Con un proceso de participación pública muy dudoso en algunos casos y despertando enérgicas reacciones en contrario en otros, el proyecto de Ley de Áreas Protegidas ha sido sometido a consulta. En general se rechaza su pretensión de legalizar el ingreso de empresas petroleras y mineras a áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, el Parque Amboró y el Madidi. Las organizaciones campesinas de Cochabamba dijeron que si las áreas protegidas son para las petroleras o empresas de extracción de madera, entonces prefieren que no existan.
Las empresas petroleras acuden a los más altos niveles de gobierno para hacer aprobar proyectos de exploración sísmica, tendido de ductos y explotación petrolera dentro de áreas protegidas y territorios indígenas, tratando de reducir al mínimo el cumplimiento de las exigencias ambientales y sociales y sin respetar los planes de manejo y zonificación. A ello se suma el otorgamiento de concesiones mineras ligadas al poder político. Ocho empresas petroleras obtuvieron 24 concesiones para explorar y explotar hidrocarburos en nuevas áreas protegidas de Bolivia, según datos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Andina, Total, Chaco, Repsol, Maxus, Petrobras y Don Wong son algunas de las empresas que se dedican a tales operaciones en las áreas bolivianas de preservación.
De aprobarse el proyecto de ley, se desmantelarían las propuestas de uso sustentable de la biodiversidad, como la Empresa de Ecoturismo Indígena Mapajos en la Reserva y Territorio Indígena Pilón Lajas, los proyectos comunitarios de ecoturismo en el Parque Amboró (La Chonta, Mataracú, Villa Amboró) y otros en la Reserva Eduardo Abaroa y en el Parque Sajama y en todas las áreas protegidas de Bolivia. Según José Coello, del Sernap, los ingresos por concepto de turismo en zonas de preservación de la naturaleza pueden generar más que los réditos de la explotación de petróleo. En Bolivia recién empieza la actividad turística en las áreas y ya genera más de 4 millones de dólares, sólo en la región del Madidi.
El proyecto de ley establece la readecuación y recategorización de todas las áreas protegidas para su homologación mediante ley lo cual implica que los parques nacionales donde existe interés petrolero podrán ser recategorizados para permitir el ingreso de esas actividades; este sería el caso de los parques Amboró y Madidi. Si bien establece una excepción en las zonas núcleo, parques y santuarios, la protección se reduciría a pequeñas islas de conservación, como ocurre en Pilón Lajas, una de las más importantes áreas protegidas de la región andino amazónica de Bolivia, que forma parte del corredor ecológico Vilcabamba (Perú) - Amboró (Bolivia).
Es claro que de aprobarse el proyecto de ley uno de los primeros resultados sería la aprobación del proyecto de exploración sísmica de la Petrobras, en espera en el Ministerio de Medio Ambiente. Para la exploración sísmica se trazan líneas rectas de 1,5 a 4 m de ancho a través de bosques, ríos, cultivos o poblados, retirando la cubierta vegetal o lo que se encuentre en ella, con el fin de ubicar estructuras geológicas de almacenamiento de hidrocarburos, mediante equipos detectores. Además se construyen caminos, helipuertos, campamentos, zonas de almacenamiento de material y equipos, causando la deforestación de extensas superficies de bosque, el vertido de contaminantes en ríos, suelos y aire, impactos a la fauna del lugar. Las poblaciones de estos territorios sufren la invasión de campamentos de trabajadores ajenos al lugar, quienes alteran totalmente la vida de la comunidad.
La mayoría de las disposiciones legales sobre áreas protegidas prohíben expresamente la realización de actividades nuevas de explotación de hidrocarburos, minería y madera. Por lo tanto, a pesar de que las leyes sectoriales de hidrocarburos y minería han definido estas actividades como prioridad nacional, la aprobación de licencias ambientales no está garantizada y ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones ecologistas, sociales y comunidades locales. En 2001 el departamento de Santa Cruz y numerosas instituciones nacionales lograron detener la aprobación de la licencia ambiental para la petrolera Andina (Amoco), que pretendía ingresar al Parque Amboró, donde hay proyectos de ecoturismo, albergues, proyectos de investigación y capacitación que hacen del mismo una de las áreas de conservación más promovidas e importantes de Santa Cruz.
Otro de los aspectos fuertemente cuestionados del proyecto, es que para sus autores la biodiversidad es un asunto de flora, fauna y microorganismos. Han olvidado que las leyes vigentes en el país definen que la biodiversidad tiene un componente "intangible", que se refiere a los conocimientos colectivos o valor cultural asociado. Esas mismas leyes reconocen la tuición de las comunidades locales sobre este componente.
El proyecto de ley no solo legaliza las actividades petroleras, mineras y madereras en las áreas protegidas sino que coloca a los "usuarios" de estas actividades en los Comités de Gestión, como "actores de la gestión de Áreas Protegidas", olvidando que son precisamente estas actividades y las empresas que las realizan las principales causantes de los problemas de contaminación y degradación allí donde operan.
Artículo basado en información obtenida de: "Proyecto de ley de Areas Protegidas a la medida de las petroleras", 25 de agosto de 2003, comunicado de prensa de FOBOMADE, correo electrónico: comunicacion@fobomade.org.bo ; "Las áreas protegidas afectadas por 24 concesiones petroleras", El Deber, 26 de junio de 2003, http://www.el-deber.net/20030626/nacional_6.html