Bolivia posee 440.000 km2 de bosques húmedos, que representan el 57% de la superficie de tierras bajas del país. La tasa de deforestación alcanza las 168.000 hectáreas anuales, siendo las principales causas del problema la promoción de los cultivos de exportación y las concesiones de explotación maderera otorgadas sin ton ni son. Organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación sobre la situación del sector forestal en Bolivia, caracterizada por la falta de respeto hacia los territorios tradicionales indígenas y la ineficiencia del gobierno para abordar adecuadamente el problema (ver Boletín 22 del WRM).
La prospección y explotación de petróleo constituye otra de las actividades depredatorias que afectan a los bosques de Bolivia y a sus habitantes. Se ha denunciado recientemente que la empresa Repsol (compuesta principalmente por capitales españoles) ha entrado en el Territorio Multiétnico Indígena de la Amazonía para realizar medidas topográficas previas a la perforación del pozo Eva Eva. Los habitantes del pueblo de San Ignacio de Moxos han señalado que Repsol ya se ha adentrado 90 kilómetros en la selva, utilizando una ruta previamente abierta por los madereros. Una vez más las carreteras se convierten en la vía de ulterior destrucción de la selva.
El Territorio Multiétnico Indígena no es un espacio vacío. Pueblos indígenas, como los Trinitarios, los Mojeño y los Chimás habitan allí. Teniendo en cuenta que Repsol no cuenta con el necesario permiso ambiental para operar en el área, esta acción no puede ser considerada sino una invasión del territorio indígena. Eva Eva, en la Provincia de Beni, es el primer pozo que la compañía tiene intenciones de abrir. El segundo es el de Samusabeti, que habrá de afectar una región habitada por los indígenas Quichua y los Aymara, quienes ya vienen sufriendo los efectos de la represión contra los cultivos ilegales. En relación con el pozo Isiboro, situado en el Parque Nacional Isiboro Securé, la evaluación de impacto ambiental presentada por Repsol ha sido severamente observada por la autoridad ambiental, dado que desconoce las especiales características de una zona que constituye un área protegida.
Una vez más Repsol viola las normas nacionales e internacionales relativas a los derechos de los indígenas y la protección del ambiente. Ya durante el período 1995-1998 ONGs bolivianas habían denunciado reiteradamente a la empresa por la apertura de 1.200 kilómetros de líneas sísmicas y la contaminación provocada en varios cursos de agua.
Artículo basado en información obtenida de: Vigilancia Petrolera, 29/4/2000.