Mientras la destrucción de territorios de bosques continúa, más promesas y programas se llevan a cabo en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Este boletín pone de manifiesto, entre otras cosas, cómo la deforestación se oculta bajo discursos "verdes" y propagandas llamativas.
Mientras que, por un lado, en todo el mundo, las comunidades que dependen de los bosques siguen sufriendo aún mayores amenazas y la destrucción de sus territorios, por otro lado se hacen y llevan a cabo más promesas, acuerdos, proyectos y programas en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Empresas multinacionales, gobiernos, bancos multilaterales, organismos de las Naciones Unidas (ONU), ONG conservacionistas y sus patrocinadores financieros siguen afirmando que ellos, los mismos actores que de hecho impulsan las causas directas y subyacentes de la deforestación, pueden ser “la solución”.
Este boletín recopila siete artículos de diferentes partes del mundo que muestran cómo los procesos de deforestación suelen ocultarse bajo discursos "verdes" y vistosa propaganda. Algunos autores también nos recuerdan que las comunidades de los bosques, a pesar de ser criminalizadas y con frecuencia convenientemente culpadas por la deforestación y desalojadas de sus territorios, continúan resistiendo esta destrucción así como las soluciones falsas que se les imponen aún cuando son quienes se encargan del cuidado de sus bosques, culturas y vidas.
Un artículo de Indonesia advierte que si bien los impactos devastadores de la crisis climática ya están afectando gravemente a miles de comunidades pesqueras, un mecanismo de compensación llamado “Carbono Azul”, promovido por las Naciones Unidas como una “solución” a la crisis, está transformando los territorios costeros en activos negociables. Si bien el daño a los manglares se debe al desarrollo de hoteles, granjas camaroneras industriales, la expansión de plantaciones de palma aceitera y la minería masiva, el Carbono Azul tiene como objetivo maquillar de verde la creciente y devastadora destrucción de éstos y otros actores contaminantes.
Desde Mozambique, un artículo describe los peligros de los crecientes fondos fiduciarios para la conservación, como el caso de BIOFUND. Este fondo fue creado para financiar el sistema de áreas protegidas de Mozambique, con el apoyo del Banco Mundial, organismos de cooperación internacional y ONGs conservacionistas. Su objetivo es captar grandes contribuciones, incluyendo los ingresos generados por proyectos de compensación de la biodiversidad del país, y especular con ese dinero en los mercados financieros.
Otro artículo muestra cómo, a pesar de las promesas del gobierno de Malasia en cuanto a mantener una cobertura forestal del 50 por ciento en el país, desde la década de 1990 se han destinado al menos 3,4 millones de hectáreas de zonas mayormente de bosques para el establecimiento de monocultivos, en especial plantaciones forestales para la obtención de madera y plantaciones de palma aceitera. La ambición del 50 por ciento parece basarse en estadísticas que consideran a los monocultivos como parte de la “cubierta forestal” nacional.
Otro artículo expone cómo el Fondo Verde para el Clima, que tiene el objetivo de ayudar a los países del Sur global a responder al cambio climático, aprobó recientemente por primera vez en la Amazonia brasileña el llamado pago REDD+ basado en “resultados”. También advierte que la Corporación Financiera Internacional, la agencia de financiamiento del Banco Mundial, se prepara para solicitar fondos para subvencionar proyectos REDD+ del sector privado, que indefectiblemente entrarán en conflicto con las comunidades que dependen de los bosques.
Desde la India, un artículo denuncia los nuevos intentos del gobierno, en colaboración con empresas y ONG conservacionistas, de apropiarse de los bosques y desalojar a las comunidades que dependen de ellos. Después de múltiples intentos, una reciente propuesta de enmienda de la Ley sobre los bosques de la India, de la época colonial, en los hechos vendría a poner fin a la Ley de los Derechos sobre los Bosques, una ley fundamental que reconoce numerosos derechos de los Adivasis (pueblos indígenas) y otras comunidades tradicionales que habitan en los bosques. Las enmiendas suponen la criminalización de todos los usos posibles de los bosques por parte de las comunidades (a menos que los funcionarios forestales lo permitan), y crean una nueva categoría jurídica llamada “bosques de producción”, que habilita la privatización a gran escala.
El caso de la comunidad Wimbí en Ecuador señala los perjudiciales efectos de la expansión de las plantaciones de palma aceitera, que va de la mano del tráfico de tierras y las plantaciones forestales para la obtención de madera. Además de la destrucción de los bosques y del suelo de la zona, para los miembros de las comunidades, la pérdida de sus lugares de cultivo es un elemento más de presión que los lleva a buscar trabajo asalariado en otros lugares, incluso en la empresa palmícola que los desalojó. Pero los residentes de Wimbí no han dejado de luchar por sus tierras y sus medios de vida.
Por último, el artículo final revela la horrorosa violencia y abusos llevados a cabo por el modelo de conservación que busca “preservar una naturaleza sin gente”. Informes de las organizaciones Rainforest Foundation UK y Buzzfeed News han revelado la crueldad perpetuada para con los pueblos indígenas que viven dentro y alrededor de las áreas protegidas apoyadas por el WWF. Este es definitivamente un grave problema de violación de los derechos humanos así como de intervención colonial en bosques tropicales. Demasiado a menudo las organizaciones conservacionistas están en el centro de estos graves abusos.