Los indígenas Ngäbe-Buglé soportaron criminalización, masacre y brutal represión para defender su territorio. Lograron que el gobierno de Panamá prohibiera la minería y las hidroeléctricas en su comarca. Sin embargo, otra embestida llegó desde las ONGs conservacionistas.
Muchos gobiernos, ONGs e incluso corporaciones, están planificando aumentar la cantidad de Áreas Protegidas alrededor del mundo con el objetivo de reducir la pérdida de biodiversidad y la deforestación. Pero la experiencia nos dice que el modelo de Conservación dominante que sigue siendo utilizado, no considera a los Pueblos Indígenas u otras comunidades de los bosques como agentes claves en la preservación y guardianía de los bosques. Por el contrario, las Áreas Protegidas, en su mayoría, prohíben la presencia humana.
A pesar de las dificultades que enfrentan a raíz de la pandemia, a continuación transcribimos unos intercambios que mantuvimos con Rogelio Montezuma, jefe del Comité para la Defensa de la Comarca Ngäbe-Buglé. En el año 2010, los indígenas Ngäbe-Buglé, llevaron a cabo una fuerte resistencia para evitar que su territorio fuera entregado a empresas mineras e hidroeléctricas. Tuvieron que soportar la criminalización, masacre y brutal represión por parte de la policía, pero fue una lucha a conciencia por la vida de su comunidad.
Como resultado de esta fuerte resistencia, en 2010 el gobierno de Panamá derogó la ley que reformaría el código minero y legisló para que se prohibiera la exploración y la explotación minera, así como las hidroeléctricas, en la comarca Ngäbe Bugle. No se pudo lograr cancelar la hidroeléctrica de Barro Blanco por estar fuera de los límites del área comarcal, aunque a pesar de esto sí tiene incidencia y afecta a las comunidades Ngäbe que viven a la orilla del río donde se construyó la represa.
El Cerro Colorado, que se pretendía abrir a la industria minera, está considerado como un importante lugar biológico en Mesoamérica y es el pulmón de la comarca.
Fue durante el proceso de construcción del proyecto Barro Blanco, que el gobierno de Panamá junto con organizaciones internacionales conservacionistas, avanzaron con la implementación de programas de gestión de Áreas Protegidas (AP) en las comunidades indígenas que están dentro del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP). En este corredor, se tienen contempladas 14 Áreas Protegidas prioritarias. La Comarca Ngäbe-Buglé forma parte de una de las tres macroregiones de gran biodiversidad.
WRM: Desde tu experiencia, ¿qué significa para ustedes, “hacer conservación”?
Rogelio: Los pueblos por naturaleza siempre han sido conservadores de los bosques y de su relación con su entorno, creando armónicamente la convivencia de la existencia de todos los seres vivos.
WRM: ¿Qué considera fundamental para que los bosques puedan ser preservados por los Pueblos Indígenas?
Rogelio: Para poder preservar los bosques debe haber conciencia de la importancia de esto, del uso y beneficio que no brinda una fuente de agua, la producción de alimento para la sobrevivencia sin que esto represente una amenaza y destrucción del medio ambiente.
WRM: En su experiencia, ¿cuáles fueron los impactos que se generaron con la creación del Área Protegida?
Rogelio: Existe un área protegida que limita con el territorio de la Comarca Ngäbe-Buglé que crea incertidumbre en la población, donde ciertas prácticas son restringidas tales como la cacería, uso de árboles, entre otros. Esto directamente crea un conflicto social, ya que no hubo ningún acuerdo previo sobre estas restricciones. Cuando dictan la resolución para crear un Área Protegida, es ahí cuando recién informan y no dejan opciones a las poblaciones afectadas.
WRM ¿Cómo afectó esto a la conservación de los bosques y al tejido social dentro de las comunidades?
Rogelio: La conservación sin la real participación de las comunidades que viven en y del bosque provoca mucha inquietud y cuestionamientos. Esto es debido a que muchas de las decisiones que se asumen son arbitrarias e inconclusas al usar estos recursos naturales como un negocio, sin medir sus consecuencias para los pueblos indígenas.