo, ya no estamos juntos y estamos sin tierra. Teníamos niños muy pequeños, de apenas un mes de edad, y con ellos tuvimos que caminar dos o tres horas para llegar a la aldea más cercana. Durante nuestro largo viaje no tuvimos nada para comer ni agua para beber. Sufrimos mucho, nos dolían las piernas y se nos hincharon los pies. Llegamos al pueblo más cercano sin tener idea de dónde podríamos dormir esa noche. Durante muchos meses dormimos en el piso de una vieja cocina abandonada. Otras aldeas vecinas donde la empresa comenzó a realizar sus actividades también tuvieron experiencias similares o incluso peores.

La Compañía SOCFIN destruyó todos nuestros campos agrícolas, destruyó la tumba de mis padres, destruyó nuestros árboles frutales, nuestros sitios culturales y sitios sagrados, nuestras escuelas tradicionales para niñas y niños. La compañía también destruyó el lugar donde realizábamos curaciones de mordeduras de serpiente y estropeó el sitio sagrado donde las mujeres van a parir.

Ahora nos hemos convertido en mendigos por todo lo que nos quitaron. Arrendamos a los propietarios de tierras de nuestra nueva aldea una pequeña parcela donde plantamos cultivos para nuestra supervivencia. Los productos químicos utilizados en las plantaciones de caucho también han contaminado el río que usan los miembros de la nueva aldea. Nosotros preferimos usar un pantano como fuente de agua. Todas las mañanas abrimos hoyos allí y sale agua que no está limpia, pero no tenemos más remedio que usarla para beber y para las otras actividades relacionadas con el agua. Preferimos esa agua a morir por el agua contaminada.

Nosotras las mujeres, nuestros hijos mayores y los hombres, no tenemos trabajo. Los niños tienen que quedarse en casa y no van a la escuela porque no hay una escuela en la comunidad. No hay instalaciones de salud, por lo que hemos tenido muchas muertes por enfermedades comunes, por no hablar de la muerte de las mujeres embarazadas y sus bebés no nacidos. Somos una familia de cinco, incluido mi padre ciego. Ahora hago trabajos agrícolas en general, lo que implica desmalezar, rastrillar, plantar arroz, etc. Voy de una parcela a otra haciendo cualquier trabajo que me den y recibo un dólar por trabajar todo el día, que lo uso para conseguir comida para la familia. No tengo nada más que hacer que pueda ayudar a mejorar mi nivel de vida”.

(Por razones de seguridad se mantiene el anonimato de este testimonio.)

Camerún

En Camerún, en 1968 el gobierno creó SOCAPALM, una empresa nacional de palma aceitera que fue privatizada en 2000 y vendida al grupo SOCFIN. En 2005, el Estado garantizó a las comunidades que recibirían 20 mil hectáreas de tierras, pero no informó a las comunidades afectadas sobre el acuerdo de compra de SOCFIN. Recién en 2008 los miembros de las comunidades descubrieron que, a pesar de la privatización, sus derechos estaban asegurados en el contrato entre SOCFIN y el Estado de Camerún. A pesar de eso, la empresa continúa promoviendo y expandiendo plantaciones de palma aceitera en tierras que pertenecen a las comunidades, sin pagar arrendamiento o indemnización.

En 2010, las comunidades que viven en las zonas de las plantaciones de SOCFIN formaron la Sinergia Nacional de Campesinos y Ribereños de Camerún (SYNAPARCAM, por sus siglas en francés), organización que reúne a miembros de seis plantaciones diferentes y que pretende defender sus derechos. El gobierno la reconoció recién en 2014.

SYNAPARCAM, junto con organizaciones de otros países, como MALOA en Sierra Leona, y otras, creó una alianza de personas perjudicadas por SOCFIN. En 2013 organizaron acciones en cuatro países para protestar contra SOCFIN y reivindicar sus derechos. Esto dio como resultado que en octubre de 2014 se hiciera una reunión en Francia con Vincent Bolloré, el propietario francés de SOCFIN. Pero Bolloré no asumió su responsabilidad por los problemas que causa SOCFIN ni por las violaciones que comete. En cambio sugirió que la gente debería resolver sus problemas con las sucursales nacionales de su empresa en cada país, como es el caso de SOCAPALM en Camerún. Pero no sorprende que el diálogo no tenga avances significativos.

En 2010, varias ONG presentaron una denuncia contra SOCFIN a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), acusando a la compañía de perjudicar los medios de vida tradicionales de las personas y los trabajadores de las plantaciones. (5) Por ejemplo, sobre la base de un análisis de las muestras de agua, la denuncia alegó contaminación del agua por agrotóxicos. La OCDE consideró admisibles los alegatos y se elaboró ​​un plan de acción. Sin embargo, la compañía no ha hecho esfuerzos reales para implementarlo y, según SYNAPARCAM, continúan los numerosos problemas e impactos.

Así, la lucha de las comunidades rodeadas por las plantaciones de SOCAPALM continúa con protestas, bloqueos de carreteras, difusión de información nacional e internacional, entre otras acciones. A corto plazo SYNAPARCAM exige el acceso de las comunidades a un espacio vital de 250 hectáreas de tierra alrededor de las comunidades.

Comentarios finales

Si bien SOCFIN redacta políticas y planes de responsabilidad, en los hechos, sus prácticas, algunas de las cuales se describen aquí, son todo lo contrario. La cruda realidad que deben enfrentar diariamente las comunidades son los casos de destrucción de sus tierras comunitarias, de sus medios de subsistencia y de su cultura, así como el ejercicio de la violencia en muchas de las zonas de las plantaciones de la compañía. Ésa parece ser la política que prevalece. Esto pone de manifiesto, una vez más, cómo las llamadas políticas y planes de “responsabilidad” son un discurso vacío, lo cual se facilita mientras prevalezca la impunidad.

Pero las comunidades no han renunciado. Por el contrario, siguen resistiendo las injusticias y lo hacen de manera cada vez más organizada. ¡Merecen todo nuestro apoyo y solidaridad radical!

Compartimos aquí una petición internacional de apoyo a las comunidades que luchan contra la plantación Okomu en Nigeria. Por favor, firme aquí, http://erafoen.org/index.php/2017/07/28/uphold-edo-state-government-revocation-order-on-okomu-oil-palm-company-plc/

(1) http://www.socfin.com/en/sustainable-development

(2) http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/nigeria-okomu-oil-palm-destruccion-de-comunidades-para-expansion-de-la-palma-aceitera/

(3) http://erafoen.org/index.php/2017/03/07/field-report-okomu-oil-palm-plc-clears-forest-farmlands-for-industrial-agro-business-in-edo-state/

(4)  https://secured-static.greenpeace.org/france/PageFiles/266171/Brief%20Liberia-Cameroun%20version%20finale.pdf

(5) https://www.oecdwatch.org/cases-fr/Case_200