Históricamente, la relación entre las comunidades mapuche y la industria forestal ha estado marcada por el conflicto, básicamente en función del avance de la industria forestal en tierras reivindicadas por las comunidades mapuche y el impacto sobre el hábitat de dichas comunidades.
Tres son los grupos empresariales que monopolizan el mercado forestal en Chile: Forestal Arauco, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y MASISA. Las plantaciones forestales de estas grandes empresas concentran la propiedad de un total de 1.715.910 hectáreas de acuerdo a cifras del año 2007, en su mayoría en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde la propiedad forestal en el territorio mapuche tradicional triplica las tierras indígenas reconocidas por el Estado.
La mayor parte de las plantaciones forestales se han establecido en tierras ancestrales mapuche. Las comunidades afectadas por esta industria reclaman derechos de propiedad sobre las tierras forestadas, que les fueron usurpadas tanto durante la época de la colonia como con posterioridad al golpe de Estado de 1973.
Las “tierras usurpadas”Las “tierras usurpadas” corresponden a aquellas tierras reivindicadas por los mapuche como de su propiedad pero que fueron adjudicadas por el Estado a particulares, o en otros casos fueron efectivamente usurpadas materialmente por éstos – en su mayoría empresas forestales – a pesar de la existencia de títulos de propiedad indígena.
Si bien posteriormente hubo una tibia política de restitución de tierras a pueblos indígenas, fue insuficiente y el problema de la tierra continúa.
Actualmente, el proyecto de ley de Fomento Forestal, que modifica y extiende el Decreto 701 - norma que regula la actividad e incentiva la forestación - apunta a expandir la industria forestal hacia los pequeños productores, canalizando fondos. Pero esto no significa que se priorice a los pequeños productores por sobre la gran empresa. Por el contrario; frente a la falta de tierras disponibles para el sector industrial, en gran medida debido a que éstas tienen la calidad de tierras indígenas o son terrenos muy pequeños, se busca impulsar una reconversión productiva en los campesinos indígenas y no indígenas, para que terminen cultivando para la gran industria, la que les fija el precio y compra su producción.
Es por ello que el modelo forestal de monocultivos industriales de árboles ha sido y continúa siendo un proceso invasivo en la sociedad mapuche ya que las plantaciones forestales presionan sobre la disponibilidad de las tierras y modifican los espacios territoriales así como la relaciones socio-espaciales de las comunidades mapuche. Ese avance de la industria forestal termina colonizando el territorio y obligando a las comunidades mapuche y pequeños propietarios a abandonar su sistema de vida y costumbres, forzándolos a generar microemprendimientos forestales o trabajar como empleados asalariados de la industria forestal.
No obstante, las comunidades no han claudicado en su empeño por reclamar los derechos sobre sus espacios territoriales ancestrales, lo que incluye la propiedad de las tierras y el control sobre el territorio, de modo de ejercer el derecho a establecer sus prioridades en materia de desarrollo y contar con los recursos naturales necesarios para asegurar su existencia organizada como pueblo.
Enfrentadas a una ley cuyo objeto ha sido el de reducir sus territorios, contando con mecanismos de reclamación que han defraudado la fe indígena en las instituciones estatales, y con mecanismos de resolución de conflictos de tierras que han resultado ineficaces, las comunidades - que nunca han contado con mecanismos institucionales eficaces para que el Estado salvaguarde sus derechos -, han recurrido a la “toma” de predios para exigir sus demandas territoriales y visibilizar sus condiciones de exclusión y denegación de derechos. Son muchos los casos de ocupación de predios indígenas actualmente bajo dominio de empresas forestales y en conflicto.
Estos conflictos han derivado en situaciones muy graves de criminalización de los comuneros y líderes que han ocupado predios en conflicto, tipificando dichas medidas como delitos. Ello ha permitido iniciar procesos judiciales contra organizaciones, comunidades, miembros y líderes indígenas, acusándolos de cometer delitos comunes establecidos en el Código Penal, tales como: el incendio, la asociación ilícita, amenazas y el abigeato. Numerosos casos han concluido con su encarcelamiento y denostación ante la opinión pública. Además, se han utilizado leyes de excepción, como la ley antiterrorista o la ley de seguridad interior del Estado, lo que habilita a la judicatura a agravar las penas asignadas a los delitos comunes y suprimir garantías procesales.
La política del Estado chileno en relación a los recursos forestales del pueblo mapuche sigue siendo la de exclusión e imposición en un contexto acelerado de pérdida de bosques y la biodiversidad asociada a ellos, que se constata hoy en el territorio mapuche como consecuencia de la actividad de forestación exótica y de la proliferación de los monocultivos.
Extraído y adaptado del Documento de Trabajo “Pueblo mapuche y recursos forestales en Chile: devastación y conservación en un contexto de globalización económica”, José Aylwin, Nancy Yáñez, Rubén Sánchez; Observatorio Ciudadano IWGIA, http://www.observatorio.cl/sites/default/files
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contexto_de_globalizacion_economica.pdf