La masiva y permanente movilización del pueblo panameño en contra de la extracción minera en una zona ambientalmente relevante y sensible de su territorio concluyó en la declaración de inconstitucionalidad del contrato ley 406 que permitía la operación de la minera Cobre Panamá, subsidiaria de una de las mayores extractoras de este mineral en el planeta, First Quantum Minerals FQM, con sede en Toronto, Canadá. Lo anterior conlleva, entre otros, el cese de operaciones y el cierre de la mina.
Sin duda alguna, este resultado sienta un precedente valioso para miles de procesos de defensa territorial alrededor del planeta, que ratifica que es posible lograr la victoria, incluso ante corporaciones que se llegan a considerar poderosas.
No obstante, este no es el resultado de las acciones y movilizaciones que tuvieron lugar por más de cinco semanas entre octubre y noviembre de 2023, sino que tiene antecedentes más de 25 años atrás, por lo cual es pertinente analizar el proceso en retrospectiva.
¿Qué pasó antes?
La problemática nos remite al inicio de la década de 1990, cuando tuvieron inicio la prospección y estudios para la explotación minera, paralelo a lo cual tuvo inicio la resistencia por parte de comunidades y organizaciones preocupadas por los impactos que sabían podrían sobrevenir. En 1996 se otorgó la concesión a la minera Petaquillo para extracción de oro, que luego se amplió a la explotación de cobre y más adelante terminó cediendo la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de FQM.
La preocupación se originaba, entre otras razones, en la localización de la mina, en medio de territorios con alta diversidad biológica. Mesoamérica une dos inmensas masas continentales, que en eras geológicas anteriores estuvieron separadas, pero con el afloramiento de este territorio, tuvieron un puente para la conexión e intercambio de poblaciones de plantas y animales, que justo en Panamá tienen su punto más estrecho, siendo entonces un tipo de embudo donde se concentra gran parte de la biodiversidad del subcontinente. Ese escenario es también el territorio de pueblos indígenas, comunidades locales y campesinas; es decir que la diversidad no es alta solamente en términos biológicos sino culturales.
Considerando lo que venía sucediendo, tuvo inicio la organización social. Hace 20 años aproximadamente existió la comisión pro-cierre Petaquillo, para ese entonces el involucramiento era menor, una vez que las comunidades tenían esperanzas en las promesas de desarrollo, empleo y bienestar de la empresa minera. Evidentemente, como suele suceder con las empresas extractivistas, dichas promesas no se cumplieron, generando el descontento, indignación y movilización de las semanas recientes. En 2012 se pretendió sancionar una ley denominada popularmente como ley chorizo, que buscaba aprobar la minería en las comarcas panameñas, desencadenando una mayor movilización social. Cuando se estaba saliendo del periodo de pandemia, el gobierno impuso el discurso de dinamizar la minería para la recuperación económica del país. Esto levantó todas las alertas, así que en mayo de 2021 se conformó el Movimiento Panamá Vale más Sin Minería, con más de 40 organizaciones vinculadas, explica Damaris Sánchez, activista ambiental de Fundiccep. Ese mismo año se presentó una propuesta de moratoria a la minería metálica que no fue aceptada, mientras el gobierno seguía empeñado en su proyecto.
Aunque en principio se trataba de una área menor, el proyecto que acaba de ser detenido abarcaba 12.955 hectáreas y se encontraba sobre tres áreas protegidas, el Parque Nacional General de División Omar Torrijos, el Parque Nacional Santa Fe y el área de Uso Múltiple de Donoso. Dichas áreas protegidas forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), una estrategia creada a inicios de la década de 2000 con propósitos como el de garantizar la conectividad ecosistémica desde el Darién, en Panamá, hasta la selva maya, en México. El CBM enlaza áreas protegidas para reducir las amenazas sobre la biodiversidad, y busca generar oportunidades económicas y sociales a las poblaciones aunque parece no estar funcionando de la manera esperada.
Desde 1997 la mina ha estado operando en la zona, aunque de manera interrumpida, entre otras razones por los múltiples procesos legales en contra. A pesar de ello ha provocado serios impactos ambientales. Las comunidades aledañas a la mina han presentado denuncias y solicitudes al Ministerio de Ambiente de Panamá sobre cambios en las características de los cuerpos de agua, sin lograr siquiera una inspección. En 2021 se rompió una tubería que generó vertimientos al río Pifá. (1)
En el marco del Día de la Tierra, en 2022, el Movimiento Panamá Vale más sin Minería presentó el análisis de varios informes del Ministerio de Ambiente, en el cual el propio Ministerio da cuenta de múltiples impactos e incumplimientos del proyecto Cobre Panamá. (2) Entre los hallazgos se encuentra el hecho que la empresa realiza la descarga de residuos a cuerpos de agua, sin permiso del Ministerio, involucrando posibles contaminantes peligrosos como metales pesados. Para ese entonces, los incumplimientos se sumaban a más de otros 200, identificados en informes previos, y la empresa tenía una deuda que ascendía a más de 11 millones de dólares con el Ministerio.
Ahora bien, llaman especialmente la atención los impactos sobre la selva y cobertura vegetal, entre ellos la tala de 876 hectáreas por encima de la superficie que había sido autorizada, llegando así a casi 3.000 hectáreas afectadas por el proyecto. A ello se suma el incumplimiento a los compromisos de reforestación, los cuales forman parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En ese sentido se identificaron fallas en la reforestación de 1.300 hectáreas para el periodo 2012 a 2015. (3) Debe enfatizarse el hecho que la citada reforestación se incluye como medida de compensación por la destrucción de la vegetación, denominada tala autorizada. En 2016, el WRM realizó una visita a la zona, antes de comenzar el proyecto actual, advirtiendo el uso de la compensación como una estrategia para viabilizar la explotación minera en áreas protegidas. (4) Las promesas de la empresa incluían el seguimiento de los estándares de la Corporación Financiera Internacional, en los cuales basaron sus planes de compensación por pérdida de biodiversidad, exhibiendo en su página web que “está comprometida a mantener un impacto neto positivo sobre la biodiversidad y ser un líder mundial en la gestión de la biodiversidad”.
En 2017 se emitió una sentencia de inconstitucionalidad frente a la operación del proyecto minero, la cual no fue publicada en la gaceta oficial del Estado, lo que hizo que la sentencia quedara sin efecto. La publicación solo se dio hasta el año 2022, frente a lo que la respuesta del actual gobierno fue dar inicio a una nueva negociación con la empresa minera, con el fin de expedir un nuevo contrato, como explica el líder y activista comunitario Rubén Bernal.
¿Qué pasó durante?
En octubre de 2023, inició la movilización social que fue noticia internacional por su magnitud, represión, criminalización, pero también por su desenlace y resultados.
Lo que estaba en curso era el intento del gobierno y la minera por validar un contrato inconstitucional, corrigiendo supuestamente los errores del anterior y recurriendo a una agresiva campaña publicitaria que mostraba, por diversos medios de comunicación, supuestos beneficios para la población. No obstante, las razones de inconstitucionalidad se mantenían. Durante los debates en la Asamblea se dieron intervenciones a favor y en contra, pero un aspecto positivo se destacaba, las comunidades en todo el país estaban muy al tanto de lo que estaba sucediendo. Seguramente por temor a esa situación, como explica Damaris Sanchéz, se detuvo el proceso y se organizaron visitas privadas al área del proyecto; al retomar los debates, se impidió la entrada del público, y en solo tres días se surtió todo el proceso que debió haber tomado mucho más tiempo, culminando con la sanción del contrato ley el 20 de octubre. Esta vez se tuvo la precaución de publicar en la gaceta oficial.
Las organizaciones y movimientos sociales, con bastante dificultad, consiguieron y estudiaron el texto del contrato, presentando a la sociedad panameña los exabruptos del mismo, entre lo que se cuenta la extensión del contrato a 60 años, la prohibición de paso sobre el espacio aéreo de operación del proyecto, la ampliación en 5000 hectáreas para la concesión, la posibilidad de explotación no solo de cobre, sino de oro y otros materiales, la prohibición de movilización para la población, por lo cual terminaron por declarar el proyecto como un enclave colonial.
Mientras tanto, la juventud en ciudad de Panamá dinamizó la resistencia, jugando un papel fundamental en la victoria obtenida. Entre sus acciones están el cerco establecido a la sede de la asamblea, exigiendo que se escuchará al pueblo, lo que fue usado como excusa para desatar la represión. Uno de los jóvenes perdió un ojo por la acción de los agentes de Estado, incrementando la indignación de la población, que ya venía sufriendo las condiciones de un elevado costo de vida en el país. El 23 de octubre la gente salió a las calles, campos, carreteras y hasta el mar, sin parar de manifestarse y movilizarse hasta el 28 de noviembre, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo de inconstitucionalidad del contrato ley.
La primera semana, hasta el 29 de octubre, fue crítica. El presidente hizo alocuciones, amenazaba con judicializar, llegando a proponer un referéndum, a lo que el pueblo contestó que ya estaba en las calles manifestando su posición y decisión. La respuesta popular fue incrementar la resistencia, que llegó a paralizar no solo la ciudad capital, sino todas las actividades principales alrededor del país, incluso la carretera panamericana, principal vía de Panamá, fue bloqueada.
Las formas de resistencia fueron diversas, hubo marchas, vigilias, bloqueos. Los lancheros en la zona del puerto donde operaba la minera atravesaron sus lanchas para impedir que la empresa sacara los minerales. Las y los médicos y maestros se sumaron, las escuelas detuvieron las clases; las personas que habitan Colón y los distritos de Donoso y Omar Torrijos, así como una parte de Veraguas, que en otros tiempos no participaron del proceso de resistencia -por las esperanzas de trabajo y bienestar,- esta vez tuvieron la posición y resistencia más firmes. Se estima que durante algunos días, más de 250.000 personas llegaron a movilizarse. Todo el país estaba detenido hasta tanto la voluntad popular se hiciera efectiva.
Ni siquiera el rigor de la represión y judicialización pudieron hacer mella en la movilización, a pesar que cuatro personas fueron asesinadas y más de mil se registran como detenidas durante las manifestaciones.
La presión y vigilancia sobre la Corte Suprema de Justicia fue impresionante. Un campamento fue instalado alrededor de su sede durante 12 días, haciendo evidente que se les estaba observando y esperando su decisión. El mensaje era claro, si fallaban a favor de la empresa, más allá de la inconstitucionalidad, lo que podría suceder en las calles era inesperado y con repercusiones de gran magnitud.
El 28 de noviembre la Corte emitió su sentencia, el contrato de Cobre Panamá es inconstitucional, legitimando así la lucha de la gente en los campos, mares y calles. 25 artículos del contrato era inconstitucionales; las denuncias por el impacto ambiental fueron tenidas en consideración por la Corte, que también consideró la falta de licitación pública y consultas ciudadanas. Las repercusiones del fallo llegan, inclusive, a la orden de cierre de la mina, decisión sin precedente en el país centroamericano
Retos y porvenir
La compañía minera, por medio de Cobre Panamá, manifestó que “la transparencia y el cumplimiento de la ley siempre han sido fundamentales para el desarrollo de sus operaciones y se mantiene abierta al diálogo constructivo para alcanzar consensos”. Acto seguido, lo que la empresa entiende por “diálogo constructivo”: First Quantum demando a Panamá ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. (5)
Divisiones comunitarias, azuzadas por sectores particulares, dejan el reto de recomponer el tejido social en algunos lugares, pese a lo cual, la evaluación realizada por la población es más que positiva.
La victoria del pueblo panameño es un ejemplo para quienes defienden las selvas, los territorios y la dignidad de los pueblos que los habitan, además de ser inspiración para las luchas y resistencias en curso por todo el planeta.
Lo que sucedió representa un punto de inflexión en la historia política y de participación en Panamá. La indiferencia fue vencida, quienes antes no participaban, se involucraron por completo en el proceso descripto; la comunicación fue de carácter popular, marcando la autonomía en relación a los medios de comunicación tradicionales y empresariales.
La lucha continua a futuro para que la minería sea prohibida en la Constitución.
Secretariado Internacional del WRM
(1) Artículo “Panamá: un grito por la justicia ambiental y contra la minería metálica”, en Hora Cero, por Krissia Girón.
(2) Declaración del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería.
(3) Ídem 2.
(4) Artículo “Las compensaciones ambientales en Panamá: una estrategia que abre áreas protegidas para la actividad minera”, del Boletín del WRM, por Teresa Pérez
(5) Article “Panama Protestors Defeat First Quantum Minerals’ Copper Mine”, at CorpWatch, by Paula Reisdorf.