De acuerdo con las leyes camerunesas, tanto las comunidades locales como las compañías madereras industriales tienen derecho a obtener y manejar una parte de un bosque. Pero esta aparente “igualdad” es extremadamente desigual en relación a la extensión de los bosques en cuestión y las obligaciones legales asociadas con los derechos de tenencia.
Por ejemplo, en relación a las obligaciones de manejo, en el caso de bosques comunitarios se debe presentar el plan de manejo antes de iniciar cualquier actividad. Esto constituye un obstáculo importante, porque las comunidades enfrentan grandes dificultades para recolectar los fondos para elaborar sus planes de manejo, y en consecuencia deberían ser autorizadas a cortar al menos un número limitado de árboles para financiar la preparación del plan.
La situación de las compañías madereras industriales es totalmente diferente, como se puede apreciar en los dos modelos de concesión existentes: “ventas de corta” y UFA (unidad forestal de manejo). La primera, definida como un área de madereo con un tamaño máximo de 2.500 hectáreas a ser taladas en un plazo máximo de tres años, no exige la presentación de plan de manejo alguno. La segunda opción consiste en concesiones renovables cada 15 años que abarcan una superficie de hasta 200.000 hectáreas, y en este caso se debe presentar un plan de manejo dentro de los primeros tres años. Sin embargo, durante ese período la compañía tiene derecho de comenzar a talar (sin ningún tipo de plan de manejo), ¡para asegurar la financiación de la elaboración del plan de manejo! Para empeorar la situación, hasta al momento, la administración no ha aprobado ningún plan de manejo, aunque las primeras concesiones en virtud de la ley forestal de 1994 se efectuaron en 1996.
Las sanciones por actividades ilegales muestran un modelo de desigualdad similar. Por ejemplo, las actividades ilegales de las compañías madereras pueden conducir a distintos tipos de sanciones, como multas, exclusión de futuras licitaciones, o suspensión de operaciones. Pero hasta ahora nunca ha sucedido que se haya retirado un permiso de madereo válido a una compañía como resultado de actividades ilegales. Las sanciones para las comunidades tienen alcances mucho mayores, y cualquier error o infracción que se cometa puede dar lugar a la cancelación del bosque comunitario.
De esta forma, la ley parece beneficiar al madereo industrial, a pesar de que los bosques comunitarios tienen un potencial de sustentabilidad mucho mayor que el madereo comercial. La promoción de bosques comunitarios, por lo tanto, debería ser apoyada como medio de asegurar la sustentabilidad social y ecológica. El llamado “derecho preferente de compra” podría haber ayudado a lograr este objetivo, porque hubiera dado prioridad a las comunidades en el acceso a los bosques en vez de al madereo comercial. No obstante, el proyecto de reglamentación que debiera haber establecido ese derecho en beneficio de las comunidades todavía no ha sido firmado.
En su estudio sobre el sector forestal de Camerún (octubre de 1999), el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial apunta en la misma dirección al afirmar que “las compañías madereras internacionales que dominan el sector siguen teniendo carta blanca para desarrollar y usar los recursos forestales de Camerún. Las comunidades locales han sido excluidas del proceso de reforma, a pesar del objetivo declarado de incluirlas en el manejo de los recursos forestales.”
Artículo basado en información obtenida de: "Community Forests and Industrial Logging: Equal Rights?", InsideCameroon 3, junio/julio de 2001, correo electrónico: yimga@cedcam.org. Essama-Nssah and James J. Gockowski, "Forest Sector Development in a Difficult Political Economy: An Evaluation of Cameroon’s Forest Development and World Bank Assistance". World Bank, OED, octubre de 1999.