Después de cinco semanas de funcionamiento, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), creada para investigar las irregularidades relacionadas con las actividades de Aracruz en el estado de Espirito Santo, ha revelado una gran cantidad de demandas a la multinacional, así como irregularidades y actividades ilegales de dicha empresa en los últimos 30 años.
Joao Batista Marrí, representante del Movimiento de Pequeños Agricultores y la primera persona en declarar como testigo, denunció que el año pasado más de 100 agricultores de la municipalidad de Vila Valério fueron expulsados de sus tierras por Aracruz Celulose, y sus casas fueron destruidas para plantar eucaliptos en esas tierras agrícolas sumamente fértiles. También entregó un expediente de 500 páginas que demuestra que aproximadamente 22.000 hectáreas de tierra actualmente en posesión de Aracruz, fueron "compradas" por 29 (ex) empleados de la compañía entre 1974 y 1975. Esas personas nunca vivieron en las tierras, tan solo fueron el instrumento para que la empresa las comprara. En su mayor parte eran tierras cubiertas por bosque nativo, habitadas principalmente por comunidades tradicionales afrobrasileñas. Pero estas comunidades no tenían títulos de propiedad sobre las tierras. La empresa utilizó a algunas personas, incluso personal militar (en un momento en que había una dictadura militar en el país), para desalojarlas de sus tierras.
Uno de esos 29 (ex)empleados de Aracruz, Oreildo Antonio Bertolini, fue interrogado durante la última reunión de la CPI y confirmó que compró 600 hectáreas de tierra para Aracruz sin saber siquiera dónde estaban ubicadas esas tierras y sin recibir un centavo por ello. Esas 600 hectáreas, sin títulos de propiedad, eran propiedad del Estado de Espirito Santo y solo podían ser solicitadas para cultivo agrícola por personas individuales (y no por empresas como Aracruz) a través del pago de un precio simbólico. El Sr. Oreildo también confirmó que fue a Aracruz un día antes de la compra de la tierra para que los abogados de la firma le indicaran cómo realizar la operación.
El Sr. Luciano Lisb�o, el único representante de la compañía interrogado hasta ahora por la CPI, (acompañado por tres abogados) retiró sus afirmaciones de que las ONG que forman parte del Movimiento Alerta contra el Desierto Verde eran financiadas por competidores comerciales de Aracruz. Esta afirmación falsa, al igual que muchas otras, la realizó en una emisora de radio local.
Fabio Villas, del Conselho Indigenista Missionário, acusó a Aracruz de ocupar ilegalmente unas 10.500 hectáreas de territorios indígenas ya identificados por estudios oficiales del gobierno. También presentó fotografías añereas del período 1965 - 1975, que demuestran que durante ese período miles de hectáreas de bosques nativos de los indígenas fueron sustituidos por plantaciones de eucalipto.
Sin embargo, llama la atención que la prensa local no publique ninguna noticia sobre los procedimientos de la CPI y que por el contrario realice una importante propaganda sobre Aracruz Celulose. Esto demuestra la influencia que tiene esta empresa sobre los medios, que ha quedado especialmente de relieve con la publicación de una carta a una página titulada "¿Dejen que el estado crezca!" totalmente favorable a Aracruz Celulose, que ha sido publicada en los dos diarios más importantes de Espirito Santo con un costo de cerca de 15 mil dólares. Entre las organizaciones que firman la carta figuran los Departamentos de Agricultura de las 75 municipalidades que conforman el Estado, si bien posteriormente, varios de ellos declararon que no sabían nada sobre esa carta. Y la pregunta es: ¿quién pagó los 15 mil dólares por ese anuncio a una página? En consecuencia, la CPI decidió enviar cartas a todos los secretarios de agricultura preguntándoles si habían sido consultados sobre la firma de esa carta
Las cosas tampoco van bien para Aracruz en el estado vecino de Espirito Santo. En función de la prohibición de plantar eucaliptos en Espirito Santo, la compañía intenta ahora conseguir la aprobación del gobierno estatal de Rio de Janeiro para plantar 42.000 hectáreas en ese estado. Para lograr este objetivo firmó un contrato con el gobierno estatal, que no fue discutido con la sociedad civil. ésa fue una de las razones que condujeron a la creación de un Movimiento contra el Desierto Verde en Rio de Janeiro, en el que participan movimientos de trabajadores rurales, sindicatos y organizaciones ambientales. En el Parlamento estatal de Rio de Janeiro se está analizando una ley similar a la aprobada recientemente en Espirito Santo, que propone la prohibición de plantaciones de eucalipto hasta tanto se realice un ordenamiento territorial con criterios agroecológicos. Además, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) ha apoyado públicamente al movimiento de resistencia contra las plantaciones de Aracruz, afirmando que los planes de expansión de la compañía hacen imposible instrumentar ningún tipo de reforma agraria en Rio de Janeiro. Actualmente, la oposición a Aracruz aumenta en Rio de Janeiro y, a diferencia de lo que sucede en Espirito Santo, la prensa está siguiendo y difundiendo el debate.
Artículo basado en información obtenida de: Newsletter 2002/01 de Movimiento Alerta contra el Desierto Verde, Vitória, 14/05/2002.