El 15 de Octubre, el Presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado y cuatro Ministros de Estado emitieron el Decreto 1391 que regulariza la acuacultura industrial del camarón.
El Decreto tiene la contradicción de que, por un lado reconoce la ilegalidad en la que han funcionado miles de hectáreas de piscinas dedicadas a la cría y cultivo del crustáceo, así como la tala de manglar como resultado de las actividades de esta industria. Pero por otro lado esa ilegalidad termina siendo premiada en la medida que da en concesión a la industria camaronera zonas que son Bien Nacional de Uso Público (ver http://www.ccondem.org.ec/imagesFTP/6940.DECRETO_1391_10_2008_1_.pdf ), violando así 56 disposiciones legales que protegen el ecosistema manglar desde la década de los 70.
La medida de “regularizar” acciones ilegales (que en la práctica serán legalizadas) sienta un precedente de inseguridad jurídica en el tema ambiental y en la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los Pueblos Ancestrales de Pescadores y Recolectores Artesanales de la costa ecuatoriana, a quienes se los ha desplazado de manera violenta de su territorio y que han demandado, insistentemente, a los gobiernos de turno, la recuperación de las zonas de ecosistema manglar ocupadas de manera impune por la acuacultura industrial de camarón.
¿Irá el manglar ecuatoriano a manos privadas?
El ecosistema manglar es uno de los cinco ecosistemas más productivos del mundo. Alarmados por su destrucción, en el Registro Oficial No. 722 del 6 de julio de 1987 se declara como bosques protectores a 362.802 hectáreas de tierras cubiertas de manglar, de otras especies forestales y áreas salinas, localizados en 5 sistemas hidrográficos de la costa ecuatoriana.
Un estudio del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) del año 2000 revela que se talaron 254.503 hectáreas que equivalen al 70% del manglar ecuatoriano original. Por otra parte, el III Censo Agropecuario del año 2001 determina que existen 234.359 hectáreas de camaroneras.
La legislación ecuatoriana prohíbe, históricamente, la tala, quema o destrucción de manglares. Sanciona con multas, reposición íntegra del área destruida y hasta con prisión, su destrucción.
Sin embargo, el reciente Decreto 1391, haciendo tabla rasa de la legislación vigente, pretende premiar a los industriales camaroneros que han destruido el manglar y, con ello, despojado a las comunidades locales de su fuente de sustento y vida, consintiendo la reforestación de un porcentaje mínimo de lo destruido y redimiéndolos del pago de multas y de sanciones penales.
El Decreto 1391 viola no solamente Leyes y Códigos, sino principalmente el texto Constitucional, aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre de este año. La nueva Constitución, aplaudida en el ámbito internacional por consagrar un texto constitucional de avanzada, establece una serie de derechos de la Naturaleza, derechos del Agua y derechos de los Pueblos que son violentados por este Decreto.
¿Y si se acaba el manglar?
Los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar viven íntimamente ligados a su ecosistema natural que es su fuente de sustento y vida. Este ecosistema beneficia no solamente a las comunidades locales sino que cumple funciones ecológicas vitales para el planeta. Vale recordar las escenas terroríficas del tsunami de Asia (diciembre de 2006) en donde al talarse la barrera protectora natural y cortina rompevientos, que es el manglar, fueron arrasados poblados enteros y miles de personas murieron o fueron gravemente laceradas, sin mencionar los ingentes daños a los bienes materiales.
El manglar es también un importante desalinizador de las aguas que ingresan al continente, lo que permite la existencia de tierras agrícolas y por tanto la producción de alimentos que, junto con peces, moluscos y crustáceos --resguardados en las raíces aéreas del manglar durante su época de desove y larvaria--, son fuente principal de alimentación de nuestra población.
Nuestra soberanía alimentaria se vería seriamente afectada al privatizar nuestras costas y entregarlas a industriales camaroneros, quienes producen un fabuloso crustáceo de exportación que nutre las mesas de los países del Norte, puesto que el camarón de cultivo no se consume dentro de los países productores: es un bien de exportación.
El ecosistema manglar en pie alimenta a nuestra población, genera honradas plazas de trabajo a las comunidades locales que día a día han visto la reducción de los bancos de conchas, peces, cangrejos, jaibas, etc. Su hábitat natural desaparece a la velocidad del brazo mecánico de una retroexcavadora que en días transforma un rico y frondoso manglar milenario en estanque de camarón.
Los pueblos ancestrales del ecosistema manglar exigen la derogatoria del Decreto 1391 y la sanción a los camaroneros que han usurpado el manglar, hecho que es reconocido por este mismo Decreto, y así lo expresa el Manifiesto de los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar contra la Regularización y Certificación de la Industria del Camarón en Cautiverio.
Por Verónica Yépez, C-CONDEM, correo electrónico: veroy@ccondem.org.ec , www.ccondem.org.ec