Invitados por la organización Justicia y Paz, un conjunto de observadores internacionales tuvimos la oportunidad de visitar una zona de Colombia (Curvaradó) donde las comunidades locales sufrieron un proceso violento de expulsión hace unos diez años y ahora están retornando a sus territorios.
Cabe aclarar que decir que “sufrieron un proceso violento de expulsión” no refleja todo el horror de las acciones llevadas a cabo por grupos de asesinos paramilitares con el apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas. A través de asesinatos, torturas, desapariciones, destrucción y quema de viviendas, bombardeos, la represión logró su objetivo: la expulsión de todas las comunidades (en particular afrocolombianas y mestizas) de la región.
Diez años después, en una demostración de valentía –en medio de amenazas permanentes- la gente comienza lentamente a retornar a sus hogares destruidos y se encuentra con que sus tierras y bosques –en los que han habitado por más de 120 años- están ahora ocupados por miles de hectáreas de monocultivos de palma aceitera y que sus “propietarios” son los mismos paramilitares responsables de las masacres que les empujaron a la migración. “Cuando volvimos, estaba todo sembrado de palma”, comenta indignado un poblador.
La indignación logra superar al miedo y los legítimos propietarios se lanzan a recuperar su territorio ocupado por palmas haciendo lo único que se puede hacer: eliminarlas. “Hay que tumbar la palma, que es lo que nos está molestando”, dice un retornado. En algunos casos las cortan con motosierras, en otros las arrancan de raíz y a la mayoría les cortan todas las hojas y el brote terminal (las “desmochan”). El trabajo es agotador, dado que las palmas ya cuentan con troncos muy gruesos y sus hojas esconden peligrosas espinas que provocan hinchazones e infecciones. A eso se suma el peligro de las culebras ponzoñosas y las avispas que atacan al momento menos pensado. Unas 20 personas apenas logran eliminar dos hectáreas de palma por día. Al momento de la visita se calculaba que se llevaban unas 40 hectáreas recuperadas, que ya estaban comenzando a ser sembradas con cultivos alimenticios.
Es que en el Curvaradó no se interpreta la palma como vida o como posibilidad de vida. “De qué vida se habla, cuando se habla de biocombustibles derivados de la palma. Aquí la palma es desolación verde, es destrucción humana, es muerte de toda la vida”. En esta región, la mayoría de las 50 mil hectáreas del Territorio Colectivo eran selva virgen, con más de 25 ciénagas. Los pobladores dicen: “nos han explotado las maderas que teníamos, las ciénagas han sido canalizadas y secadas, los animales no tienen alimento, las aves se han ido por falta de fruta”.
Al preguntárseles acerca de sus planes futuros, responden que buscan producir alimentos “sembrando lo de antes”. También quieren “recuperar los bosques y comenzar a sembrar algunos árboles”, así como “que los ríos recuperen su agua y que vuelva el pescado”. Quieren organizar “zonas de biodiversidad para recuperar las especies que se han perdido, los peces y la caza”, buscando “atraer a esas especies”.
En un recorrido por la zona, llegamos al poblado de Andalucía. El poblado ya no existe. Todo fue destruido por los paramilitares. El fundador del poblado nos lleva a lo que una vez fue su casa, de la que solo queda el piso de cemento. También visitamos el cementerio, del que solo existe la mitad, ya que los “para-palmicultores” cometieron el ultraje de hacer una zanja de drenaje por el medio del mismo y sembraron con palmas la otra mitad del cementerio.
La vida no es fácil para los retornados, ya que las amenazas se hacen sentir por parte de los llamados “desmovilizados” (paramilitares que supuestamente abandonaron las armas), que toman registros fotográficos y de video de todos, que recorren la zona en motocicletas y que hacen sentir su presencia. Uno de ellos, apodado “El Chupa”, dice en tono amenazante: “ese corte de la palma, se les va a cobrar por otro lado y les va a salir muy caro; así como cortan por pedazos les va a pasar”. Al mismo tiempo que corren rumores de que las “Águilas Negras” (un grupo paramilitar) se dirige hacia la zona, se observa a conocidos paramilitares desplazarse hacia arriba y hacia abajo por las zonas de corte.
Los “para-palmicultores” buscan generar conflictos entre la gente. Por un lado, instigan contra los retornados a los trabajadores contratados para realizar tareas en las plantaciones –muchos de los cuales con un pasado paramilitar- diciéndoles que les están quitando su trabajo. Es así que desde los camiones -donde unos 60 trabajadores son transportados por la empresa como ganado- parten insultos o burlas a quienes están cortando las palmas. “Mochen la palma, siembren coca, que nosotros venimos a recoger”, gritan desde el camión.
Por otro lado, están trayendo gente de otras regiones –tanto ex paramilitares como campesinos- para que ocupen tierras pertenecientes a las comunidades retornadas, bajo el absurdo rótulo de “familias guardabosques” (el único “bosque” que se pretende proteger son las plantaciones de palma). La vieja táctica de la división.
También los militares juegan su papel y en el puesto militar sobre un puente le hacen muchas preguntas a la gente, incluyendo la de “¿Quién les está pagando para que corten la palma?” Dada su pasada participación directa en la represión de las comunidades, su presencia genera temor en los retornados.
Tampoco los “gringos” (o sea, todos los no colombianos que apoyamos a estas comunidades) estamos libres de amenazas y es así que como por arte de magia aparecen letreros que dicen “fuera los gringos” y “muerte a los gringos”.
Pero a pesar de todo, las comunidades siguen adelante en la recuperación de su territorio. Al salir, uno de ellos nos dice: “Pido que le hagan conocer la verdad al mundo”. A eso apunta el presente artículo, que al mismo tiempo pretende ser un homenaje al heroísmo de esta gente y una condena al gobierno colombiano, responsable de esta situación. En pocos lugares del mundo la palma aceitera está tan manchada de sangre como en el Curvaradó y la única forma de comenzar a reparar los atropellos cometidos es que el gobierno reconozca legalmente los derechos de estas comunidades a sus tierras. Mientras no lo haga, merecerá que se le siga condenando.
Por Ricardo Carrere, en base a observaciones y entrevistas realizadas durante la visita al Curvaradó entre el 9 y el 11 de agosto de 2007. Más información (con fotos) en: http://www.wrm.org.uy/paises/Colombia.html#info