A principios de los años 50, Filipinas todavía tenía cerca de 100.000 km2 de bosques primarios, que se habían reducido a 10.000 km2 en 1988. Los beneficiarios principales de esa destrucción fueron las compañías madereras y los consumidores de madera en el exterior, mientras que el principal promotor fue el propio gobierno, que abrió el bosque al "desarrollo".
Ahora el gobierno está interviniendo otra vez en forma negativa en el sector forestal, aunque en este caso con el pretexto de "plantar bosques". Ha propuesto un plan de "desarrollo industrial de árboles" para los próximos tres años, que implica la asignación de 500.000 hectáreas en "áreas abiertas y boscosas" a compañías privadas nacionales y extranjeras, supuestamente para frenar la dependencia del país de la madera importada. Las regiones a ser cubiertas por los Acuerdos de Manejo Forestal Integrado (IFMA, por su sigla en inglés) para estas inversiones son el valle de Cagayan, las Cordilleras, el norte de Mindanao y Caraga, todas ellas con poblaciones tribales importantes. Sólo en Caraga ya hay cinco empresas que han firmado acuerdos y que invertirían US$ 100 millones para "desarrollar" aproximadamente 111.000 hectáreas en Agusan del Sur, donde ya están operando 13 compañías en el marco de los IFMA.
Este tipo de proyectos de desarrollo sigue un ciclo de despojo y violencia, con costos terribles para la población local. El patrón es siempre el mismo: primero llegan los soldados, siembran el terror para desplazar a los habitantes locales o para desalentar a la oposición, y después se instrumenta el proyecto.
Ese fue el caso de los pobladores Lumad en Agusan del Sur. Lumad es un término Bisayan que significa "nativo" o "indígena". El término ha sido adoptado por 15 de los 18 o más grupos étnicos de Mindanao para distinguirse de los demás pobladores mindanaos, moros o cristianos. Actualmente los Lumads de Mindanao son 2,1 millones del total de 6,5 millones de indígenas a nivel nacional. El Centro de Derechos Legales y Recursos Naturales (LRC, por su sigla en inglés) denunció que un poblado completo de Banwaon fue obligado a dejar sus tierras y hogares en el mismo momento en que el gobierno anunciaba orgullosamente los proyectos. El 22 de julio los soldados revisaron cada casa en Tabon-tabon, barangay Mahagsay, buscando a un guerrillero del NPA, pero en su lugar encontraron a Juan Flores, un maestro de la escuela-misión del grupo Religiosos del Buen Pastor en Kimambukagyang. Aunque Flores afirmó su inocencia, los militares lo torturaron y lo interrogaron durante horas, hasta que al final, al no encontrar evidencias, lo liberaron.
Pero Flores no fue la única víctima. El 21 de julio, también en San Luis, los soldados torturaron a Lolong Badbaran y Eddie Badbaran, ambos cortadores de caña (ratón) en Banwaon. También detuvieron a Dino Rueda, un conductor de motocicleta, y a Linda Loyola, una mujer de 60 años, que habían presenciado la tortura de los Badbaran. Los cuatro fueron atados a los postes de una choza y no fueron liberados hasta el día siguiente. "El gobierno sabe que el pueblo de Banwaon se opondrá con fuerza a la pérdida de más tierras tribales," afirmó Otto Precioso, un líder de Banwaon. "Por eso están aterrorizando a las comunidades."
Lo que está sucediendo en San Luis no es diferente de lo que le ha sucedido a la tribu Ata-Manobo en Talaingod, Davao del Norte, donde miles de hectáreas de tierras ancestrales fueron expropiadas por la compañía de madera contrachapada C. Alcantara & Sons, para convertirlas en plantaciones de árboles en el marco de un IFMA. Cuando los Lumads decidieron enfrentar el hecho, incluso declarando una pangayaw (guerra de venganza) en 1994 después de que cientos de Ata-Manobo fueron obligados a evacuar esa ciudad debido a la militarización), el gobierno decidió reforzar sus tropas en Talaingod, convirtiendo a los soldados en verdaderos guardias de seguridad de la compañía. El terror en Talaingod continúa hasta el día de hoy.
Joel Virador, secretario-general de Karapatan en Mindanao del Sur, afirmó la semana pasada que las nuevas plantaciones de los IFMA conducirían a los mismos abusos que se sufrieron en Talaingod y en todos los demás lugares. "Estamos seguros de eso porque ha sido nuestra triste historia que cada vez que se instrumentan determinados intereses económicos en Mindanao, son precedidos por fuertes despliegues militares y en consecuencia, de abusos contra la población", afirmó. "La tortura de ciudadanos es parte de la política del gobierno para reprimir la resistencia contra los proyectos antipopulares", añadió.
Artículo basado en información obtenida de:
"Government continues its war against Lumads", Carlos H. Conde, MindaNews;
"Population pressure, poverty, and deforestation: Philippines case study", María Concepción J. Cruz, Global Environment;
"Lumad in Mindanao", Faina Ulindang;