Desde 1999 el WRM ha venido informando profusamente (Boletines 20, 21, 24, 28 y 50 del WRM) sobre la situación de peligro que corre el último remanente significativo en el mundo de bosque tropical seco primario, el bosque Chiquitano, ubicado en el territorio de Bolivia.
Este valioso ecosistema se veráalterado por el gasoducto que planean construir las empresas transnacionales Enron y Shell entre las ciudades de San Miguel y Cuiabá (Bolivia y Brasil, respectivamente) y que atravesará la región, con los consabidos impactos ambientales de este tipo de proyectos de "desarrollo".
Las ONGs ambientalistas y sociales bolivianas e internacionales, asícomo representantes del sector académico, han venido denunciado permanentemente esta situación, enfrentadas al "acuerdo" que realizaron cinco ONGs conservacionistas (3 de ellas estadounidenses; una de ellas posteriormente se retiró) que avalaron la construcción del referido gasoducto. Paradójicamente, las ONGs y los petroleros conforman una "sociedad" que se llama "Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano" (FCBC) para llevar adelante este programa de "conservación" de US$ 30 millones.
Probioma, una de las ONGs que mantienen la resistencia, denuncia que es un contrasentido "conservar" algo que está siendo intervenido irreversiblemente, considerando los múltiples riesgos que implica esta acción. Las "negociaciones" entre los "conservacionistas" y las empresas petroleras se llevaron a cabo a puertas cerradas, sin que el gobierno, los municipios en los que está el bosque Chiquitano y menos aún la sociedad civil boliviana tuvieran conocimiento alguno de los "acuerdos".
En estos dos años de lucha tremendamente desigual han debido enfrentarse a un poder económico muy grande, pero han demostrado que su fuerza moral es realmente poderosa y los ha mantenido para resistir el atropello a la soberanía nacional que significa la negociación entre cuatro paredes de los recursos naturales soberanos por organismos ajenos al país y a la realidad sociocultural. Las ONGs están decididas a no permitir que se disponga de sus recursos, los más valiosos que tienen, reserva de vida de sus hijos, mientras el pueblo se debate en la más tremenda pobreza.
Lo importante es que paulatinamente se ha ido incorporando más y más población civil en el debate, en la lucha por defender sus derechos y los del país, y el tema de los recursos naturales y su protección (en el correcto sentido de la palabra) se incorporó al léxico del habitante común de la zona. Es importante señalar también, que estas acciones contaron con el apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible, y actualmente también un grupo de parlamentarios ha iniciado acciones.
Recientemente se reunieron los diferentes Comités Cívicos de la región Chiquitana (representación de la sociedad civil), y han sido tajantes en rechazar este tipo de atropellos y a organizaciones como el FCBC, que atribuyéndose intenciones de conservación, pisotean la soberanía y se apropian de su riqueza natural.