El Pambilar entró a la historia del Ecuador por tratarse de 3123 hectáreas de bosque nativo del Chocó que desde 1997 han sido disputadas entre campesinos y la empresa maderera Bosques Tropicales S.A (Botrosa), del grupo empresarial Peña Durini.
El Pambilar es parte del casi ya inexistente Chocó ecuatoriano, que es reconocido por tratarse de uno de los 10 hotspots (sitios destacados) de biodiversidad a nivel mundial. En 1997, desconociendo esto, el Instituto de Desarrollo Agrario adjudicó ilegalmente el Pambilar a favor de la empresa Endesa Botrosa para su explotación forestal. Esta adjudicación no tomó en cuenta a los habitantes del lugar, campesinos y colonos que eran usuarios del bosque y cuya economía se encontraba parcialmente basada en este ecosistema. Tampoco tomó en cuenta que se trataba de Patrimonio Forestal del Estado y que por tanto no podía disponer de él de esa manera. Sin embargo, este tipo de ilegalidades que favorecen a grandes empresas han sido muy comunes en el país y en general en Latinoamérica.
El conflicto surgió cuando campesinos del predio “El Pambilar”, de la parroquia Malimpia de la provincia de Esmeraldas, no cedieron a la presión que sobre sus bosques ejerció la compañía maderera BOTROSA. Lo habitaban hacía 20 y 24 años, en pequeños asentamientos dispersos conformados por unas 10 a 25 familias colonas, provenientes de distintas provincias del país. A esa misma zona de patrimonio estatal sobre la que estas familias han adquirido derechos posesorios, ingresó en 1997 la compañía maderera BOTROSA, con el objeto de extraer madera.
Ante la negativa de venta que presentaron algunos pobladores, trabajadores de la empresa, guardias privados y policía, incendiaron viviendas campesinas, destruyeron sus cultivos, semillas, herramientas, enseres domésticos, echaron gases a hombres, mujeres y niños.
La pérdida de sus pertenencias y las agresiones físicas obligaron a algunas familias a abandonar sus tierras. Otras cedieron sus derechos de posesión a la empresa.
Una vez ocasionados los destrozos, la empresa se encargó de sembrar pasto sobre los escombros para desaparecer las evidencias. En el lapso de un año se quemaron aproximadamente 35 viviendas.
Este clima de violencia se volvió una constante en la zona. La empresa contaba con un contingente armado (de entre 10 y 50 personas) para disuadir, inclusive con amenazas de muerte a los pobladores que circulaban por la zona.
Pero la guerra por la defensa del Pambilar no solo se daba en el campo, sino también en las instancias jurídicas del Estado. De esta manera, varias instituciones gubernamentales se manifestaron de diferentes maneras señalando la ilegalidad de la adjudicación a favor de Botrosa y en pro de la conservación del Pambilar.
La Defensoría del Pueblo emite en 2001 una resolución en la que declara que la adjudicación hecha a favor de Botrosa es ilegal e insta a que este bosque regrese al estado. En términos similares se manifiestan el Ministerio del Ambiente en el año 2000, el Congreso Nacional en 2001, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción en 2001, el Tribunal Constitucional en 2002, la Controlaría General del Estado en 2003. Finalmente, en 2008, el Tribunal Constitucional emite sentencia de última instancia dejando sin efecto la adjudicación de 3123 hectáreas de bosque húmedo tropical y ordenando que este predio sea devuelto al Estado. Durante más de DIEZ AÑOS, seis de las más importantes instituciones del Estado emitieron sentencias a favor de la conservación del Pambilar y sus habitantes, y sin embargo, la empresa a través de triquiñuelas, corrupción y trampas, consiguió permanecer en el bosque del cual se adueñó ilegalmente.
Fue necesario que la nueva Asamblea Nacional tomara cartas directamente en el asunto para conseguir que por fin se ejecutara la sentencia del Tribunal Constitucional y que al menos en los papeles el Ecuador recuperara el Pambilar.
En el camino y en medio de este contexto José Antonio Aguilar y su esposa Yola Garófalo fueron asesinados el 24 de febrero de 2010. Pocos días antes de su muerte, una radio nacional reproducía el testimonio que hacia José Aguilar sobre las agresiones que había recibido por parte de Botrosa para forzarle a vender su bosque.
Su asesinato es un peligroso antecedente para todos los defensores de la naturaleza. Con la muerte de esta pareja el mensaje que se buscaría dar a los habitantes locales es el de la indefensión, de la impunidad, del intocable poder económico y político que mueve sus redes y títeres para acallar a todos aquellos que se oponen a sus decisiones. Si se riega la noticia de que en Esmeraldas es posible adueñarse de bosques y tierras mediante el asesinato de sus dueños, en la otrora provincia verde no quedarán ni bosques ni pobladores, solo desolación y desiertos.
Es por esto que la declaratoria del Pambilar como Bosque Protector nos deja un sabor agridulce en los labios. La tranquilidad y la satisfacción vendrán con la justicia, cuando en el país se concrete una real investigación que descubra a los culpables, mentalizadores, cómplices y encubridores de estos crímenes.
No es suficiente con que Botrosa haya salido del Pambilar; debe iniciarse un proceso de justicia social y ambiental para reparar los daños ambientales y sociales que se provocaron y continuar con las investigaciones recomendadas por el informe de Contraloría en el resto del Bloque 10 del Patrimonio Forestal del Estado.
La familia Aguilar-Garófalo, sus comunidades, sus compañeros, su país, exigimos que este crimen no quede impune. Exigimos que se brinde reparación a quienes hace más de diez años que se ven afectados por la omisión del Estado: que se reconozcan las casas quemadas, los cultivos destruidos, las familias destruidas, la vida cotidiana bajo el terror de la violencia, la justicia parcializada.
La declaratoria del Pambilar como Bosque Protector es apenas medio paso. El camino es largo y por nuestro bien es imperativo recorrerlo.
Por Acción Ecológica, correo electrónico: info@accionecologica.org