Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Uganda: La agonía de un proyecto de plantación de árboles en tierras comunitarias

Las plantaciones a gran escala de la empresa New Forests Company (NFC), con sede en el Reino Unido, han traído violencia, desalojos forzosos y miseria para miles de residentes de Mubende, Uganda. Más de 15 años después de que la compañía iniciara sus operaciones, las comunidades afectadas aún enfrentan daños graves y duraderos.

Algunas de las madres que perdieron a sus hijos por falta de alimentos luego de los desalojos de New Forests Company. Foto: witnessradio.org

Tristeza es lo que inunda el corazón de los residentes de siete aldeas del distrito de Mubende, donde alrededor de mil hogares fueron desalojados ilegalmente por la empresa New Forests Company.

New Forests Company (NFC), con sede en el Reino Unido, se fundó con la finalidad de crear “productos de madera sostenibles” en África Oriental, en medio de una deforestación desenfrenada. Las plantaciones de NFC forman parte, además, de un proyecto de carbono que genera beneficios adicionales para la empresa con la venta de créditos de carbono. El primer árbol se plantó en Mubende, Uganda, en 2004. Desde entonces, NFC se ha expandido rápidamente con cuatro nuevas áreas de plantación en Uganda, así como en Tanzania y Ruanda.

Esa expansión se ha hecho a costa de un dolor inimaginable para cientos de hogares y de graves violaciones de los derechos humanos, principalmente en el distrito de Mubende. Entre 2006 y 2010, más de 10.000 personas fueron desalojadas de sus tierras en el distrito de Mubende para dar paso a las plantaciones de NFC, en algunos casos haciendo uso de la violencia.

NFC y el Banco Mundial, uno de los patrocinadores financieros de la empresa, mantuvieron cierto diálogo con las comunidades que desalojaron, pero luego las abandonaron. Según documentos a los que pudo acceder la plataforma de noticias ugandesa witnessradio.org, NFC se vio obligada a dialogar con los desalojados después de que en 2011 un informe crítico denunciara la falta de respeto por los derechos humanos de las comunidades, en nombre de un proyecto de créditos de carbono. (1) El informe, que fue publicado por la ONG Oxfam, acusó a NFC y a sus agentes de seguridad de cometer impunemente violaciones/abusos de los derechos humanos. El Banco Mundial nombró a un mediador de la Oficina del Asesor de Cumplimiento/Ombudsman (CAO). La CAO se encarga de las reclamaciones de las comunidades afectadas por inversiones realizadas por la Corporación Financiera Internacional, la rama del sector privado del Banco Mundial.

Para 2011, NFC había atraído inversiones de bancos internacionales y fondos de capital privado, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institución financiera de la UE, que había prestado a NFC cinco millones de euros (casi seis millones de dólares estadounidenses) para expandir una de sus plantaciones en Uganda. El Agri-Vie Agribusiness Fund, un fondo de inversiones de capitales privados centrado en la alimentación y la agroindustria en el África subsahariana, había invertido 6,7 millones de dólares en NFC. A su vez, Agri-Vie está respaldada por instituciones financieras de desarrollo, en particular la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial encargado de los préstamos al sector privado. Pero la inversión más significativa provino del banco británico HSBC (alrededor de 10 millones de dólares estadounidenses), la cual permitió a HSBC acceder al 20 por ciento de la propiedad de la empresa y a uno de los seis puestos en el Directorio de NFC. Todos estos inversores cuentan, en teoría, con estándares sociales y ambientales para mantener y gestionar sus propias carteras.

Sufrimiento y violencia que persisten

Después de un prolongado diálogo de 15 meses facilitado por la CAO, a los desalojados se les ofreció muy poco en comparación con lo que tenían antes. Estos pagos escasos no se basaron en los resultados de ningún ejercicio de valoración que evaluara lo que las víctimas habían perdido debido a los desalojos violentos y forzosos.

Witnessradio.org ha descubierto que durante el diálogo, NFC obligó a los desalojados a crear un club cooperativo si querían recibir algún pago de la empresa. Los desalojados fueron además forzados a pagar cuotas de suscripción para convertirse en miembros del club y beneficiarse de las contribuciones de la empresa. Muchos no pudieron pagar estas cuotas. Y el pequeño grupo que logró pagar sus cuotas de suscripción, recibió a la larga un acre de tierra (menos de media hectárea) para cada uno. Sólo el 48% de los 10.000 desalojados recibió esa parcela de tierra.

Nuestras investigaciones indican que después de que NFC pagó 600.000.000 chelines ugandeses (cerca de 180.000 dólares) a través de la cuenta del club cooperativo por 8.958 hectáreas de tierra y otros daños sufridos por los desalojados, las partes involucradas abandonaron a los desalojados a sufrir su atormentadora suerte.

Las plantaciones de la empresa destruyeron vidas y causaron daños irreparables a las comunidades afectadas.

Según los desalojados, las plantaciones de NFC han provocado un gran número de muertes de niños debido a la desnutrición. En el momento de los desalojos, todos los niños tuvieron que abandonar la escuela y se casaron a una edad temprana. Además, muchas familias de los desalojados comenzaron a vivir en campamentos de refugiados después de no poder obtener alimentos para sus familias, mientras que cientos de familias se separaron. Y la lista de impactos que perduran continúa.

Los testimonios de desalojos forzados y de la falta de una adecuada indemnización opacan los proyectos de desarrollo social de los que la empresa alardea cada vez que habla de sus logros.

Shantel Tumubone, de 50 años, y su familia, fueron desalojados hace 10 años de su hogar ancestral en la aldea de Kyamukasa, subcondado de Kitumbi, distrito de Kassanda. Se les prometió una compensación que les permitiría encontrar una tierra alternativa donde poder establecerse.

Ella se mudó a una aldea cercana mientras buscaba una parcela para comprar cuando recibiera la compensación. “Hasta ahora sigo esperando el dinero. No recibimos ni una sola moneda como compensación y no sabemos si esto sucederá”, cuenta Tumubone, cuya esperanza, le cuenta a witnessradio.org, paulatinamente se ha ido apagando.

Después de esperar en vano, Tumubone logró conseguir un empleo en una finca de la aldea de Kabweyakiza, que se encuentra a pocos kilómetros de donde ella solía vivir con su familia. Habiendo perdido todo durante el desalojo, Tumubone luego perdió a su esposo porque ya no podían pagar los gastos médicos. Peor aún, no tenía dónde enterrar a su marido. Finalmente hizo un intercambio con la empresa de plantaciones: la empresa le daría un pedazo de tierra en su antigua aldea, valorado en 1 millón de chelines ugandeses (alrededor de 270 dólares), a cambio de que trabajara de manera temporal en las plantaciones durante ocho meses, para que pudiera enterrar ahí a su marido.

Tumubone es una de las numerosas personas que la New Forests Company ha empujado a la pobreza y a la falta de tierra. Aquellos que solían ser dueños de una parcela para cultivar y sobrevivir se han convertido en mendigos, mientras que varios otros se han convertido en trabajadores de la empresa, trabajando en lo que solía ser sus propias tierras.

Muchas de las personas con las que habló witnessradio.org discrepan con los informes acerca de las debidas consultas y la compensación con tierras alternativas.

“Nunca nos consultaron ni estuvimos de acuerdo con lo que hizo New Forests Company. Nos redujeron a ser indigentes -¿quién elegiría una vida así? Yo personalmente solía ser dueño de 15 acres [6 hectáreas] de tierra donde plantaba una variedad de cultivos”, dijo uno de los residentes que ahora es un trabajador temporal en las plantaciones de la empresa.

A pesar de todo esto, en su informe de 2011 a la ONU, New Forests Company afirma que la gente se fue de sus tierras de manera voluntaria y pacífica, lo que no concuerda con la situación actual cuando se habla y se escucha a las comunidades afectadas.

FSC: Certificando la devastación

Algo que también causa sorpresa es que NFC logró obtener una certificación del FSC para sus plantaciones, supuestamente avalando las prácticas “socialmente beneficiosas” de la empresa. Se supone que la certificación del FSC asegura que los productos con el sello provengan de plantaciones manejadas responsablemente, que brindan beneficios ambientales, sociales y económicos.

En un informe de auditoría realizado en 2010, el FSC declaró con respecto a los desalojos que la empresa había aplicado métodos pacíficos y actuado de manera responsable.

La situación donde New Forests Company lleva a cabo sus proyectos de plantación de árboles no deja dudas de que NFC no cumple los criterios normativos de la empresa de certificación en relación a la adquisición de tierras. En consecuencia, muchas personas sin hogar ya casi no tienen esperanzas de regresar a sus tierras y hogares.

El presidente de hogares desplazados, Sr. Julius Ndagize, declaró que las numerosas reuniones con los gerentes de New Forests Company han resultado infructuosas.

“La Compañía solo reubicó a unas pocas familias después de que logramos asegurar 500 acres [200 hectáreas] de tierra en la aldea de Kampindu, donde cada familia logró obtener un acre de tierra. El resto están sin tierras”, explica el Sr. Ndagize.

Antecedentes de la creciente inversión a gran escala

Tras el repunte de los precios de las materias primas en 2007-2008, los inversionistas expresaron interés en acceder a 56 millones de hectáreas de tierra para agricultura y producción de madera, de los cuales el África subsahariana representó dos tercios. A pesar del pobre historial de grandes inversiones agrícolas en África y partes de Asia, y con el tamaño medio global de proyectos en 40.000 hectáreas, estas inversiones implican importantes consecuencias para los derechos de las tierras rurales así como para los usuarios de la tierra, especialmente los pequeños propietarios.

Es alarmante que los países con marcos legales débiles para el reconocimiento de los derechos a las tierras rurales y con una reglamentación ambiental deficiente para las operaciones comerciales, sean muy probablemente el objetivo de las inversiones a gran escala.

La constitución de Uganda establece que “la tierra en Uganda pertenece a los ciudadanos de Uganda”. Pero las historias de quienes no han sido indemnizados durante más de diez años apuntan a una grave violación de la ley y a una violación total de los derechos de los ciudadanos, quienes son dueños de la tierra.

Los desalojos forzados también constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos reconocidos internacionalmente, entre ellos, el derecho humano a una vivienda digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de las personas, a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la libertad de movimiento.

Los impactos de los desalojos forzados van mucho más allá de las pérdidas materiales y conducen a una mayor desigualdad e injusticias, marginación y conflictos sociales.

Con los desalojos que se están produciendo en Uganda, que avanzan sin tregua, no hay duda de que la brecha entre ricos y pobres se amplía, además de constituir una flagrante violación de los derechos humanos.

El equipo de Witness Radio, Uganda
witnessradio.org

(1) Boletín 171 del WRM, Uganda: la empresa New Forests Company – el FSC legitimando la expulsión de miles de personas y la venta de créditos de carbono; y Oxfam Internacional, New Forests Company y sus plantaciones en Uganda: Estudio de caso de Oxfam