La política forestal moderna de Tailandia ha tenido varias etapas. En el siglo XIX los británicos comenzaron a talar el país para la obtención de teca. En el siglo XX, otros madereros industriales llegaron para quedarse. Mientras tanto, los organismos estatales, con el objetivo de evitar que los movimientos insurgentes accedieran a los bosques, promovieron la agricultura comercial y las represas hidroeléctricas, así como la extracción de madera. Finalmente, en 1989, luego de que los antiguamente grandes bosques del país estuvieran gravemente devastados, se prohibió oficialmente la extracción maderera.
Aún así, a pesar de que en la etapa que siguió hubo mayor énfasis en la “conservación de los bosques” y la “reforestación”, la superficie de bosques del país siguió reduciéndose y los conflictos entre el gobierno y la población local aumentaron.
Estos conflictos tienen su raíz en parte en la celosa custodia jurídica del Departamento Forestal de Tailandia (Royal Forestry Department) sobre las enormes extensiones de tierras tanto boscosas como no boscosas. Más de 11.000 comunidades de todo el país viven en tierras que pertenecen oficialmente al Estado, las cuales abarcan un 57 por ciento del país. Además, aunque el Departamento de Tierras de Tailandia ha emitido varios tipos de documentos individuales sobre la tierra para más de 20 millones de hectáreas de los 51 millones de hectáreas de la nación, incluidas muchas tierras boscosas estatales, el 90 por ciento de estos derechos territoriales están en manos de menos del 10 por ciento de la población. El 38 por ciento de las tierras de propiedad privada - como mínimo -, y posiblemente mucho más, permanece improductivo. Eso hace que el conflicto sea inevitable: no sólo un millón y medio de familias tienen que arrendar tierras para cultivar sino que más de 800.000 familias campesinas no poseen tierra alguna.
Mientras tanto, la Ley de Re-Forestación de 1993 ha legitimado que gran parte de las tierras estatales utilizadas por las comunidades campesinas sean adquiridas para establecer plantaciones de árboles de rápido crecimiento. Y ahora el Estado maneja otro argumento para desalojar a la gente de las tierras boscosas del Estado: que los aldeanos, con sus asentamientos, son los causantes del calentamiento global. Este artículo discute algunos conflictos en dos provincias del norte de Tailandia - Phetchabun y Chaiayaphum -, donde las medidas oficiales de conservación del bosque han implicado la invasión de los asentamientos campesinos.
Phetchabun
La aldea de Huay Rahong, en la provincia de Phetchabun, en el norte de Tailandia, se estableció en el lugar desde 1971 y cuenta con más de 1.200 habitantes. La mayoría de los habitantes de Huay Rahong fueron expulsados de su pueblo - llamado Sambon -, cuando el gobierno creó el Parque Nacional Nam Nao en 1971. Otra aldea vecina, Huay Khonta, mucho más pequeña, se estableció en 1963.
El 26 de noviembre de 1999, el gobierno creó un santuario de vida silvestre llamado Phu Pa Daeng (Red Cliff Mountain) en terrenos que se superponen con los asentamientos campesinos y sus bosques circundantes, y dejó en claro su intención de desalojar a los aldeanos. Los residentes de la pequeña aldea Huay Waai, vecina a Huay Rahong, ya fueron desalojados sin haber recibido compensación alguna u otras tierras donde reasentarse. Funcionarios del Parque Nacional habían engañado a las familias prometiéndoles que recibirían una compensación si abandonaban su aldea. Dicha promesa, sin embargo, no tiene base legal porque los aldeanos no poseían título sobre la tierra y se hizo, a sabiendas del engaño, con el objetivo de que los aldeanos se fueran.
Huay Khonta también ha estado constantemente bajo amenaza. En 2005, cuando 13 residentes (incluidos niños y una persona discapacitada) fueron contratados por un vecino para cosechar el maíz en campos que se encontraban dentro del santuario de vida silvestre, el director del santuario presentó cargos por invasión ilegal. El juez desestimó el caso alegando que no estaba clara la situación de la pequeña parcela en cuestión (menos de una hectárea y media). Sin embargo, la sentencia fue revocada por el Tribunal de Apelación, lo que resultó en una sentencia de seis meses de cárcel (suspendida por dos años). El Tribunal Supremo confirmó luego la decisión del Tribunal de Apelación.
Los residentes de Huay Khonta también enfrentan una demanda civil por “provocar calentamiento global”, presentada por el Departamento de Parques Nacionales bajo la Ley Ambiental de 1992, que hace responsables a los contaminadores por daños y perjuicios. Normalmente aplicada a las industrias contaminantes, la Ley fue adaptada recientemente para utilizarla contra los campesinos pobres. Con la ayuda de académicos contratados, se elaboró una fórmula según la cual los agricultores de Huay Khonta podrían ser multados con hasta 26,250 dólares por hectárea por “provocar” aumento de temperatura, erosión, agotamiento de nutrientes del suelo y daño hidrológico. En definitiva, teóricamente los aldeanos tendrían que responder con hasta US 70.000 dólares por concepto de daños, una suma enorme para los estándares locales. En este caso, el 28 de diciembre de 2016 el tribunal multó a los acusados de Huay Khonta con US 3,562 dólares por hectárea, más un interés anual del 7,5 por ciento a partir de 2005.
Los aldeanos continúan impugnando lo que consideran una injusticia jurídica. No sólo presentaron una apelación ante los tribunales sino que también entregaron una creativa propuesta para un nuevo tipo de “título de tierras comunitarias”, que creen que puede resolver el problema pacíficamente en el largo plazo. La propiedad comunal de la tierra reduciría el riesgo de que se vendieran tierras o de que se coaccionara a las familias para que renunciaran a la tierra si estuviera registrada bajo títulos de propiedad privada. La propuesta describe un proceso para que la comunidad establezca las reglamentaciones y se cree un comité dirigido por la comunidad para cuidar la tierra. Los ingresos percibidos por el uso comunitario de la tierra también contribuirían a un “Fondo de Tierras” que apoyaría a los miembros de la comunidad más necesitados.
Chaiyaphum
El conflicto sobre el proyecto de plantación de árboles Khonsarn, en la provincia de Chaiyaphum, data de 1978, cuando el Departamento Forestal de Tailandia autorizó a la Organización de la Industria Forestal (FIO - Forest Industry Organisation) a plantar eucaliptos en una zona en la que hay campos cultivados de la población local. FIO es una empresa estatal que depende del Ministerio de Agricultura y Cooperativas y fue creada en 1947, tras el vencimiento de las concesiones otorgadas a empresas madereras extranjeras. Históricamente su trabajo consistía en extraer madera a condición de replantar las superficies taladas.
Eso trajo problemas en Chaiyaphum, donde varias zonas de montaña que habían sido taladas se convirtieron en bastiones del Partido Comunista de Tailandia (CPT, por su sigla en inglés) hasta finales de la década de 1970. FIO no se atrevió a entrar en aquellas zonas, por lo que propuso, en cambio, reforestar en las zonas más bajas, incluyendo a la Reserva Nacional de Bosques Phu Sampak Nam establecida en 1973, parte de la cual se convirtió en santuario de vida silvestre en 2000.
Originalmente la plantación de eucaliptos estaba destinada a cubrir 3.200 hectáreas, pero finalmente se plantaron sólo 704 hectáreas debido a la resistencia de los ocupantes de la tierra. Aún así, durante 1986 la FIO siguió tratando de desalojar a los pobladores locales, apelando tanto a herramientas jurídicas como a la mafia local para presionarlos. Otra estrategia fue la propuesta de una “aldea forestal”, en virtud de la cual la FIO asignaría menos de una hectárea a cada familia participante para que construyera ahí su casa y tuviera un poco de tierra para plantar. Pero sólo terminaron participando 40 de las 102 familias que viven en las zonas en disputa.
En 2004, unos 277 hogares afectados por el proyecto de FIO formaron una red y exigieron que el gobierno cancelara la plantación y en su lugar asignara la tierra a la comunidad. Propusieron que el gobierno le otorgara a la comunidad certificados de tierra comunal y que reconociera que la comunidad tenía el derecho de poseer y administrar su propio bosque comunitario. Su propuesta incluye una pequeña parcela de tierra para cada uno de los hogares participantes donde construir una casa y producir alimentos, así como un bosque comunitario, tierras agrícolas comunitarias y tierras de uso público/comunitario. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno no ha respondido.
En 2009, los pobladores locales recuperaron alrededor de 15 hectáreas de tierra donde la FIO había plantado eucaliptos en 2004. La reclasificaron en cuatro categorías para uso propio: terrenos residenciales y agrícolas, terrenos comunales, bosques comunitarios y terrenos para servicios públicos, tales como carreteras. La FIO respondió llevando a juicio a 31 personas ante un tribunal civil, lo que resultó en una orden que expulsó a los acusados y sus familiares de la zona. Hasta ahora, los aldeanos se han negado a acatar esta decisión.
En 2014, los militares tomaron el poder en Tailandia, conformándose en el Consejo Nacional de Mantenimiento de la Paz (NPKC, por su sigla en inglés). La Política de Recuperación de Bosques del NPKC, cuyo objetivo es aumentar en un 40 por ciento la cobertura forestal del país, fue aprovechada por las autoridades provinciales de Chaiyaphum como base para ordenar a los habitantes de la aldea de Bo Kaew, en la zona de FIO, que desmantelaran su aldea en el término de 30 días. Sin embargo, los residentes de Bo Kaew han resistido hasta ahora la orden de desalojo, argumentando que el NPKC también se ha comprometido a no interferir con los medios de subsistencia de los campesinos pobres.
En abril de 2016, el líder local Den Khamlae desapareció mientras recogía alimentos en una zona cercana a su casa, y no se lo ha visto desde entonces. Den había insistido en que “los pobres no queremos ser procesados y quedar sin hogar y marginados en nuestro país”. Aunque la población local y la policía encontraron áreas quemadas y fragmentos de huesos en la zona entre el bosque comunitario de su aldea y el área de conservación estatal donde Den desapareció, no se ha informado que haya habido avances en la investigación del caso.
Mirando hacia el futuro
Bajo el régimen actual de Tailandia, los ciudadanos tienen aún más razón que antes para temer que sus tierras y bosques sean confiscados y entregados a grandes empresas y otros grupos dispuestos a compartir el botín con los militares.
Sin embargo, una red de la sociedad civil que incluye a comunidades de toda Tailandia que enfrentan problemas similares a los sufridos por los aldeanos de Phetchabun y Chaiyaphum, ha avanzado en la aprobación de cuatro leyes nuevas: una Ley de Títulos de Tierra Comunitaria; una Ley de Fondos del Banco de Tierras; una Ley del Fondo de Justicia; y una Ley de Tributación Progresiva que fijaría impuestos más altos a los terratenientes que no estén usando sus tierras.
De aprobarse, las cuatro propuestas legislativas ayudarán a resolver las disputas sobre la tierra y a reducir las desigualdades en la tenencia de la tierra. Incluso están contando con cierta aceptación por parte del gobierno, con la excepción de la Ley de Títulos de Tierra Comunitaria. Con respecto a los derechos de las comunidades sobre la tierra, el gobierno favorece sus propias propuestas más condicionadas, que implican el manejo de la tierra por las cooperativas y que no reconocerían los derechos de la comunidad en parques nacionales o santuarios de vida silvestre.
Oranuch Phonpinyo, The Northeastern Land Reform Network – Thailand
Por más información:
(1) The Land Institute Foundation of Thailand
(2) Thai Civil Rights and Investigative Journalism: http://prachatai.org/english/category/news
(3) Prachatai News, 17 May 2013: http://prachatai.com/journal/2013/05/46764