Tan sólo un 3% de la densa selva tropical que alguna vez existió en Filipinas está hoy todavía en pie y menos del 1% del bosque se encuentra en estado prístino (ver Boletín 27 del WRM). La Provincia de Aurora, que se localiza entre las montañas de la Sierra Madre y el Océano Pacífico constituye una excepción, puesto que a diferencia del resto del país, mantiene todavía más del 50% de la cobertura forestal original, incluyendo porciones de bosque primario. A lo largo de la costa se extienden 430 hectáreas de manglares. La zona es también el lugar de residencia de los pueblos indígenas Dumagat e Igorot y alberga asimismo algunas especies en peligro de extinción.
A principios de esta década, la empresa camaronera Diapitan Resources Development Corporation (DRDC) comenzó a operar en la zona. Su sistema de producción intensivo -que comprende altas densidades de camarones, piscinas de concreto, bombeo de agua, alimentación en base a pellets, aplicación de pesticidas y uso de cloro- ha generado preocupación entre los residentes de los poblados de Masagana y Maligaya. Ya en setiembre de 1997 éstos habían presentado una queja en relación con el impacto ambiental provocado por las actividades de DRDC, tales como la salinización de los pozos, que constituyen la fuente de agua potable para los poblados cercanos; irritaciones en la piel de los pescadores de los manglares que juntan camarón silvestre cerca de las granjas camaroneras; mortandad y deformación en peces atribuidos a contaminación química; drástica reducción en la pesca cercana a la costa; muerte de los corales debido a la deposición de sedimentos de las piscinas, y alteración del lecho del río, lo que limita el acceso de los botes de los pescadores artesanales y provoca inundaciones en la estación de lluvia.
No obstante, la compañía está planeando expandir sus actividades a la vecina municipalidad de Casiguran. Es éste el tercer lugar en que DRDC ha tratado de instalarse. Su primera opción de expandir el actual sitio en Dilasag tuvo que ser abandonada debido a la fuerte resistencia de los residentes locales, en tanto su segundo intento -esta vez en un área protegida de la Bahía de Casapsapan- no consiguió el permiso del gobierno local. Se ha formado una coalición de ONGs ambientalistas e individuos preocupados por la situación -cuyo nombre es Aurora Support Group- con el objetivo de proteger estos manglares y evitar la expansión de DRDC en la zona.
La producción industrial del camarón no sólo provoca impactos ambientales, sino también impactos sociales negativos. Aunque las camaroneras prometen puestos de trabajo y una mejora en los niveles de vida de las poblaciones locales, ésto raramente sucede. En Filipinas, estudios detallados realizados en las comunidades de Iloilo y Aklan, en la región central del país, han demostrado que los moradores locales no perciben beneficio alguno de esta actividad. A la población local le quedan sólo trabajos mal pagos y no especializados, en tanto los puestos gerenciales y técnicos son desempeñados por gente que viene de afuera, y las ganancias van a los dueños y los accionistas de la compañía. Además, al cortarse los manglares y degradarse los recursos marinos, los pescadores de pequeña escala pierden sus medios de vida.
La legislación nacional reconoce la importancia ecológica, social y económica de los manglares. Su corta está prohibida y, lo que es más, en varias normas se especifica como obligación la existencia de un cinturón verde constituido por manglar a lo largo de los ríos y en el frente costero del mar y del océano. Sin embargo, como en este caso, la realidad es bien diferente de lo establecido en el texto de la ley.
L@s interesad@s en obtener más información sobre este tema, pueden visitar la página web de Industrial Shrimp Action Network.
Fuente: Late Friday News, 50th Ed., 25/11/99.