En los procesos internacionales relacionados con bosques y biodiversidad, el Brasil es uno de los países con uno discurso muy fuerte en relación con la defensa de la soberanía nacional. Desgraciadamente se trata sólo de un discurso. En realidad lo que la mayoría de los gobiernos brasileños han hecho es abrir las puertas del país de par en par a la inversión extranjera, con los consiguientes resultados de incremento de la pobreza y de la degradación ambiental. Lo que por supuesto no tienen nada que ver con defender la soberanía nacional, sino todo lo contrario. Ejemplos de lo anterior abundan y de entre ellos hemos elegido uno reciente respecto de un nuevo emprendimiento en detrimento de la selva amazónica: el Proyecto de Gas y Petróleo de Urucu.
El proyecto se propone aumentar la producción de petróleo y gas en el campo petrolero de Urucu, una zona de denso bosque tropical, entre las más remotas y menos perturbadas desde el punto de vista ecológico de la cuenca amazónica. El costo total del mismo ha sido estimado en alrededor de U$S 1.040 millones e incluirá dos oleoductos adicionales –de 420 km y 550 km respectivamente- a ser enterrados a una profundidad de entre 1 y 3 metros. El establecimiento y mantenimento de los mismos requiere de la apertura de una carretera de 15 a 30 metros de ancho a lo largo de toda su extensión, lo que habrá de significar la destrucción de unas 200.000 hectáreas de selva exclusivamente con ese fin. Pero eso no es todo. Cada 15 kilómetros se realizarán aclareos de un tamaño suficiente para que aterrice un helicóptero. Dado que tanto los caminos como los espacios para helipuerto deben ser mantenidos a lo largo de toda la vida del proyecto (entre 20 y 50 años) ello no será sino el primer paso para una ulterior degradación del bosque. Está comprobado que el principal factor que conduce a la deforestación en la Amazonia es justamente la apertura de nuevos caminos, los cuales actúan como via de penetración de las madereras, las mineras, los ganaderos y los colonos.
Varias pequeñas comunidades rurales que habitan a lo largo de los Ríos Urucu y Solimoes ya han sufrido las consecuencias de la construcción de los primeros 280 kilómetros de los oleoductos, culminada en 1988. La ruta de los ductos bloqueó tres cursos de agua que eran utilizados por las comunidades para obtener agua potable, bañarse y lavar. Además como consecuencia de ello se acabó con la producción de harina de mandioca, una de las principales fuentes de ingresos y alimento básico de la población local. Ahora deben ir a buscar agua potable a fuentes distantes. Varios otros arroyos de la cuenca del RíoUrucu, también usados por los pobladores locales, resultaron obstruidos con sedimentos o bien se han vuelto inaccesibles como consecuencia de las obras. Las poblaciones de peces del río Urucu han decrecido drásticamente. En muchas zonas se han cortado árboles de castaña de Pará y otros frutales.
El proyecto es financiado por el Banco Japonés de Importaciones y Exportaciones (JEXIM), que ya ha comprometido la suma de U$S 64 millones para la construcción de la planta de procesamiento de gas natural de Urucu. De modo que el Banco JEXIM es el catalizador financiero de un esquema muy riesgoso desde el punto de vista ambiental, que está a punto de desencadenar un desastre ambiental de grandes dimensiones, como los que lamentablemente son comunes en la Amazonia. Tanto Japón como Brasil son signatarios de la Convención sobre Diversidad Biológica, pero negocios son negocios y la conservación de la biodiversidad tan sólo un tema de conversación.
Artículo basado en información obtenida de: Rich, Bruce et al.,“Export Credit Agencies in Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru and Venezuela”, Environmental Defense, 2001(?)