Un nuevo informe de Forest Peoples Programme y la Fundación TebTebba exhorta al Banco Mundial a dejar de prestar apoyo a la extracción de petróleo, gas y minerales. El informe 'Extracting Promises: Indigenous Peoples, Extractive Industries and the World Bank' fue compilado como contribución a la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE, o EIR por su sigla en inglés) del Banco Mundial (el informe completo en inglés y los estudios de caso asociados se pueden obtener en http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/Private%20sector/
eir_internat_workshop_synthesis_rep_eng_may03.htm ).
El proceso RIE ha sido criticado por muchos pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales por estar excesivamente controlado por el Banco Mundial. Resta por ver si contribuciones como ésta serán tomadas en serio por la revisión y, si así fuera, si las mismas serán tenidas en cuenta por el propio Banco Mundial. El estudio se apoya en una extensa revisión bibliográfica y análisis jurídico, siete estudios de caso encargados especialmente y realizados por pueblos indígenas sobre sus experiencias con el Banco Mundial y las industrias extractivas, y un taller de dos días en el cual se presentaron y discutieron las distintas contribuciones mencionadas.
El informe destaca que a pesar de avances importantes en las leyes sobre derechos humanos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las políticas del Banco Mundial hacen poca mención a los derechos humanos y el Banco continúa afirmando que su convenio constitutivo le impide abordar temas de derechos humanos. Argumenta que no puede exigir a sus prestatarios o clientes ni siquiera que cumplan con los convenios sobre derechos humanos de los que son parte. Las políticas de "salvaguarda" del Banco sobre pueblos indígenas y reasentamientos involuntarios solo apuntan a mitigar los impactos de programas de desarrollo destructivos. El estudio muestra cómo incluso estas normas débiles son ignoradas sistemáticamente. Una revisión reciente del propio Banco Mundial revela que por lo menos más de la tercera parte de los proyectos del Banco Mundial que producen impactos sobre pueblos indígenas, no han aplicado la política de salvaguarda de ninguna manera. Incluso en los proyectos en los que sí se aplicó esta política, sólo el 14% tenía el "Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas" exigido, y en ese caso solamente en los papeles.
El estudio muestra cómo, al promover el desarrollo nacional a través de la liberalización del comercio, el ajuste estructural y la promoción de la inversión extranjera directa, el Banco Mundial ha aconsejado sistemáticamente a los países que reelaboren sus códigos nacionales de minería para facilitar la actividad minera en gran escala de las compañías extranjeras. Estos códigos de minería revisados han sido aprobados a la fuerza, sin la participación de los pueblos indígenas y sin tomar en cuenta los intereses y derechos de estos pueblos. Los estudios de caso de Colombia y Filipinas muestran cómo los códigos de minería revisados han intensificado la presión sobre las tierras indígenas y han debilitado o anulado las protecciones legales con las que contaban previamente los pueblos indígenas. En Colombia, las reserves de petróleo y gas son explotadas por compañías que no rinden cuentas de sus actividades, disfrutan de impunidad legal al tiempo que violan sistemáticamente las leyes nacionales y aplican medidas gravemente represivas para doblegar la resistencia local. En Ecuador, el Banco Mundial también ha promovido prospecciones mineras a escala nacional, nuevamente sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y sin evaluar las probables consecuencias de una intensificación de la extracción de minerales.
El documento de síntesis y los estudios de caso también analizan la forma en que el Grupo del Banco Mundial, a través de sus diversos brazos (el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional para el Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y la Agencia Multilateral para la Garantía de Inversiones) ha apoyado directamente proyectos de explotación de minas, petróleo y gas sin evaluar adecuadamente sus consecuencias sociales y ambientales y sin tomar en consideración la falta de políticas de gestión y capacidad institucional o reglamentaria de los países o regiones de los proyectos. En el caso del oleoducto Chad-Camerún, el Directorio del Banco Mundial votó seguir adelante con el proyecto, a pesar de que los Bagyeli, habitantes del bosque, y las ONG que los apoyaban habían demostrado claramente los riesgos, e incluso a pesar de que los propios miembros del Directorio admitían que la política de salvaguarda del Banco sobre pueblos indígenas no había sido aplicada adecuadamente. La Corporación Financiera Internacional ha apoyado la minería incluso en países divididos por la guerra, como la República Democrática de Congo, a cargo de compañías con malos antecedentes: proyectos que han sido condenados por las Naciones Unidas.
Los impactos de los emprendimientos de minería facilitados por el Banco han sido graves, no solo en términos de los impactos sociales y ambientales directos producidos por las propias minas o pozos, sino también en función de los derrames de sustancias químicas tóxicas como cianuro y mercurio, la rotura de oleoductos y diques de los estanques de residuos de la mina, y la contaminación a largo plazo a consecuencia del drenaje ácido de las minas. El estudio de caso de Papúa Nueva Guinea revela el apoyo del Banco Mundial al uso de la técnica sumamente polémica de eliminación submarina de desechos -"ojos que no ven, corazón que no siente"-, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para los ecosistemas marinos y las formas de sustento que dependen de ellos. Los funcionarios, asesores y consultores del Banco Mundial que trabajan con compañías mineras en representación de la Corporación Financiera Internacional y los Socios Comerciales para el Desarrollo del Banco Mundial han participado, o han avalado, procesos que han maniobrado el requisito del consentimiento o que han cooptado comunidades para lograr decisiones manipuladas y poco transparentes. En algunos casos, como en Rusia, la participación del Banco Mundial en proyectos específicos puede haber mitigado temporalmente algunos de los peores impactos de la extracción de petróleo, pero, en general, la participación del Banco Mundial en el sector ha intensificado la presión sobre las tierras indígenas, que siguen sin estar aseguradas.
El estudio revela que subyacente a esos problemas existe un proceso defectuoso de toma de decisiones dentro del Banco Mundial, en el cual la presión para otorgar préstamos se impone a otros objetivos y objeciones. Al priorizar a sus clientes directos y a los intereses de las grandes empresas del sector privado, el Banco está ignorando su compromiso con el desarrollo sustentable. La corrupción se tolera a sabiendas y los errores de gestión se pasan por alto sistemáticamente. Se sanciona a los funcionarios que cuestionan los préstamos realizados en esas circunstancias. Actualmente, en nombre de la "eficiencia", la reducción de los "costos de las transacciones" y la "identificación del país con el programa", el Banco está debilitando sistemáticamente sus políticas de salvaguarda, para hacerlas "inmunes" a las demandas presentadas por la sociedad civil ante el Panel de Inspección.
Teniendo en cuenta la debilidad de las salvaguardas del Banco Mundial, su oposición institucionalizada a invocar normas de derechos humanos obligatorias y la forma en que rutinariamente se burla de sus propios procedimientos, el estudio concluye que el Banco no debería participar en el sector de las industrias extractivas.
Además, el estudio recomienda que el Banco Mundial debería revisar radicalmente sus políticas sociales y su política de salvaguarda para los pueblos indígenas. Debería adoptar un enfoque de desarrollo basado en los derechos, reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y el control de sus tierras, territorios y recursos naturales, proscribir la reubicación forzada de pueblos indígenas y sostener el principio de que los proyectos de desarrollo sólo deben implementarse en las áreas de propiedad o uso de los pueblos indígenas con sujeción a su consentimiento informado previo y otorgado libremente. Tales cambios de enfoque deberían aplicarse a todo el Grupo del Banco Mundial; deberían complementarse con nuevos sistemas de rendición de cuentas legalmente obligatorios y deberían estar acompañados de la aceptación de que la promoción del desarrollo a través del sector privado requiere en primer lugar la promoción de la buena gestión, una rendición de cuentas real, mecanismos regulatorios efectivos y una fuerte capacidad institucional.
Por: Forest Peoples Programme, correo electrónico: info@fppwrm.gn.apc.org