La norteña Provincia de Santiago del Estero está habitada mayormente por gente de descendencia combinada de quichuas y españoles. A lo largo del siglo XIX la provincia -al igual que toda la región del Gran Chaco- sufrió la destrucción ambiental provocada por poderosas empresas madereras europeas, que utilizaban a los campesinos como trabajadores en un sistema semiesclavista. Luego de que la región fue casi completamente deforestada y el maderero ya no resultaba una actividad rentable, las empresas extranjeras abandonaron el país, dejando tras de si un paisaje de desolación y pobreza. Una vez más un producto originario del territorio latinoamericano fue agotado sin ningún beneficio en el corto o el largo plazo para los pobladores locales; un nuevo ciclo en la historia económica del país había culminado. No obstante, las consecuencias de tal "progreso" han dado lugar en el presente a conflictos socioambientales.
Tras la partida de las madereras europeas, los campesinos pobres que habían trabajado para ellas comenzaron a ocupar los territorios abandonados y a utilizarlos para hacer agricultura. Rutas, escuelas y pequeñas granjas empezaron a aparecer aquí y allá en toda la región. Sus derechos de propiedad de la tierra -mencionados en la legislación argentina- nunca fueron reconocidos por las autoridades. Hoy en día en Santiago del Estero son más de 14.000 las familias que viven de la producción hortícola y de algodón, careciendo de títulos de propiedad sobre la tierra que han ocupado por generaciones. Tras haber resistido los sucesivos gobiernos militares durante la década de 1970, una vez que la democracia fue restaurada en la década siguiente, se crearon varias organizaciones para defender los derechos de los campesinos a la tierra y a una vida mejor. Una de ellas fue el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Sin embargo, la democracia no implicó una solución para los campesinos de Santiago del Estero. Las comunidades locales todavía están sufriendo por causa de amenazas, intimidaciones, segregación, detenciones arbitrarias y violencia física perpetradas por la policía y matones a sueldo. La policía provincial y grandes terratenientes están implicados en este tipo de acciones, bajo la protección del Gobernador Carlos Suárez, alias "el Tata".
La población de Santiago del Estero -y especialmente los más pobres- están padeciendo ahora la peor represión desde la época de la dictadura militar. Tras la exitosa movilización de La Simona en octubre de 1999 -ocasión en la que los campesinos lograron frenar la destrucción de los cultivos comunitarios, bosques y viviendas pertenecientes a un grupo de familias que habían vivido en la zona durante más de 60 años, a manos de personal de la compañía Mimbre S.A.- la violencia contra los miembros de la sociedad civil ha ido en aumento. Amenazas a campesinos y técnicos que trabajan con ellos, acusaciones falsas de robo de ganado, ataques directos a personas en sus propios domicilios (como el ocurrido el pasado 24 de mayo en perjuicio de Savino Chávez y su familia), se suceden cada vez con mayor intensidad. Recientemente la Asociación Argentina de Prensa Independiente (ADEPA) criticó severamente al Gobernador a causa de la censura, la violencia y el autoritarismo que reinan en la Provincia.
MOCASE ha organizado una campaña de solidaridad a fin de frenar este tipo de abusos y llegar a una justa solución del problema. Las personas interesadas en cooperar pueden comunicarse con la sede de MOCASE .
Artículo basado en información obtenida de: Elsa Ortalda, 24/6/2000.