El tema de los servicios ambientales que los países del Sur pueden proveer a los países del Norte para mitigar los efectos del cambio climático es objeto de polémica. En primer lugar se plantea una cuestión de justicia ambiental a nivel global, ya que los países mayormente responsables de la peligrosa alteración que está teniendo el clima en la Tierra, en lugar de atacar las causas que lo provocan -por ejemplo el uso insustentable de la energía y las gigantescas emisiones de CO2 por parte de la industria- están buscando soluciones dudosas y parciales, compradas en forma barata en el Sur. Por otra parte cabe preguntarse quiénes tienen el derecho de participar de una negociación de este tipo, así como quiénes se benefician -y eventualmente quiénes se perjudican- con ella. La función de los bosques como sumideros y reservorios de carbono es hoy en día centro de interés en las negociaciones que se vienen realizando en el marco de los CDM del Protocolo de Kyoto.
Recientemente se dio a conocer un acuerdo celebrado entre el gobierno de la Provincia de Chubut, en el sur de Argentina, y la fundación alemana Prima Klima en noviembre de 1999. El objetivo del mismo es compartir el manejo de un área natural y obtener fondos mediante la certificación de la fijación de carbono durante 50 años. El área del proyecto comprende las cuencas de los lagos La Plata y Fontana en la zona de Precordillera Andino-Patagónica.
En un comunicado emitido el día 6 de enero ppdo. Greenpeace Argentina -integrante del Foro del Buen Ayre, una red de ONGs e instituciones, que participó activamente de la COP4 de la Convención de Cambio Climático realizada en Buenos Aires en noviembre de 1998- cuestiona la validez del acuerdo, tanto del punto de vista técnico como legal. Juan Carlos Villalonga, Coordinador de la Campaña de Energía de GP-Argentina señaló: "Este tipo de actividades son las de más bajo nivel de confiabilidad y ofrecen una muy baja contribución a la resolución del problema del cambio climático". Asimismo la organización Greenpeace advierte acerca de la falta de criterios establecidos para desarrollar este tipo de proyectos de generación de bonos de carbono, en particular, en los casos en que se pretende utilizar la capacidad de absorción y fijación de carbono por parte de los bosques. Desde el punto de vista formal Greenpeace considera que este acuerdo debió haber sido evaluado por la Oficina Argentina de Implementación Conjunta (OAIC), como forma de dar participación a la sociedad civil.
Por mayor información sobre el tema l@s interesad@s pueden dirigirse a: Natalia Truchi, Prensa de Greenpeace Argentina;
Fuente: Foro del Buen Ayre, 6/1/2000;