La petrolera italiana Eni es una de las diez empresas energéticas más grandes del mundo y ahora la mayor de África. La empresa también está calificada actualmente como la compañía de petróleo y gas más “sostenible” del mundo. En setiembre, durante el Foro de Liderazgo de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizado en Nueva York, el presidente de Eni, Paolo Scaroni, anunció: “Atrás quedaron los días en que podíamos permitirnos pensar en el petróleo como un insumo barato para el crecimiento económico y social, sin tener en cuenta su impacto sobre el medio ambiente y las generaciones venideras” (1)
Sin embargo, el entusiasmo de Eni por promocionar sus nuevas credenciales de sustentabilidad en las reuniones internacionales no parece compatible con los planes de la empresa de invertir miles de millones de dólares en la explotación de arenas bituminosas y de palma aceitera para alimentos y biodiésel en la centroafricana República del Congo (también llamado Congo Brazzaville). Diversos grupos de la sociedad civil local y las organizaciones que los apoyan consideran que las inversiones de Eni en arenas bituminosas y palma aceitera son intrínsecamente muy riesgosas, pues podrían causar graves daños sociales y ambientales en el Congo y a nivel mundial, dada la situación en dicho país y en base a la experiencia de tales proyectos en otros lugares del mundo.
Éste sería el primer proyecto de arenas bituminosas en África y el de agrocombustibles sobre 70.000 hectáreas de tierra “no cultivada”, sería también uno de los más grandes del continente.
Las arenas bituminosas han sido llamadas la forma “más sucia” de petróleo. La extracción de alquitrán o bitumen y su procesamiento para obtener crudo sintético es un proceso costoso y consume grandes cantidades de agua y energía. La producción de un barril de petróleo a partir de bitumen genera de 3 a 5 veces más emisiones de gases de efecto invernadero que la producción de un barril de petróleo convencional. En Alberta, Canadá, el único lugar donde se explotan actualmente las arenas bituminosas, ha dado lugar a la deforestación del bosque boreal canadiense, a la disminución y la contaminación del agua, y sus efectos sobre la salud de las comunidades indígenas que viven cerca de los emprendimientos han despertado preocupación, dado que la incidencia del cáncer ha aumentado. Canadá tiene ahora el nivel más alto de emisiones per cápita de los países del G8 y está recibiendo fuertes críticas por bloquear la acción sobre el cambio climático. Muchos grupos de la sociedad civil, residentes locales y científicos están exigiendo una moratoria sobre toda nueva inversión en arenas bituminosas en Canadá.
La inversión en monocultivos de palma aceitera y otros cultivos para producir agrocombustibles es también una causa importante de la deforestación, que representa aproximadamente el 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Los objetivos definidos por los gobiernos nacionales y la Unión Europea han fomentado su expansión. Al reemplazar bosques tropicales y otros ecosistemas, los monocultivos llevan a una grave deforestación y a la disminución de la diversidad biológica. Los cambios en el uso de la tierra que esto implica se vinculan también con la creciente inseguridad alimentaria, con los conflictos territoriales, con las violaciones de los derechos humanos y las amenazas a las poblaciones indígenas.
La sensibilidad ecológica del Congo y su escasa capacidad de control hacen aún más riesgosas las inversiones de Eni. Los bosques cubren dos tercios del país, que forma parte de la cuenca del Congo, y son tanto un recurso clave para los lugareños como un sumidero de carbono gigante que cumple una función vital en la protección de nuestro clima. Pero los antecedentes del Congo son muy malos en cuanto a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente y al manejo transparente de los recursos naturales del país. A pesar de haber vivido décadas de abundancia de petróleo, aún tiene muy bajos niveles de desarrollo humano y muy altos niveles de represión y corrupción. No existe una ley vigente sobre medio ambiente y las comunidades locales afectadas por la producción de petróleo convencional se quejan desde hace mucho tiempo de la inacción de las empresas y el gobierno ante problemas como el alto nivel de quema de gases, que acarrean perjuicios para ellos y sus medios de vida.
Eni ha dicho públicamente que ninguna de las inversiones se realizará en la selva tropical o en otras áreas ricas en diversidad biológica, y que no implicarán el realojamiento de la gente. Pero un informe interno de Eni que se filtró muestra que la empresa está previendo que la zona de exploración de arenas bituminosas estará compuesta en un 50-70% por bosque primario y otras áreas muy sensibles de la biosfera. Tampoco queda claro qué tecnología utilizará la empresa para extraer y procesar el bitumen, por lo cual es imposible predecir los impactos totales que tendrá el proyecto sobre los recursos hídricos y energéticos del país. Incertidumbres similares surgen en torno al proyecto de palma aceitera, cuya ubicación exacta aún no se conoce.
Ninguno de los acuerdos firmados entre Eni y el gobierno congolés ha sido publicado, y la investigación realizada por las organizaciones de derechos humanos del país reveló que la casi totalidad del público no estaba informada acerca de las inversiones. No hubo ningún contacto significativo con las comunidades, por parte de Eni o del gobierno, sobre los posibles impactos sociales y ambientales. Esto contradice las políticas ambientales y de derechos humanos de la propia empresa, y viola la obligación del gobierno de proteger a sus ciudadanos.
Esta inversión cuestiona la afirmación, tanto de la empresa como del gobierno congolés, de que están promoviendo el desarrollo sostenible del Congo. El gobierno italiano es el principal accionista de Eni y por lo tanto tiene también la responsabilidad de asegurar que cualquier inversión que realice la empresa tenga en cuenta los posibles impactos sobre el desarrollo, los derechos humanos y el medio ambiente. Diversos grupos de la sociedad civil nacional e internacional exigen ahora que se detengan los proyectos de aceite de palma y arenas bituminosas y que se revisen los procesos de gestión ambiental y de participación social de la empresa en el Congo.
El proyecto también trae a colación el gran tema de los costos reales que implica la realización de proyectos energéticos intensivos en carbono en países del Sur donde la transparencia y la protección de los derechos humanos y ambientales son mínimos. La cuestión se vuelve aun más importante dada la necesidad de detener este cambio climático desenfrenado. A medida que se agote el petróleo, habrá más interés en desarrollar recursos petrolíferos no convencionales – muchos de los cuales se encuentran en el Sur – y en los llamados “renovables”, como los agrocombustibles derivados de monocultivos. Como en el caso del proyecto congolés de Eni, tales inversiones deberían ser cuestionadas por su potencial para causar daños irreversibles al medio ambiente y las comunidades locales, así como a nuestro clima.
Este artículo es un resumen de Energy Futures? Eni’s investments in tar sands and palm oil in the Congo Basin, un informe producido por organizaciones de la sociedad civil congolesa e internacional en noviembre de 2009, disponible en inglés enhttp://www.boell.de/ecology/climate-energy-7775.html o enwww.foeeurope.org/corporates/Extractives/Energy_Futures_eng.pdf. La versión en francés se publicará en enero de 2010.