Mientras los gobiernos discutían en La Haya los supuestos beneficios de la inclusión de bosques y plantaciones en el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto de la Convención sobre Cambio Climático, un insólito proyecto en Argentina daba la razón a quienes se oponían a su inclusión.
En efecto, en febrero de este año la empresa "El Foyel S.A.", nueva propietaria de un predio de 7.800 hectáreas ubicado en la zona de El Foyel, en la sureña Provincia de Río Negro, solicitó la autorización del Servicio Forestal Andino para abrir y rehabilitar varios kilómetros de caminos dentro del bosque del lugar y para talar unas 300 hectáreas de ese valioso monte para reemplazarlo por una plantación de pinos oregón y radiata. El predio es lindero al Parque Nacional Nahuel Huapí, en las cercanías de la turística ciudad de Bariloche.
Tres meses más tarde, sin contar con autorización alguna, la empresa comenzó con las operaciones de corta, lo que motivó la intervención del Servicio Forestal Andino por "flagrante infracción al código forestal", que causó la destrucción de un centenar de cipreses y otro tanto de ñires, maitenes y otros árboles nativos. Sin embargo, ese episodio fue tan sólo la punta del iceberg de una situación mucho más turbia. El proyecto implica de hecho la destrucción no de 300 sino de 4.500 hectáreas de bosque y su reemplazo por plantaciones de pinos.
Para cubrir el emprendimiento con una máscara "verde", el proyecto --cuyos objetivos esenciales son la producción de madera y el cobro por servicios de captura de carbono-- propone realizar un manejo “sustentable” de un área de más de 1.800 hectáreas de especies nativas incluyendo lenga y ciprés.
Las fuertes conexiones de los empresarios implicados con autoridades locales han permitido que, pese a sus características, el proyecto ya haya obtenido la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de CODEMA, el organismo provincial de medio ambiente. Ahora se espera la aprobación final por parte del Departamento Forestal, aunque el proyecto está paralizado por haber recibido sanciones por iniciar trabajos de apertura de caminos antes de tener las aprobaciones definitivas.
Pobladores, académicos y técnicos han expresado su oposición al proyecto. La ONG "Comunidad de Limay" ha iniciado una campaña para detenerlo, presentando a su vez un recurso legal sobre la base de que no ha existido un proceso de consultas públicas y que el proyecto es contradictorio con la legislación vigente que protege los bosques nativos. Asimismo los doctores Thomas Kitzberger y Estela Raffaele, de la Universidad Nacional del Comahue, advierten que el establecimiento se encuentra lindero a un parque nacional y en un área donde se proyecta diseñar el Corredor Norpatagónico, para favorecer la movilidad de las especies y proteger así la biodiversidad. En su informe cuestionan también las técnicas de “manejo sustentable” propuestas para las 1.800 hectáreas de bosque que no serán cortadas. Por su parte, el Servicio Forestal Andino ha señalado que la tala en gran escala del ñire puede afectar negativamente a otras especias nativas, como el ciprés, que crecen asociadas a él. Existe también preocupación de que la agresiva capacidad de regeneración del pino oregón, resulte en la sustitución de las especies nativas. Asimismo se ha cuestionado la supuesta función de sumidero de carbono de la plantación proyectada. Otros científicos de la Universidad Nacional del Comahue señalan que no existe evidencia alguna por la cual la plantación de pinos sea más eficiente que el bosque para absorber anhídrido carbónico.
El domingo 5 de noviembre este cuestionamiento ganó la calle, cuando ONGs ambientalistas de Chubut y Río Negro organizaron una marcha "a favor de la biodiversidad que puebla los bosques más australes del planeta", en la que participaron el Proyecto Lemu, el Movimiento Antinuclear Chubutense, grupos indigenistas Mapuche y Tehuelche, Greenpeace-Argentina y la Sociedad Ornitológica de Puelo, Atech y Cetera.
Si bien la imagen de la Argentina se asocia a extensas praderas, no menos cierto es que a fines del siglo pasado, la Argentina contaba con más de 100 millones de hectáreas entre selvas y bosques. Actualmente quedan en pie menos de 20 millones, de las cuales la mitad está sufriendo un acelerado proceso de degradación. La expansión de los monocultivos forestales de pino y eucalipto constituye una amenaza directa para estos ecosistemas sobrevivientes y el caso de El Foyel es uno más en una larga lista de destrucción de los bosques.
Como otros implementados en otros países, este proyecto de "absorción de carbono", muestra claramente que este enfoque no constituye una solución para el clima global --ya que libera más carbono por deforestación del que absorbe por la plantación de árboles-- y que además causa graves perjuicios sociales y ambientales a nivel local. Sin embargo, constituyen un excelente negocio para un puñado de empresarios, para los cuales el drama del cambio climático no es sino una nueva y buena oportunidad de hacer dinero.
Artículo basado en información obtenida de: Lucas Chiappe, Coordinador del "Proyecto Lemu",
24/10/2000 y 19/11/2000; Juan Carlos Villalonga, Greenpeace Argentina, 24/10/2000; "Algunos datos de los daños ecológicos en nuestro país" por Ramón Regés, Noviembre 2000.