Una segunda carta conjunta de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos internacionales está circulando, instando al presidente del banco de financiamiento alemán, el Westdeutsche Landesbank (WestLB), al Primer Ministro del Gobierno Federal del Estado de Nordrhein Westfalen, NRW (principal accionista del WestLB), y a los dos ministros responsables por las finanzas y la economía en NRW, a detener el apoyo financiero al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el megaproyecto petrolero ecuatoriano.
Como ya informáramos en el boletín 45 del WRM, el plan entre el gobierno ecuatoriano y el consorcio de OCP implica la construcción de un nuevo oleoducto de 500 km. de largo que transportaría entre 390.000 y 450.000 barriles de crudo pesado por día, proveniente de concesiones petroleras en la región de bosques tropicales en el este del país, conocida como el Oriente, a refinerías en Esmeraldas en la costa del Pacífico.
El proyecto de US$ 1.100 millones, demorado durante 10 años principalmente a causa de la inestabilidad política y económica del país y por los riesgos detectados en el proyecto, fue aprobado finalmente por el Gobierno de Noboa a pesar de la creciente oposición pública, y su finalización está prevista para mediados del 2003.
La concesión a OCP Ltd., que duplicará la producción actual de petróleo de Ecuador, es por un período de 20 años e involucra la propiedad, construcción y operación de un oleoducto para crudos pesados. El proyecto es el primero de su tipo en ser ejecutado bajo las nuevas regulaciones en Ecuador que permiten la propiedad y la operación privada de infraestructuras de hidrocarburos. Esta ley, conocida como TROLE II, es parte de las medidas del paquete económico de rescate estipulado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el gobierno ecuatoriano, debido a los casi US$ 16.000 millones de deuda externa y la quiebra de la banca comercial. Los acreedores internacionales impulsan este proyecto como el principal instrumento para la recuperación económica y como la condición previa más importante para otorgar sus créditos.
El drástico aumento esperado en la producción de petróleo, bajo un programa denominado Apertura 2000, dará lugar a un nuevo auge de la exploración petrolera, que el gobierno estima en más de US$ 2 mil millones. La meta es duplicar la producción y las exportaciones de petróleo y privatizar la infraestructura petrolera para atraer inversiones extranjeras a la recientemente “dolarizada” economía del país. Buena parte de las reservas de crudo pesado que podrán fluir a través del oleoducto que comenzará en Lago Agrio (Amazonia), probablemente se encuentren en áreas prístinas y protegidas de gran biodiversidad y alta actividad turística.
Sin haber efectuado una evaluación apropiada de los impactos adversos a largo plazo sobre las áreas prístinas, la salud pública y los recursos hídricos de la región amazónica, el consorcio avanza con su controvertida propuesta de construcción de la ruta norte del oleoducto, a pesar de la fuerte oposición entre los científicos, el sector de turismo ecológico, las comunidades locales y los propietarios de tierras, y sin que haya existido una discusión pública adecuada sobre las rutas alternativas. Quienes critican el proyecto sostienen que éste viola la Constitución de Ecuador, que exige la consulta previa a las comunidades afectadas.
Y todavía queda sin contestar una pregunta obvia: si en los últimos 30 años los ingresos por petróleo no lograron mitigar la pobreza ni mejorar el estándar de vida del país, sino que muy por el contrario, las comunidades que viven en las regiones en que se produce petróleo o cerca de las refinerías sufren en carne propia los impactos sociales y ambientales de la producción petrolera, incluso los índices de cáncer más altos y otras enfermedades degenerativas de Ecuador, y su calidad de vida continúa empeorando, ¿por qué razón “más de lo mismo” produciría un cambio?
Artículo basado en información obtenida de: Amazon Watch; Oil Watch.