El 25 de noviembre de 2013, el presidente de Camerún promulgó tres decretos que otorgan a SG Sustainable Oils Cameroon / Herakles Farms 19.843 hectáreas de tierras de comunidades en el sudoeste del país, para el establecimiento de una plantación de palma aceitera a gran escala.
La población y las organizaciones locales denuncian que los decretos presidenciales, plagados de irregularidades, recuerdan el colonialismo y la esclavitud. Agregan que violan la ley camerunesa sobre tenencia de tierras de 1976, así como las leyes internacionales relativas al cambio climático. Estas leyes exigen no aumentar las emisiones a través de la transformación de bosques tropicales en monocultivos tales como, en este caso, las plantaciones industriales de palma aceitera.
El decreto presidencial que otorga una concesión a Herakles en una zona muy sensible ignoró la oposición local al proyecto, así como las advertencias de eminentes científicos y ambientalistas, que afirman que el proyecto causará impactos generalizados e irreversibles.
La ONG camerunesa SEFE denuncia que la decisión viola el principio según el cual un emprendimiento sólo puede ser sustentable si todas las partes se ponen de acuerdo para realizarlo respetando estrictamente los principios y criterios pertinentes, en base a las leyes existentes.
Desde 2010, SEFE lidera una campaña contra Herakles Farms organizando la resistencia comunitaria contra el establecimiento de plantaciones de palma aceitera a gran escala en cuatro áreas protegidas muy importantes, entre las que se incluye el emblemático Parque Nacional de Korup. La zona es también una compleja cuenca hidrográfica (la Reserva de Rumpi Hills), que abastece de agua dulce a comunidades tanto cercanas como muy lejanas de Camerún y Nigeria, y está considerada como un punto de gran valor para la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, el proyecto no sólo tendrá impactos negativos sobre las comunidades vecinas sino también sobre otras muy alejadas, ubicadas en el litoral tanto de Camerún como de Nigeria (Estado de Cross River). Todas ellas se verán gravemente afectadas por la contaminación, las inundaciones, los cambios hidrológicos y la pérdida de biodiversidad. Otros sistemas secundarios, como los manglares ubicados al sur de la zona del proyecto, también sufrirán impactos.
Reina ahora tensión dentro de la zona de la concesión desde la firma del decreto, y esto podría degenerar en conflictos entre aldeas que siempre convivieron en paz y disfrutaron juntas de la vida comunal durante siglos.
La compañía dijo en varias ocasiones que la zona es un bosque secundario y degradado, pero la mayor parte de la tierra que incluye la concesión de Herakles es bosque intacto, tanto en Fabe, Masake, Sikam y Talangaye como en otras comunidades.
SEFE reclama la anulación del decreto debido a los datos incorrectos que contienen los supuestos documentos técnicos, y a que carece de información y de aportes de las comunidades. La ONG también piensa que el otorgamiento en esa zona de una concesión para la creación de una plantación industrial de palma aceitera, insustentable desde el punto de vista social, económico y ambiental, es contrario a las obligaciones de Camerún con respecto a instrumentos internacionales como los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, RAMSAR, las declaraciones sobre derechos humanos de la ONU y otros, que exigen una fuerte adhesión a la paz y la estabilidad, así como la preservación del medio ambiente y la protección de la ciudadanía.
SEFE declara que “continuará con la campaña hasta lograr justicia, porque ésta no fue ni será nunca eliminada por ningún decreto”.
Basado en el comunicado de prensa de SEFE: “SEFE calls President of Cameroon's land deal with US company Herakles Farms a grave injustice and hindrance to conventional values”, http://farmlandgrab.org/22937#sthash.Kef1aXv0.dpuf.