Las plantaciones forestales con fines comerciales a cargo de empresas privadas comenzaron en Colombia en la década de 1960. Las plantaciones comerciales de madera de fibra larga --pinos y cipreses-- se hallan ubicadas principalmente en el oeste del país, en los departamentos de Antioquía, Caldas, Quindio, Risaralda, Valle y Cauca; en tanto en las zona central --en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá-- predomina el Eucalyptus globulus.
Ya desde la década de 1970 se vienen denunciando los impactos provocados por los monocultivos forestales en gran escala en dicho país. Un estudio de ese entonces, contratado por el propio estado colombiano para evaluar los efectos de las plantaciones de coníferas en el Departamento del Cauca, concluyó que las mismas destruían los ecosistemas naturales. A su vez, en la década de 1990 varios municipios prohibieron las plantaciones forestales en cuencas abastecedoras de agua y sancionaron a compañías forestadores por practicar la quema del bosque para dar lugar a plantaciones. Sin embargo, bajo la influencia del modelo globalizador y a instancias de las autoridades nacionales y de organismos internacionales de crédito, la forestación en gran escala continúa.
Uno de sus actores más relevantes es Smurfit Cartón de Colombia, responsable de daños ambientales como la tala de selva en el Chocó Biogeográfico, la contaminación hídrica en el río Cauca y la contaminación atmosférica en la ciudad de Yumbo. La actividad de la empresa en el país comenzó en 1957 cuando se creó Celulosa y Papel de Colombia S.A. (Pulpapel) --conformada por el Instituto de Fomento Industrial (IFI), Cartón de Colombia y la Container Corporation of América, una subsidiaria de la Mobil-- que luego vendió sus acciones a Cartón de Colombia y pasó a denominarse Smurfit Cartón de Colombia. Esta es parte de la multinacional Jefferson Smurfit Group plc, con sede en Irlanda. Dicha empresa es uno de los mayores productores de empaques a base de papel en el mundo, operando en veinte países. La empresa obtiene el mayor margen de ganancias en América Latina. Es así que en 1993, por ejemplo, el 70% de las ganancias de Smurfit provenían de Colombia, México y Venezuela.
¿Por qué Smurfit eligió estos países y específicamente Colombia? Además de los buenos crecimientos de las plantaciones de pino, de la debilidad de los controles ambientales y de los bajos costos de mano de obra --debido al empleo de trabajadores informales y a la subcontratación de tareas-- una razón fundamental ha sido la legislación que, gracias a su poderosa influencia, Smurfit ha logrado que el estado apruebe en su beneficio.
Para comenzar, la Ley 99 de 1993 asignó a un representante de los gremios de la actividad forestal un lugar en el Consejo Nacional Ambiental. La Asociación Colombiana de Reforestadores (ACOFORE), creada a instancias de la propia Smurfit, lógicamente ofrece ese lugar a Smurfit.
Por otra parte, están vigentes una serie de beneficios que la ley le otorga, algunos rayanos en el disparate. Por ejemplo, a través de los Certificados de Incentivo Forestal (CIF), establecidos en 1993 como “un reconocimiento del Estado Colombiano a las externalidades positivas de la reforestación en tanto los beneficios ambientales y sociales generados”, se permite que los proyectos de plantación con especies introducidas reciban los mismos beneficios que aquellas donde se usen árboles autóctonas, siempre que “se demuestre como resultado de estudios científicos o de investigación aplicada que la especie presenta calidades excepcionales para poblar y conservar y regular aguas”. Teniendo en cuenta los probados impactos negativos que los monocultivos forestales con especies de rápido crecimiento tienen sobre la dinámica del agua en las cuencas, lo anterior es difícil de imaginar. Sin embargo, la empresa logra que los estudios lo "demuestren" y se beneficia de los CIF.
Smurfit es también beneficiaria de diferentes tipos de exoneraciones impositivas para promover lo que erróneamente la legislación denomina “reforestación”. A modo de ejemplo: un descuento del 20% en el impuesto a la renta generada por las nuevas plantaciones, una deducción del 80% del valor imputable sobre la venta de los productos de la cosecha de madera a efectos del pago de impuestos, y la exoneración de impuestos sobre prestación de servicios técnicos relacionado con las plantaciones forestales, establecida por la Ley de Presupuesto de 1995.
El rumbo que ha tomado la política forestal en Colombia es alarmante por diversos motivos. En tanto por un lado no existe una protección efectiva de la enorme diversidad forestal existente en su vasto territorio, afectada además por las actividades de plantación de cultivos ilícitos y su represión, por otro lado se fomentan los monocultivos, que son una causa directa de la deforestación y degradación de los bosques, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Además, se aprueban medidas legislativas hechas a medida para Smurfit y los grandes “reforestadores”, en tanto los agricultores --en especial los minifundistas-- son dejados librados a los azares del mercado y las condiciones atmosféricas. Todo ello en el marco de un sangriento conflicto a nivel nacional cuya causa primera se encuentra precisamente en el injusto sistema de tenencia de la tierra.
En la vecina Venezuela, Smurfit ya ha debido enfrentar severos conflictos con comunidades locales a causa de los monocultivos forestales (ver Boletines 18, 20, 22 y 23 del WRM). Asimismo en Colombia sus actividades vienen generando una oposición creciente, como la que están oponiendo los Grupos Ecológicos de Risaralda, provincia donde la empresa ya es dueña del 10% de la tierra. En realidad, difícil sería esperar otra cosa frente a una actividad que, para beneficiar a unos pocos, tantos perjuicios ocasiona a tantos desde el punto de vista ambiental y social.
Artículo basado en información de: “Smurfit Cartón Colombia y las plantaciones forestales. Caso colombiano” por Herney Patiño Ríos, Grupos Ecológicos de Risaralda; Joe Broderick, “El imperio de cartón. Impacto de una multinacional papelera en Colombia”, Planeta Colombiana Editorial S.A., Santafé de Bogotá, 1998.