La historia de la comunidad Hoktek T’oi del pueblo indígena Wichí en la Provincia de Salta (en el norte argentino) es una historia de sufrimiento causado por políticas estatales vinculadas a intereses económicos. En estos últimos años las autoridades, lejos de hallar una solución para poner fin a 100 años de usurpación e injusticia, no han hecho otra cosa que continuar atentando contra los derechos y la propia existencia del pueblo Wichí, que ha protegido el bosque tropical en donde siempre ha vivido.
Es importante destacar que el pueblo Wichí llevaba 12.000 años viviendo en su territorio cuando, según cuentan los ancianos de la comunidad Hoktek T’oi, vieron aparecer a los primeros argentinos blancos. Tras éstos vinieron los dueños de “obrajes”, que además de explotar la mano de obra indígena, talaron y vendieron la madera de la selva donde desde hace siglos la comunidad practicaba actividades sustentables de caza, de recolección y de cultivo. A pesar de ser el legítimo dueño ancestral, sólo se le reconoce a la comunidad el título “legal” de propiedad sobre 27 hectáreas de su propio territorio. Le han sido usurpadas 75.000 hectáreas.
Desde 1910 el territorio de la comunidad ha venido cambiando de “propietarios”, hasta que en 1996 las tierras alrededor de la comunidad Hoktek T’oi fueron escrituradas a nombre de la empresa agrícola Los Cordobeses S.A. De entrada, la empresa intentó trasladar a la comunidad, pero los miembros se opusieron, sabiendo como conocedores del área que la empresa quería desplazarlos a una zona de terreno anegadizo. Ante esa resistencia, la empresa acorraló a la comunidad mediante una “donación” de 27 hectáreas, que la empresa procedió a alambrar. En busca de asesoramiento y apoyo los Wichí de la comunidad recurrieron a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y fue así como se conformó una organización comunitaria con el objetivo de defender su territorio.
Las represalias de la empresa no demoraron en hacerse sentir. Haciendo uso del permiso para deforestar otorgado por el gobierno de la provincia de Salta, la empresa se puso a arrasar el bosque nativo y por ende el ambiente y los medios de subsistencia de la comunidad. De nada sirvieron las múltiples gestiones realizadas por la comunidad para que ese permiso no le fuera otorgado a la empresa. Ni las autoridades provinciales competentes en materia de defensa de las comunidades indígenas, ni las responsables del medio ambiente, ni la propia justicia, dieron el menor curso a las demandas de los Wichí por el etnocidio cultural y el irreparable daño social y ambiental que produciría la deforestación.
Con el beneplácito de cuatro distintos tribunales, el daño se está realizando con impunidad. El bosque milenario se elimina con maquinaria pesada y cadenas; se acopian los troncos, las ramas y las raíces y se los quema; se realizan fumigaciones aéreas sobre los cultivos y la gente de la comunidad; hasta hubo intentos de destrucción de sus viviendas y su cementerio. Todo ello, unido a amenazas permanentes, se cuenta entre los innumerables abusos que durante estos últimos años han venido cometiendo la empresa Los Cordobeses S.A. y las arrendatarias Cremer S.A. y Mirco S.A.
Actualmente la comunidad Hoktek T’oi constituye un islote verde en medio de un campo marrón en el que el bosque ha sido definitivamente destruido y sustituido por cultivos agrícolas. La empresa, no contenta con lo que había devorado ya de la selva, intentó varias veces (con la topadora, con la policía, con personal contratado y con un escribano público), cercenar los límites de la isla verde que alberga la comunidad. Quiso reducirla en un tercio, para desalojar a la comunidad.
Los Wichí opusieron nuevamente una resistencia física, política y jurídica, llegando a interponer en el foro local de la Justicia una acción contra Los Cordobeses a fin de prevenir el desalojo y defender el remanente de bosque nativo.
El juicio tardó un año en resolverse, involucrando numerosas audiencias a las que la empresa faltaba con regularidad. Aunque carente de recursos, la comunidad no dejó decaer sus derechos e insistió con su reclamo. Contaba, además, con una fuerte campaña de apoyo llevada a cabo a nivel nacional e internacional por organizaciones no gubernamentales e individuos solidarios, que mandaron cartas al juez de causa y al gobernador de la provincia de Salta, instándoles a que respeten los derechos legales de la comunidad. La campaña de apoyo incluyó tres acciones urgentes por parte del WRM. Fue así como los Wichí lograron finalmente conseguir, a fines de junio de este año, una sentencia favorable. Por lo tanto, han logrado el reconocimiento legal de su posesión de las 44 hectáreas del islote verde, que se mantiene como un oasis de vida frente a las depredaciones causadas por las “langostas” empresariales, como los Wichí mismos las definen. Sin embargo, la empresa aún no se da por vencida y el 23 de agosto apeló la sentencia emitida por el Juez en favor de los Wichí.
Hace dos años la comunidad presentó ante el Congreso argentino un Proyecto de Ley de Expropiación, por el cual está intentando recuperar un área de 3.000 hectáreas de selva, que constituye apenas el 4% de su territorio. El Proyecto de Ley ya tiene media sanción, habiendo sido aprobado unánimemente por los Diputados en el mes de noviembre del año pasado. Mientras queda pendiente su tratamiento en el Senado, las 3.000 hectáreas se están deforestando. Si la expropiación no se hace ley urgentemente, las tierras se convertirán en un páramo que no sirve para nadie, ni siquiera para las langostas.
Mientras el gobierno argentino estampa solemnemente su firma en todo acuerdo ambiental o social que se elabora a nivel internacional (sobre bosques, biodiversidad, clima, derechos humanos o lo que sea), los Wichí se han visto obligados a recorrer intrincados caminos administrativos y jurídicos --denuncias, audiencias, inspecciones, recursos y apelaciones-- para defender su bosque y sus derechos. La comunidad Hoktek T’oi ha sido la responsable desde siempre en “velar por la permanencia de los bosques nativos de la Provincia, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del equilibrio ecológico”, como exige la ley nacional, totalmente ignorada por autoridades, jueces y abogados representantes de un estado provincial racista, tanto o más culpable que las propias empresas que hoy en día provocan la agonía del pueblo Wichí.
Es hora de que la Argentina reconozca la existencia, aún negada en los hechos, del pueblo indígena Wichí. Es hora de que se reconozcan sus derechos territoriales y culturales. Es hora de que se haga justicia. La resistencia de los Wichí debe ser apoyada por todos, pero en primer lugar por los habitantes de la provincia y del país donde esta tragedia está ocurriendo. Por más información sobre los Wichí.
Artículo elaborado en base a información obtenida de: “Historia de HOKTEK T’OI”, proporcionada por John Palmer y Tom Griffiths, correo electrónico.