Filipinas posee una gran variedad de minerales: oro, cobre, níquel, cromita, manganeso, plata y hierro. La extracción minera se incrementó rápidamente luego de ser liberalizada por la Ley Minera de 1995, que otorga a las transnacionales mineras extranjeras plenos derechos sobre los territorios indígenas, como derechos de propiedad, la repatriación de las ganancias y exoneraciones fiscales, violando así los derechos ancestrales sobre la tierra de los pueblos indígenas.
La minería a gran escala que realizan firmas extranjeras se ha vuelto la clave del desarrollo nacional para el gobierno de Filipinas, que ha puesto los dominios ancestrales de los pueblos indígenas cada vez más en peligro de ser invadidos y que ha militarizado los territorios de las comunidades indígenas para forzar el ingreso de proyectos de desarrollo a gran escala.
La militarización ha impactado especialmente a las mujeres indígenas. “Cuando nuestras comunidades son militarizadas para favorecer los intereses mineros, nosotras, mujeres indígenas, no sólo debemos luchar contra el temor y los abusos que conlleva la militarización, sino que también sufrimos la pérdida de nuestros medios de vida. En un ambiente militarizado se nos hace difícil llegar a los campos, debido a la dificultad de desplazamiento, los puestos de control, los toques de queda y abusos de otros tipos. Debido a la influencia de las empresas extranjeras, de los soldados del gobierno y de otros, el papel de la mujer está cambiando rápidamente en las comunidades indígenas, desintegrándose y evolucionando hacia la noción de mujer objeto. Con la militarización aumentan considerablemente y con total impunidad el acoso sexual, el abuso sexual y la violencia sexual. Los militares suelen negar esos problemas, y también los gobiernos nacional y local”.
La militarización de las zonas mineras se intensificó en 2008, con la introducción de la Fuerza de Defensa de la Inversión, constituida por miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas y encargada de proteger los proyectos de extracción contra quienes obstaculizan el “desarrollo”.
En noviembre de 2012, una misión del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos reveló los efectos de la militarización de la región, donde el ejército ha asumido la tarea del cumplimiento de las leyes, han surgido múltiples ejércitos privados ilegales y se han legalizado grupos paramilitares. Todo esto contribuye a que proliferen las violaciones de derechos humanos con total impunidad.
Si bien las operaciones mineras a gran escala tienen consecuencias negativas para quienes viven en las zonas aledañas, el impacto desproporcionado que tienen sobre los indígenas vuelve a éstos más vulnerables a violaciones de derechos humanos de todo tipo, como la apropiación de su tierra y el consiguiente desplazamiento masivo, la destrucción generalizada de bosques y tierras agrícolas, la contaminación de suelos y ríos con productos químicos tóxicos, la desintegración de la sociedad y la cultura indígenas, y la marginación de las mujeres como productoras de alimentos en el marco de la economía de subsistencia.
Los Defensores de los Derechos Humanos de las Mujeres (WHRD) son activistas de los derechos humanos que defienden los derechos de las mujeres. En Filipinas, las mujeres indígenas WHRD están a la cabeza de la lucha contra la minería destructiva en todas las comunidades de Filipinas, y han sido el blanco de actores estatales y no estatales, o de ambos tipos actuando conjuntamente. Las WHRD indígenas tuvieron un papel importante en el caso de la lucha de los habitantes de la provincia de Itogon para evitar la expansión de las minas a cielo abierto de la Corporación Benguet. La organización Salvemos al Pueblo de Apayao, un grupo que se opone a la minería en la región montañosa de Cordillera, tiene fuertes lideresas que resisten la entrada de las compañías mineras Anglo-American, del Reino Unido, y Oxiana Gold, de Australia.
Las visitas de intercambio, los viajes de estudios dentro de una región, en el país y a otros países, la comunicación de información actualizada sobre la minería y las acciones emprendidas por mujeres y demás personas de organizaciones que se ocupan de los mismos temas, han permitido fortalecer a las comunidades locales. De este modo, los grupos han podido dar pronta respuesta a los problemas urgentes que se planteaban, y la combinación de acciones tales como barricadas y manifestaciones desembocó en una moratoria de la minería, como en el caso de las provincias de la región de la Cordillera, y en la postergación de la realización de proyectos mineros.
Artículo basado en: “Mining and Women in Asia: Experiences of women protecting their communities and human rights against corporate mining,” Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD),http://www.apwld.org/pdf/Mining%20with%20cover_opt.pdf; “Defending Ancestral Lands: Indigenous Women Human Rights Defenders In The Philippines”, AWID,http://www.awid.org/eng/News-Analysis/
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