Días pasados ocurrieron graves incidentes en la ciudad de Temuco, que finalizaron con más de 125 comuneros presos, muchos lesionados y graves destrozos. Estos incidentes son producto de una larga cadena de usurpaciones que ha sufrido el pueblo Mapuche durante todo el siglo XX y que permanecen sin tener el reconocimiento público y fundamentalmente del Estado, que sigue actuando a favor de las empresas forestales y brindándoles su apoyo de muchas formas, entre otras poniendo la fuerza policial al servicio de las empresas.
Días antes de los incidentes mencionados, la sede de la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras fue destrozada por un contingente policial que lanzó gases lacrimógenos, rompió vidrios e intentó desalojar por la fuerza a una veintena de Mapuches que estaban dentro del local. Este operativo policial represivo se realizó en cumplimiento de una “orden” de los fiscales Alberto Chifelle --señalado por las organizaciones Mapuches de estar involucrado en usurpaciones de tierras-- y Francisco Rojas, para “incautar antecedentes informativos”.
En repudio a este acto vandálico sin sentido --que el comandante de Carabineros dijo desconocer-- se realizó una marcha pacífica en el centro de la ciudad de Temuco. En la marcha, la más importante realizada en los últimos años, participaron nueve organizaciones Mapuche de la región. El clima pacífico de la marcha se vio alterado con la llegada de un fuerte contingente de carabineros que, apoyado por carros lanza agua, carros blindados y efectivos a caballo llegaron a dispersar a los manifestantes.
Según el diario La Tercera, Carabineros confirmó que se causaron daños calificados a la propiedad pública y que "se actuó con una violencia nunca vista en esta región". Agregó que los detenidos pasarán a disposición de la Fiscalía Militar, algunos de ellos por maltrato de obra a carabineros en servicio, otros por daños calificados y el resto por desórdenes.
Sin embargo, quienes tienen más derecho para hablar de daños y violencia son los Mapuche, que en estos últimos años han denunciado insistentemente el ahogamiento y acorralamiento que sufren las comunidades que colindan con empresas forestales, la pérdida de sus tierras, la improductividad y la escasez de agua causadas por las plantaciones exóticas, las emigraciones forzadas, la presencia de grupos paramilitares de seguridad forestal; el complot, el sabotaje y las actitudes represivas de empresas en contra de Mapuches, las detenciones y procesamientos judiciales arbitrarios.
Según una carta del abogado indigenista José Aylwin, del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, hace mucho tiempo que los Mapuche vienen manifestando de diversas formas su disconformidad frente a los procesos que hoy se verifican en sus territorios ancestrales afectando sus derechos. Destaca fundamentalmente la expansión de la actividad forestal sobre tierras que históricamente les pertenecen y que son reconocidas y protegidas por la legislación por su carácter indígena. La plantación de árboles exóticos literalmente ha encerrado a las comunidades dentro de su propio espacio ancestral (la empresas forestales poseen 1,5 millones de hectáreas al sur del Bío Bío), afectando seriamente las tierras y las aguas de los Mapuche.
A pesar de que los forestales aducen tener derechos Constitucionales sobre las tierras que poseen, los Mapuche “han visto sus tierras disminuir gradualmente desde mediados del siglo XIX, primero mediante la radicación en reducciones, luego a través de la división y enajenación de sus tierras comunales promovida por el Estado, y más tarde, a través de la pérdida de las tierras que les fueran entregadas a través de la reforma agraria. Se trata de un proceso que los Mapuche conocen con un nombre: usurpación".
Todo esto ha conducido a un creciente distanciamiento entre el mundo Mapuche y el Estado y las empresas privadas presentes en su territorio. Los Mapuche reclaman lo que de acuerdo a su historia, concepción del mundo, a su sistema de normas y valores consideran que les pertenece y les ha sido arrebatado. El Estado, por su parte, impone su ley, su estado de derecho. Las consecuencias de dicha incomunicación son la situación de violencia que hoy se vive en las comunidades Mapuche y que se agrava progresivamente.
En cuanto a los hechos de violencia, José Aylwin señala “que existe una enorme desproporción entre las acciones de los Mapuche y la fuerza empleada por los agentes del Estado, o incluso agentes de seguridad privados, para reprimir a los indígenas". Se señala como hecho “preocupante que el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado (Carabineros, Policía de Investigaciones) en contra de personas Mapuche involucradas en acciones en defensa de sus derechos se haya transformado en una rutina” como así también “que las fuerzas policiales actúen en forma conjunta con las empresas que hoy se hacen presente en el espacio territorial Mapuche. Tal es el caso de la actuación conjunta de Carabineros e Investigaciones y guardias de empresas forestales en el área de Malleco. Se trata de un hecho abiertamente ilegal, que no puede seguir siendo amparado por las autoridades”.
El gobierno tiene dos caminos: o la búsqueda honesta de soluciones o el incremento de la represión. Por el momento, parece haber optado por el segundo, que claramente constituye un callejón sin salida, como lo prueba la escalada de violencia en el Sur. Es hora de que el Estado chileno asuma su responsabilidad histórica en el drama del pueblo Mapuche y que empiece a buscar soluciones reales, que necesariamente pasan por la devolución de tierras usurpadas por las empresas forestales durante la dictadura pinochetista.
Artículo basado en información obtenida de: La Tercera, 26 de julio 2001
“El tema Mapuche en los medios de comunicación de la sociedad chilena”
Carta del abogado indigenista José Aylwin.