Desde que se creó, el WRM ha trabajado en derechos humanos a la hora de denunciar los distintos procesos de deforestación por extracción de petróleo, minería, explotación maderera, construcción de represas y megaemprendimientos, expansión de monocultivos forestales y agronegocio en general. Es que en cada uno de los casos denunciados sistemáticamente se encuentran lesionados los derechos de comunidades que viven en el bosque o dependen de él.
La continuidad e identidad misma de esas comunidades se ven amenazadas ya no solamente por la destrucción del bosque, sino incluso por esquemas conservacionistas que quieren bosques vacíos, sin comunidades. Esos proyectos reduccionistas, con fines de lucro, niegan la historia y se imponen a vecescon manipulaciones, otrasa la fuerza, avasallando todos los derechos: de primera generación – derechos civiles y políticos –, de segunda generación – derechos económicos, sociales y culturales –, de tercera generación – derechos de solidaridad, que ponen énfasis en el carácter unificador de su incidencia en la vida de todos e incluye el derecho a un medio ambiente sano, al aire puro, a disponer de agua limpia y alimentos no contaminados –.
La situación actual de concentración y expansión del capital, enmarcados principalmente en el mercado financiero, ha dado lugar a procesos de mercantilización y financierización de la naturaleza donde el acaparamiento de tierras ha adquirido un rol cada vez más preponderante. Ese avance de los grupos empresariales y la especulación sobre los territorios ha sido a costa del desalojo y desposeimiento de las comunidades campesinas, largamente ignoradas y relegadas a pesar de que ascienden a 1.200 millones de personas – entre campesinos y trabajadores rurales – en el mundo entero.
Muchas comunidades campesinas están comprendidas en nuestras campañas a favor de los bosques y otros biomas igualmente valiosos, así como en nuestra campaña contra las plantaciones de árboles, pues también ellas, con la deforestación y destrucción ambiental, pierden el sustento que les brindan los productos del bosque o pierden su forma de vida y futuro cuando los monocultivos forestales rodean o invaden sus tierras agrícolas.
Hasta ahora los derechos de los campesinos y campesinas no estaban reconocidos específicamente por la Organización de las Naciones Unidas, pero, fruto de su largo batallar, el 27 de setiembre pasado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el voto a favor de 23 Estados miembros, 15 abstenciones y 9 votos en contra – entre ellos la Unión Europea –, adoptó la resolución A/HRC/21/L23, que alude a la necesidad de crear una nueva herramienta internacional para la promoción y protección de los derechos de los campesinos – hombres y mujeres – y otros grupos de trabajadores rurales.
Esta declaración surgió como iniciativa en 2008, durante la Conferencia Internacional para los Derechos Campesinos celebrada en Jakarta, y fue La Vía Campesina quien la presentó en la ONU.
La resolución sienta un precedente y constituye un modelo a seguir, en el que se reconocen nuevos derechos como el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a las semillas y al conocimiento agrícola y las prácticas tradicionales, el derecho a los medios de producción agrícola, a la protección de los valores agrícolas locales, entre otros.
Se trata de una victoria en la lucha de las organizaciones campesinas, las cuales desempeñan un papel esencial en la producción de alimentos y han adquirido una enorme importancia en cuanto a propuestas políticas frente al creciente número de conflictos en torno a la tierra, el agua, así como para hacer frente a la crisis climática y a la alta de los precios de los alimentos.
Fueron ellas, principalmente a través de La Vía Campesina, quienes levantaron la bandera de la soberanía alimentaria, una estrategia abierta, adecuada y que implica comenzar a realizar cambios dando respuestas positivas a varios de los problemas creados por un modelo agroindustrial que no ha tenido en cuenta los derechos humanos. Las organizaciones campesinas han puesto sobre la mesa la necesidad de devolver la agricultura a los campesinos y campesinas, quitándole el poder que concentra el agronegocio, porque son ellas, con una agricultura familiar, en pequeña escala, adecuada, preocupada en qué se planta, cómo y para quién, quienes podrán contribuir en gran medida al bienestar de millones de seres humanos y a que exista una posibilidad de futuro en un planeta habitable.
Es que la propuesta de que los campesinos pueden enfriar el planeta es una respuesta positiva al cambio climático, respaldada por cifras que demuestran que podrían reducir en más de la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en la medida que la agricultura dejara de ser de los grandes agronegocios (ver boletín 149 del WRM).
La resolución de las Naciones Unidas implica un reconocimiento integral de las comunidades campesinas como actores titulares de derechos humanos que deben ser defendidos. Por su parte, los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de aplicar programas y políticas que promuevan la soberanía alimentaria, las condiciones de vida en el campo y la protección de campesinos y campesinas, del mismo modo que son responsables legales de la protección de sus derechos humanos.
Esta victoria es un jalón en la lucha campesina contra la marginación, la pobreza extrema, los desalojos, la criminalización cuando reivindican su derecho a la tierra y al territorio y resisten no sólo la apropiación y destrucción de ecosistemas sino la violación de sus derechos humanos en cuanto campesinas y campesinos. En muchas partes del mundo los movimientos campesinos sufren amenazas, campañas de desprestigio, cárcel, juicios injustos, represión, muerte.
Es por eso que La Vía Campesina saluda la resolución de la ONU pero afirma que “la lucha continúa”.
Artículo basado en “Vitoria na defesa dos direitos humanos dos camponeses depois de luta difícil”, enviado por Isabelle Dos Reis, Via Campesina, Africa 1 (África del sur, este y central) Maputo – Mozambique, http://viacampesinaafrica.blogspot.com/,
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