El 10 de diciembre ha sido instituido por las Naciones Unidas como el Día de los Derechos Humanos. Con ello se celebra la fecha del año 1948 en que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana como “los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo".
La Declaración es la resultante de una evolución y de un momento histórico determinado que, en un afán de universalización y concreción encarna, como bien señala Amnistía Internacional, “las normas y principios empezados a promulgar hace siglos de forma fragmentada y difusa en distintos entornos culturales”.
En efecto, desde los inicios, todas las culturas y grandes tradiciones - escritas y orales – recogen la exhortación a la necesidad de comportarse fraternalmente con aquellos que nos rodean, en torno a conceptos como el respeto, la igualdad, la solidaridad, la justicia.
A lo largo de la historia y a medida que las sociedades se fueron haciendo cada vez más complejas – aunque no de manera lineal – los derechos de los individuos fueron adquiriendo mayor protagonismo. En la historia moderna, la conceptualización de los derechos humanos fue abarcando nuevas dimensiones para contemplar no solamente los derechos llamados de primera generación (derechos civiles y políticos) y de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) sino también los de tercera generación (derechos de solidaridad), que ponen énfasis en el carácter unificador de su incidencia en la vida de todos. Esta última categoría incluye el derecho a un medio ambiente sano, al aire puro, a disponer de agua limpia y alimentos no contaminados, derechos que se pueden considerar implícitos.
Por otro lado, también ha ido creciendo la conciencia sobre la situación relegada de las mujeres, supeditadas a la autoridad del hombre, ya fuera el marido, el padre o incluso el hermano, situación que se ha reiterado en distintas épocas y diferentes civilizaciones. La creciente incidencia de las mujeres en las luchas sociales así como sus propias luchas, han aportado otra dimensión a los reclamos de igualdad y justicia y han dado visibilidad a la condición estructural de la desigualdad de género, imbricada en todos los órdenes sociales y económicos, como ha quedado demostrado a lo largo de la historia.
Lo es cierto es que, con o sin enunciados, el avasallamiento de la dignidad humana ha sido moneda corriente, y continúa siéndolo. Y es que, nuevamente citando a Amnistía Internacional, “la historia de la humanidad es la historia de una tensión, entre defensores de privilegios y de conductas ultrajantes o violentas por un lado (amparándose en las costumbres, en designios divinos u otros razonamientos), y por otro el anhelo de vida, libertad y bienestar de los seres humanos marginados u oprimidos.”
Es así que el Día de los Derechos Humanos adquiere importancia como recordatorio de la tarea que aún nos queda pendiente como humanidad: expandir la conciencia del sí mismo hacia la conciencia de la existencia del prójimo, en respeto y solidaridad. Esto, que sería la mejor fórmula para cumplir nuestro destino de vida en sociedad como garantía para la supervivencia y el “buen vivir”, implica una transformación de las personas y las sociedades allí donde campea la injusticia, el atropello, la explotación, la exclusión, la violencia.
La criminalización de la protesta
Como expresa Vandana Shiva, hay tres niveles de violencia en el mal llamado “desarrollo” predominante: la violencia contra el planeta, que se expresa en la actual crisis ecológica; la violencia contra la gente, que se expresa en la pobreza y la exclusión; la violencia de la guerra, que estalla toda vez que los poderosos procuran apoderarse de las tierras, el agua, los medios de vida, los conocimientos, la cultura y el futuro de las comunidades, para incorporarlas al mercado.
En estos tiempos de guerra es imperioso defender los derechos humanos. Sobre todo en la medida que la creciente reacción de los Estados a la resistencia popular es la criminalización de la protesta social. Quienes desde los movimientos sociales y en respuesta a un proceso de conflicto social, se organizan y manifiestan públicamente, terminan muchas veces siendo perseguidos, reprimidos, enjuiciados y encarcelados, tipificando sus acciones de defensa y resistencia como delitos. Y otras veces terminan asesinados.
Prueba de ello es la masacre ocurrida el 15 de noviembre, en la finca El Tumbador, municipio de Trujillo, en el norte de Honduras. La Rel-UITA ha venido dando seguimiento a la situación de violencia generada por el productor palmero Miguel Facussé Barjum, apodado “el palmero de la muerte”, y en esta oportunidad informa que “un ejército de más de 200 guardias de seguridad del productor palmero Miguel Facussé Barjum, presidente de la Corporación Dinant, atacó con armas de grueso calibre a miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), quienes desde hace nueve meses recuperaron esa tierra, que les fue arrebatada por el sanguinario empresario para sembrar palma africana.
La violenta acción de los grupos paramilitares dejó un trágico saldo de cinco fallecidos -Teodoro Acosta (45), Ignacio Reyes (50), Raúl Castillo (45), Ciriaco Muñóz (45), José Luis Sauceda Pastrana (32) desaparecido y posteriormente encontrado muerto con tres disparos de fusil R-15 en su rostro; un desaparecido - Noé Pérez- y varios heridos, algunos de los cuales están hospitalizados en graves condiciones.
La finca El Tumbador es parte de una de las tantas ‘historias negras’ que han contribuido al despojo de las tierras en Honduras por manos de terratenientes sin escrúpulos.
Cuando Temístocles Ramírez de Arellano, puertorriqueño nacionalizado estadounidense, fue obligado a vender al Estado sus 5.724 hectáreas en el Bajo Aguán, esas tierras volvieron a manos del Instituto Nacional Agrario (INA) para fines de Reforma Agraria. Sobre estas tierras el gobierno de Honduras instaló el tristemente famoso Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde en los años 80 expertos estadounidenses entrenaron a las tropas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y a la ‘Contra’ nicaragüense en el arte de matar.
Afinando técnicas de corrupción y apegándose a la Ley de Modernización Agrícola, aprobada a principio de los 90, los terratenientes lograron adueñarse ilegalmente de estas tierras, comenzando a sembrar palma africana. Cuando las familias campesinas se enteraron de la existencia de una escritura con la que la Procuraduría General de la República pasaba las tierras al INA, comenzaron a organizarse para su recuperación”.
“Los campesinos del MCA han sido constantemente hostigados y amenazados, y lo que presenciamos ayer es una evidente demostración de que el poder en Honduras está en manos de los grupos económicos hegemónicos. Son ellos quienes mandan en el país”, aseveró Esly Banegas, coordinadora regional de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Santos Cruz, miembro del MCA, afirmó: Estamos heridos. En diez años nos han asesinado a más de 20 compañeros. Es una campaña de terror, para amedrentarnos, para que renunciemos a nuestros derechos sobre la tierra. Sin embargo ya estamos tomando las medidas necesarias y no lo van a lograr, concluyó Santos Cruz”.
Según informa REL-UITA, para el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), la masacre perpetrada por los guardias de Miguel Facussé demuestra la connivencia del gobierno de Porfirio Lobo con el sector palmicultor, uno de los grupos nacionales con gran poder económico.
En todos los continentes, en varios lugares, la expansión del gran negocio es la gran promotora de la violación de los derechos humanos. La minería, una actividad muy destructiva, ha cobrado numerosas víctimas entre quienes han resistido la pérdida de sus territorios y medios de vida. En Nigeria, el escritor y activista Ken Saro-Wiwa y otros ocho líderes de la tribu Ogoni fueron colgados por el gobierno dictatorial de Nigeria por haberse enfrentado a la Shell y a la extracción de petróleo en sus tierras.
Mientras que en Filipinas la organización Kasama Sa Kalikasan/Amigos de la Tierra Filipinas, rinde tributo a Arman Marin, asesinado por el jefe del equipo de seguridad de la empresa Sibuyan Nickel Property Development Corp. (SNPDC), en la isla de Sibuyan, Romblon, en octubre de 2000, cuando encabezaba la protesta contra la minería de níquel en su isla; a Eliécer “Boy” Billanes - conocido por su valentía y como un luchador incansable contra las grandes empresas mineras y defensor de los derechos humanos – quien fue brutalmente asesinado de manera pública el 9 de marzo de 2009 en un mercado de la ciudad de Coronada, Cotabato sur; a otros 23 camaradas que fueron asesinados por defender el ambiente, los medios de vida de sus pueblos y los derechos comunitarios.
Dentro de la defensa de la amplia gama de derechos humanos, los Pueblos Indígenas libran sus propias históricas luchas contra acciones que van desde el atropello al genocidio. En estos momentos enfrentan, además, formas muy sutiles que representan una amenaza a la integridad de sus derechos, como es el mecanismo REDD (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques) en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En lugar de reducir las emisiones de combustible fósil en la fuente, los países del Norte han inventado una serie de artilugios para evitarlo. REDD se presenta ahora como un sistema para parar la deforestación y las emisiones que derivan de ella.
Grupos indígenas y de derechos ambientales advierten que un acuerdo sobre REDD puede implicar un desastre para los pueblos de los bosques en todo el mundo ya que limitaría los derechos de los pueblos indígenas y campesinos sobre sus territorios. Tom Goldtooth, Director Ejecutivo de la red indígena ambiental Indigenous Environmental Network declaró: “Sí, necesitamos parar la deforestación desenfrenada. Pero REDD no protegerá a los bosques ni reducirá la contaminación con gases de efecto invernadero. REDD permitirá que las industrias contaminantes eviten reducir sus emisiones en tanto podrán utilizar compensaciones con árboles y otros mecanismos llamados “servicios ambientales”. Desde una perspectiva indígena y de derechos humanos, REDD podría criminalizar a los propios pueblos que protegen y dependen de los bosques para su supervivencia, que no cuentan con garantías de salvaguardas que puedan ser exigibles. REDD promueve lo que podría ser la mayor usurpación de tierras de todos los tiempos”.
El derecho a la autodeterminación
Y dentro de los Pueblos Indígenas, los más vulnerables, los más invisibilizados e ignorados son los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario. En Paraguay, la organización Iniciativa Amotocodie ha venido acompañando “desde afuera” y desde la distancia a los grupos indígenas Ayoreo que aún se mantienen sin contacto dentro de los bosques del Chaco, en la protección de sus derechos de vida y de autodeterminación, que se extienden a la protección de la integridad de su hábitat ambiental, cultural y espiritual.
Los procesos que afectan a estos grupos aislados – que hasta hoy evitan todo contacto con la sociedad moderna envolvente – están vinculados a la expansión del agronegocio y forman a su vez parte de los procesos históricos que afectan al Pueblo Ayoreo en su totalidad, y al mismo tiempo a todas las demás etnias chaqueñas.
El pasado miércoles 1 de diciembre, representantes del Ministerio Público allanaron violentamente las oficinas de Iniciativa Amotocodie, confiscando información producto de largos años de investigación. El allanamiento, fundamentado en una denuncia que no especifica el hecho punible, es parte de un largo hostigamiento por parte de actores vinculados a intereses ganaderos y latifundistas. Recientemente, Iniciativa Amotocodie había alertado sobre los riesgos de contacto involuntario y posibles consecuencias trágicas de una expedición de científicos británicos denominada “Chaco Seco 2010”, que podría vulnerar la situación de los Ayoreo en aislamiento.
Ante el allanamiento e incautación de materiales personales e institucionales de Iniciativa Amotocodie, la organización manifiesta:
“* Nuestro repudio al abuso de poder público incurrido y la desmesurada acción realizada contra una organización social honesta con 10 años de trayectoria en la Defensa de los Derechos Humanos y Derechos Indígenas en el Paraguay.
* Nuestro repudio a la persecución que es tristemente cada vez más común a personas e instituciones defensoras de los Derechos Humanos.
* Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes que la investigación que abrieron sin motivo claro, ni la más mínima averiguación de veracidad previa, sea desestimada o agilizada lo más pronto posible para que la organización pueda desarrollar su trabajo, y rendir cuentas al Estado en sus obligaciones fiscales, imposibilitadas en este momento debido al procedimiento, y a las entidades solidarias de la Cooperación Internacional que apoyan a la institución.
* La institución acudirá ante instancias pertinentes a fin de reclamar las reparaciones por este grave atropello.”
La lucha en defensa de los Derechos Humanos es vasta y permanente. Desde el WRM pretendemos que cada denuncia, cada apoyo, cada análisis que realizamos, aporte a esa lucha, en una tarea diaria con vocación de cambio hacia un mundo solidario. Con ese espíritu nos sumamos al Día de los Derechos Humanos.