En agosto de 2014, el gobierno de Gabón promulgó una nueva Ley de ‘Desarrollo Sostenible’. Esta ley es la primera que introduce créditos no solamente de carbono o biodiversidad (1) sino también de ‘capital comunitario’, el cual se define como la “suma de los activos naturales y culturales que pertenecen a una comunidad”. Sin mayores explicaciones, el ‘capital comunitario’ podría incluir cosas como tierras comunitarias, cosechas, recursos hídricos, cultura o educación. En este contexto, las mujeres resultan las más afectadas ya que, dentro de las comunidades, con frecuencia son ellas quienes asumen las tareas de cuidado, educación, elaboración de medicinas y cultivo de los alimentos.
La nueva ley establece que en Gabón las empresas pueden compensar la destrucción que generan a los bosques y territorios tradicionales mediante la compra de ‘créditos de desarrollo sostenible’. Estos créditos se dividen en cuatro tipos diferentes: créditos de carbono, créditos de biodiversidad, créditos de ecosistemas y capital comunitario. Tal parece que el sistema comercial permite la total intercambiabilidad entre todos los tipos de créditos, lo que significa que podría ser posible comercializar ‘capital comunitario’ con otros componentes del ‘desarrollo sostenible’. La ley, sin embargo, no es clara y está abierta a interpretación. En la práctica, esto podría significar el quitarle tierras a una comunidad de una provincia para establecer plantaciones industriales de árboles a cambio de la construcción de una escuela para otra comunidad de otra provincia. La ley parece entrar en contradicción con los derechos de las comunidades locales, y afecta en particular a los pueblos indígenas y las mujeres. Empresas destructivas, como OLAM, propietaria de grandes extensiones de plantaciones de palma aceitera en Gabón, serán las más beneficiadas con dicha política.
¿Qué implica la nueva ley?
Según un análisis realizado por la plataforma Gabón Ma Terre Mon Droit - GMTMD (Gabón Mi Tierra Mi Derecho), el objetivo principal de la ley es la creación de un mercado en el que las empresas pueden utilizar ‘proyectos de desarrollo sostenible’ para compensar sus efectos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades locales, con la comercialización de lo que la ley denomina ‘créditos de desarrollo sostenible.’ (2)
Las zonas elegibles para la generación, compra y venta de estos créditos de desarrollo sostenible se denominan ‘concesiones de desarrollo sostenible’. La ley no brinda información adicional sobre la identidad o la función de estas concesiones. ¿Se incluirán o sobrepondrán con las ‘concesiones de desarrollo sostenible’ aquellas para la explotación de ‘recursos naturales’ (bosques, agricultura, minería, áreas protegidas, etc.), o con las tierras disponibles para uso de las comunidades? ¿No será que con estas concesiones se reducirán aún más las tierras disponibles para las comunidades? Dichas ‘concesiones de desarrollo sostenible’ generan ‘créditos de desarrollo sostenible’ que provienen de la creación, mejoramiento o conservación de ‘activos de desarrollo sostenible’ vinculados a una ‘actividad de desarrollo sostenible’. Por lo tanto, un ‘crédito de desarrollo sostenible’ puede generarse, por ejemplo, por conservar una zona de alta biodiversidad, o por promover la creación de varios puestos de trabajo.
Esta lógica de compensación, destructiva para el medio ambiente y socialmente injusta, es promovida a escala mundial por un consorcio de empresas transnacionales con el apoyo de países industrializados que siguen dependiendo del acceso cada vez mayor e ilimitado a los ‘recursos naturales’. También recibe el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, bancos privados y grandes ONG conservacionistas. Quienes promueven la idea de la compensación sostienen que es la ‘mejor’ forma de conservar la naturaleza, ignorando políticas y prácticas de conservación de los bosques mucho más eficaces. (3) Las poblaciones que dependen de los bosques, y en particular las mujeres, se ven doblemente afectadas por este mecanismo: por un lado, las comunidades que viven dentro de la zona de una plantación industrial y/u otro proyecto de compensación, pierden sus bosques y su territorio. En el otro extremo de la transacción, las comunidades que viven en el lugar elegido para ‘compensar’ el daño de la plantación industrial, también se verán perjudicadas por la pérdida del acceso a su bosque o porque enfrentarán severas restricciones a la forma en que pueden utilizar su territorio.
Los impactos de la ley en las mujeres de Gabón
Los bosques tropicales cubren el 85% de la superficie terrestre de Gabón, y unas 300.000 personas dependen de los bosques para su supervivencia, a través de la caza, la recolección, la pesca y la agricultura a pequeña escala. En febrero de 2015, representantes de organizaciones de la sociedad civil de Gabón expresaron su preocupación por la persistente discriminación de género en las leyes y en la práctica, la violencia de género y la falta de acceso a la justicia para las mujeres. (4) Las mujeres de Gabón se encargan del 95% del trabajo agrícola, y aún así persisten barreras legales a la igualdad de derechos a la tierra y la propiedad para las mujeres. Dentro de la familia, el Código Civil estipulaba que el marido se consideraba el jefe de la familia, a la vez que existían disposiciones discriminatorias en la legislación nacional, específicamente con relación a la herencia.
La expansión de las plantaciones a gran escala, como las de OLAM, agravará aún más la inseguridad alimentaria que ya sufre la población en general como resultado de la pérdida de tierras, la deforestación y el agotamiento de las fuentes de agua. Un residente de Doubou, en la región de Mouila, citado en un estudio sobre los impactos de las plantaciones agroindustriales de palma aceitera y caucho en las poblaciones locales en Gabón, declaró: “Este bosque nos permite sobrevivir y no queremos compartirlo. Si no podemos sembrar comida, pescar o cazar, ¿cómo vamos a sobrevivir?” (5) Además, los problemas de salud aumentan debido al uso intensivo de agrotóxicos en las plantaciones. Las consecuencias recaen principalmente sobre los hombros de las mujeres, aumentando su explotación y pobreza.
La nueva ley de ‘desarrollo sostenible’ es muy vaga y abierta a interpretación. Es difícil de entender e introduce nuevos conceptos sin dar explicaciones completas de las definiciones e implicaciones clave. Y lo más grave es que, particularmente, no se mencionan los derechos de las comunidades locales e indígenas. Con relación a las mujeres, la ley sólo hace referencia a la importancia de la participación de las mujeres en los “Principios para la estrategia nacional de aplicación de la ley” (6), sin un análisis adecuado de las consecuencias que tendrá esta ley, especialmente en las mujeres.
Otro problema fundamental relacionado con el llamado ‘capital comunitario’ descrito en la ley tiene que ver con la propiedad. Como pregunta la Plataforma GMTMD, “¿Quién es el dueño?” La vaga definición sugiere que el ‘capital comunitario’ pertenece a la comunidad. Sin embargo, el uso de la palabra ‘capital’ implica la inmersión de lo que se considera comunal en una lógica de mercado, cuyo objetivo principal es el lucro y no los derechos. Además, tratar el ‘capital comunitario’ como un tipo de ‘crédito de desarrollo sostenible’, y como parte del ‘patrimonio de desarrollo sostenible’ de Gabón, que está registrado en un registro nacional, sugiere que el ‘capital comunitario’ sería administrado por el Estado y no por las propias comunidades.
También es muy preocupante la aparente propuesta de hacer canjeables los ‘créditos de desarrollo sostenible’ en todo el territorio. ¿Esto significaría que una empresa puede apropiarse y degradar las tierras tradicionales de una comunidad y ‘compensar’ esto al comprar o producir créditos a través de la construcción de una escuela para otra comunidad a 300 kilómetros? Si el ‘capital comunitario’ se negocia con otros créditos, esto podría implicar que las decisiones sobre el ‘valor’ de los derechos, las tierras y los recursos de una comunidad para el registro nacional serán adoptadas por los grupos de presión del gobierno y las empresas, en función de intereses económicos, debilitando los derechos de las comunidades. No está claro tampoco si la intercambiabilidad geográfica se refiere a regiones dentro del mismo país o entre diferentes países. ¿Podría ‘compensarse’ la degradación forestal en Gabón con un proyecto en Camerún, por ejemplo?
Comentarios finales
El gobierno de Gabón espera generar una demanda para los ‘créditos de desarrollo sostenible’ a través de los informes de ‘evaluación del impacto de sostenibilidad’ que las empresas deben hacer al momento de solicitar la aprobación de un proyecto (como una mina, una plantación o cualquier actividad de ‘desarrollo sostenible’). Los informes cuantificarán la cantidad de créditos que se consideren necesarios para ‘compensar’ los impactos sociales (en las comunidades) y los impactos ambientales (en los ecosistemas, las reservas de carbono y la biodiversidad) de la actividad industrial. Según el gobierno, la llamada “huella de carbono” será una de las principales herramientas para la aplicación de la ley, con el fin de ayudar a las empresas e instituciones “en su proceso de toma de decisiones hacia una economía baja en emisiones de carbono”. Para ello, el gobierno está acompañando a empresas piloto en el cálculo de su contaminación de carbono. Entre ellas se encuentran grandes minoristas como Casino Mbolo y Cecado, mineras como COMILOG, compañías petroleras como Total Gabón, Shell Gabón o Perenco, empresas madereras como Rougier y SNBG, y empresas de la agroindustria como OLAM y SIAT (7).
Este enfoque afectará a las comunidades doblemente: además de los daños sociales y ambientales causados por las empresas destructivas, tendrán que enfrentar los perjuicios causados por el proyecto de ‘compensación’ - en particular cuando ese ‘desarrollo sostenible’ supone sustituir territorios y bosques con plantaciones de monocultivos a gran escala. La raíz del problema se oculta tras el argumento de que todo el daño causado por las actividades industriales puede ser contabilizado, empaquetado en unidades separadas, categorizado e intercambiado. Las llamadas políticas ‘sostenibles’, que intensifican aún más el consumo excesivo y el exceso de producción, mantienen y expanden un sistema político y económico opresivo y patriarcal. Exacerban la contaminación y el despojo de la tierra, la violencia y la opresión, especialmente para los pueblos indígenas y las mujeres. Y con todo esto ¿dónde queda la autonomía de las comunidades para decidir sobre sus propias tierras, prácticas y vidas?
(1) Por más información sobre las compensaciones de carbono y las compensaciones de biodiversidad, ver: “El Mercado de Carbono: cómo funciona y por qué fracasa”, Carbon Trade Watch, http://www.carbontradewatch.org/publications/el-mercado-de-emisiones-como-funciona-y-por-que-fracasa.html y, “Árbol por Pez: La (i)lógica de vender compensaciones por pérdida de biodiversidad”, Carbon Trade Watch, http://www.carbontradewatch.org/downloads/publications/CTW_A_Tree_for_a_Fish-ES.pdf
(2) Plateforme GABON Ma Terre, Mon Droit, Documento de Posición de la Sociedad Civil de Gabón sobre la ley No. 002/2014, con relación a la dirección del Desarrollo Sostenible en la República de Gabón, 24 de enero de 2015.
(6) Presidencia de la República, Ley N. 002/2014 para el Desarrollo Sostenible en la República de Gabón.
(7) Ver https://seors.unfccc.int/seors/attachments/get_attachment?code=EK33Y1EQDDFKDGLYHDAHVGO3JVHAF0Y9 y https://seors.unfccc.int/seors/attachments/get_attachment?code=X8AS9M9B9ALUZKIGOREOWS2OKT5863M3