“Este es el proyecto más rigurosamente examinado y controlado del mundo” replicó un alto funcionario francés en Chad a los representantes de las organizaciones de Derechos Humanos de ese país que se entrevistaron con él en marzo de 2001. “No hay absolutamente nada de que preocuparse” agregó. Sin embargo, hay muchas personas preocupadas y que han venido luchando contra este proyecto desde hace mucho tiempo.
En verdad, la campaña internacional contra el proyecto de explotación petrolera y oleoducto Chad-Camerún, liderada por ONGs africanas y apoyada por ONGs de todo el mundo, ha sido muy exitosa en términos de lograr que el proyecto incluyera numerosas medidas precautorias con el propósito de hacerlo más responsable desde el punto de vista ambiental y social. Por ejemplo, la trayectoria de la obra fue rediseñada para evitar que pasara por algunas zonas ricas en biodiversidad; en Chad se estableció un Comité de Supervisión --incluyendo a representantes de la sociedad civil-- para asegurarse de que los ingresos provenientes de la venta de petróleo sean utilizadas en el alivio de la pobreza y, sobre todo, en los documentos oficiales se destacó el papel de la sociedad civil, las comunidades locales y los pueblos indígenas. Más aún, se estableció un Grupo Asesor Internacional, con el cometido de monitorear los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como cuestiones de "buen gobierno", incluyendo el tema de los Derechos Humanos. Por lo menos en el papel, todas estas medidas indican un importante alejamiento del enfoque liberal de partida, según el cual el Banco Mundial y las empresas privadas que cuentan con su apoyo dejarían todo librado a los respectivos gobiernos receptores de los fondos --sin importar cuan corruptos fueran-- para que manejaran los proyectos de acuerdo con sus propios intereses.
A pesar de lo impresionantes que puedan parecer estos cambios en el papel, existen serias dudas acerca de lo que todas estas medidas puedan significar en la práctica, dado que no pueden ser consideradas aisladamente de la situación política general de ambos países. El último Informe sobre Derechos Humanos realizado por el Departamento de Estado de los EE.UU. confirma que tanto el gobierno de Chad como el de Camerún siguen cometiendo impunemente graves violaciones a los Derechos Humanos y que los ciudadanos de ambos países no tienen acceso a un sistema judicial independiente.
ONGs chadianas y camerunesas exigieron una moratoria sobre la decisión de financiar el proyecto hasta tanto existan las garantías que aseguren que el proyecto no implicará más violaciones de los Derechos Humanos y destrucción ambiental. Pese a ello, los gobiernos, las empresas petroleras y sus financiadores internacionales estaban apresurados y el proyecto fue aprobado en junio de 2000.
Poco después los temores de las ONGs resultaron confirmados, cuando el gobierno de Chad utilizó parte de los fondos del primer pago por parte de las empresas petroleras para adquirir armas (ver Boletín 41 del WRM). A pesar de las manifestaciones del Banco Mundial en el sentido de que está en funciones un Comité de Supervisión, el marco regulatorio para su accionar todavía no se ha publicado. Además, en el borrador del decreto de implementación del comité, dado a conocer por el gobierno, se propone un proceso de toma de decisiones por mayoría simple, lo que aseguraría siempre la mayoría al gobierno. Lo que es más, reduce sensiblemente el área de intervención del Comité de Supervisión y sólo le requiere que informe al gobierno.
En Camerún la construcción del oleoducto habrá de destruir la biodiversidad, especialmente en la selva litoral, habitada por el pueblo indígena Bakola. Tal como lo exigen las políticas ambientales del Banco, el organismo requirió del gobierno que creara un área protegida a efectos de compensar dicha pérdida de biodiversidad. No obstante, dicha zona de compensación --denominada Reserva de Campo-- está siendo amenazada por una compañía maderera francesa que forma parte del muy conocido Grupo Bollore, que mantiene estrechos vínculos con el gobierno camerunés.
El Grupo Asesor Internacional, presidido por un ex Primer Ministro de Senegal, está a punto de realizar su primera visita de campo a Chad y Camerún. La efectividad del trabajo de este grupo dependerá de su capacidad para trascender el ejercicio de relaciones públicas en que puede convertirse su visita y, en cambio, establecer relaciones con las comunidades afectadas y las ONGs en el terreno.
Independientemente de la actividad de este Grupo, recientemente el Panel de Inspección del Banco Mundial ha recibido una demanda presentada por un miembro del Parlamento de Chad, representante de la región productora de petróleo y por 120 residentes locales. En la demanda se plantea que la población local y su ambiente se han perjudicado o son pasibles de perjudicarse como consecuencia de la violación por parte del Banco de sus propias políticas. La Junta de Directores Ejecutivos del Banco habrá de decidir si autorizará o no al Panel de Inspección a investigar la denuncia, sólo luego que la administración del Banco Mundial haya tenido la posibilidad de responder a esas acusaciones. Dada la naturaleza controversial del proyecto y el clima de opresión política reinante en Chad y Camerún, la credibilidad del Banco se vería seriamente perjudicada si no va al fondo de las acusaciones planteadas por los demandantes, quienes corren el riesgo de ser encarcelados, torturados e incluso asesinados por hacer públicamente esas denuncias.
Posiblemente hasta ahora el resultado más positivo de la campaña internacional sobre el proyecto haya sido el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil tanto en Chad como en Camerún. A pesar de las enormes dificultados y los peligros que deben afrontar, hay planes para coordinar esfuerzos a nivel de las ONGs, con el fin de monitorear la situación de los campos petroleros y la construcción del oleoducto, con el objetivo de evitar un desastre desde el punto de vista humano y ambiental. Tales esfuerzos merecen todo el apoyo de la comunidad internacional.
Por: Korinna Horta,