Organizaciones españolas llevan más de un año reclamando la cancelación de la certificación de “gestión forestal sostenible” concedida por el FSC a la filial de la empresa de celulosa ENCE (Norfor), sin obtener ningún resultado. En junio de 2005 la “Asociación pola defensa da Ria”, integrante de la Federación Ecologista Gallega (FEG), hizo llegar a la delegación en España del FSC la urgente solicitud de cancelación de la referida certificación (http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/cancelacionNORFOR.pdf) acompañada de un informe crítico de la certificación de Norfor (http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/informeNORFOR.pdf). Solicitaba además que el referido informe fuera enviado al órgano central del FSC y que éste procediera a la revisión de los demás procesos de certificación en el mundo con la posibilidad de excluir al organismo certificador SGS del proceso de certificación.
Debido a la falta de respuesta por parte del FSC y a que consideran que la legitimación de la certificación FSC se debe fundamentalmente a la presencia de grupos ambientalistas en su seno, la Federación Ecologista Gallega resolvió, por decisión de Asamblea del 20 de mayo de este año, retirarse del Grupo de apoyo nacional al FSC en España y solicitar además a los otros grupos ecologistas españoles que adopten la misma medida (ver http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/Solicitud_FEG.html)
La organización manifiesta su preocupación por la expansión alarmante de los monocultivos a gran escala --en especial eucalipto para la fabricación de celulosa para papel--, con sus efectos de degradación de los suelos, acelerada pérdida de biodiversidad y desaparición o “miserización” de comunidades rurales. Identifica, además, que la certificación del FSC constituye “una de las herramientas que las empresas están utilizando para obtener sus autorizaciones y ayudas económicas, además de para reforzar su posición en el mercado”. Frente a eso, la Federación Ecologista Gallega declara que “el apoyo del movimiento ecologista al sello no puede ser un cheque en blanco y tiene sentido en la medida en que detrás de cada certificación hay una gestión forestal de la que razonablemente se puede afirmar que es ‘ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable’, algo que hoy está muy lejos de la realidad”.