El Plan Colombia ha resultado funcional a los grupos económicos de la palma aceitera (ver boletines Nº 47 y 70 del WRM). Operaciones militares y paramilitares de protección o de avanzada del proyecto agroindustrial han incursionado en territorios colectivos, han construido carreteras, talado bosques, excavado canales artificiales. Todo eso, en un entorno de impunidad y violación de los derechos humanos.
Desde el 2001, la organización de derechos humanos Justicia y Paz ha denunciado la siembra ilegal de palma por la empresa Urapalma S.A. en por lo menos 1.500 hectáreas en el Territorio Colectivo del Curvaradó y su proyección sobre el Jiguamiandó. A pesar de años de transitar vías del diálogo, acciones jurídicas, comisiones de verificación, no se ha podido parar el avance de la destrucción del bosque, ni las amenazas de muerte contra los legítimos propietarios. En el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Familias de Curvaradó denuncia que en los últimos 15 días de abril se intensificó la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, con deforestación de bosques nativos de los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó, en el Bajo Atrato, y en los territorios con títulos individuales de miembros de las comunidades.
A pesar de que el pasado 14 de marzo el Gobierno Nacional se comprometió en la Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tomar medidas para que las empresas palmicultoras detengan sus actuaciones y a definir mecanismos para resolver el problema de fondo, lo que se ha constatado es un avance acelerado de la preparación de nuevos predios, la destrucción ambiental, la imposibilidad de retorno de las familias afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó y el incremento de amenazas de muerte contra los verdaderos propietarios, que ante la inacción gubernamental, la negligencia del ente investigador y los organismos de control han intentado recuperar las fincas para su supervivencia.
La Brigada XVII y la Policía de la región han sido responsables por acción u omisión de dichas violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, personal vinculado con las empresas palmicultoras han intimidado a los pobladores -legítimos dueños- con la advertencia de que matarán a 5 de ellos y quemarán las enrramadas de sus fincas si persisten en trabajar en las propiedades, que ya están destinadas para la siembra de palma.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz expresa, además, que ante la impunidad de lo que ocurre en el Curvaradó y Jiguamiandó no es posible creer en las políticas oficiales en materia de ambiente ni de respeto a los Derechos Consagrados en la Ley 70 de comunidades negras, ni esperar que el circuito de impunidad cese: “se constata nuevamente que Derechos para los empobrecidos no existen sino en la formalidad, en centenares de papeles o de archivos electrónicos. Se constata que el exterminio, la persecución, la destrucción de un grupo humano desarrolla las más diversas técnicas desde la tortura corporal a la psicológica, desde la desaparición forzosa hasta la destrucción de caseríos, desde el asesinato selectivo y la masacre hasta el arrasamiento de todo tipo de vida, desde el desplazamiento forzoso hasta el desarraigo total y absoluto. Se ha impuesto el Estado de Hecho, el Derecho No Existe. La verdad no es posible. La ambición se impone sobre la solidaridad. El odio del poder sobre el amor de los empobrecidos. El Estado está erosionado”.
En un pedido de solidaridad urgente, los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y 9 comunidades del Curvaradó han solicitado, entre otras cosas:
“ Presencia urgente de voluntarios internacionales en las 3 Zonas Humanitarias y apoyo a la presencia permanente de Justicia y Paz en nuestras Zonas Humanitarias "Pueblo Nuevo", "Bella Flor Remacho", "Nueva Esperanza"
Participación de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en la semana de presencia mundial en los territorios de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó del 1 al 10 de agosto de 2005, con el fin de:
- Constatar las actividades de las empresas palmicultoras durante esa semana, exigir la suspensión de los trabajos en los territorios de las comunidades y realizar un acto de indignación.
- Visualizar la expropiación de tierras, de la que vienen siendo víctimas las comunidades, a través de medios nacionales e internacionales de información que serán convocados a la jornada en terreno”.
Como exigencia al estado y al gobierno, las comunidades solicitan:
“ Dirigir cartas al Presidente de la República Alvaro Uribe Velez, al Vicepresidente Francisco Santos; al Ministro del Interior Sabas Pretel De La Vega, al Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias; a la Ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez Pérez; Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, exigiendo:
- Honrar la palabra empeñada ante la Corte Interamericana el 14 de marzo pasado, en San José de Costa Rica, de frenar y de suspender de modo inmediato la siembra de palma aceitera en los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó
- Responder integralmente a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo respecto a la asistencia humanitaria, condiciones de retorno de las comunidades, respeto a las Zonas Humanitarias, dotación de los sistemas de comunicación, presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en las Zonas Humanitarias
- Crear una Comisión de Verificación de Medición de Daños Ecológicos en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó y Curvaradó por efecto de la siembra de palma aceitera y las posibilidades de Retorno de las comunidades afrodescendientes”.
Artículo basado en información obtenida de: “Jiguamiandó, amenazas de muerte por la siembra de palma”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, abril de 2005, enviado por Justicia y Paz, correo electrónico: justiciaypaz@andinet.com